En 2007, José abel almengor escribió un libro defendiendo los ‘pinchazos’

Rojas negó pruebas a la defensa de Gómez

La Procuraduría de la Administración nunca llamó a declarar a José Almengor, Elvia Batista, Luis Mario Carrasco y Rigoberto González.

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SANCIÓN. Gómez fue suspendida del cargo el 5 de febrero. El 7 de julio irá a audiencia. SANCIÓN. Gómez fue suspendida del cargo el 5 de febrero. El 7 de julio irá a audiencia.
SANCIÓN. Gómez fue suspendida del cargo el 5 de febrero. El 7 de julio irá a audiencia.

Cuatro días antes (solo dos de ellos, hábiles) de enviar una vista fiscal a la Corte en la que solicita llamamiento a juicio para Ana Matilde Gómez, la Procuraduría de la Administración negó cinco de las ocho pruebas solicitadas por la defensa de la suspendida funcionaria.

El viernes 28 de mayo, el secretario general de la Procuraduría de la Administración, Nelson Rojas, actuando como procurador encargado, no admitió la solicitud para tomar declaración a los magistrados José Abel Almengor, de la Sala Penal, y Elvia Batista y Luis Mario Carrasco, del Segundo Tribunal Superior de Justicia.

También se negó a llamar a Rigoberto González, ex secretario general del Ministerio Público (MP), a pesar de que dos testigos convocados por el querellante Arquimedes Sáez (el ex procurador José Antonio Sossa y el ex secretario general José María Castillo) hicieron “señalamientos directos en su contra”, como el propio Rojas reconoció en un escrito.

El testimonio de Batista y Carrasco fue pedido por la defensa, ya que ambos validaron las interceptaciones telefónicas ordenadas en un operativo encubierto a Sáez cuando era fiscal de La Chorrera, en 2005.

Gracias a ese operativo, Sáez fue sorprendido recibiendo un dinero (supuestamente, una coima). Está libre bajo fianza y acusado del delito de concusión (obtener un beneficio por un acto propio de sus funciones). Su juicio está programado para el próximo martes, en un juzgado en San Miguelito.

Sobre Almengor, Gómez solicitó su declaración ya que, cuando fue fiscal de Droga, recurrió a la interceptación telefónica, como herramienta para perseguir delitos de narcotráfico.

El testimonio de Almengor era de particular interés para la defensa de Gómez, ya que el hoy magistrado escribió un libro en 2007, cuando era fiscal, en el que reconoce que con las reformas constitucionales de 2004, se creó un “vacío jurídico” en materia de “pinchazos”.

En el libro titulado La técnica de investigación de interceptaciones telefónicas, Almengor cita que con las reformas de 2004 se determinó que las escuchas telefónicas deben ser avaladas por una “autoridad judicial”. No obstante, él mismo señala que el término de autoridad judicial lo pueden “asimilar” tanto funcionarios “del poder judicial como del MP”.

Actualmente, la facultad de interceptar llamadas la maneja la Sala Penal de la Corte –a la que pertenece Almengor–, siempre que sea solicitado por el Ministerio Público, las fiscalías de Droga o las fiscalías de mando y jurisdicción.

No obstante, el artículo 26 de la Ley de Drogas (Ley 23 de 1986, modificada por la Ley 13 de 1994), señala que el Procurador General de la Nación podrá “autorizar” la grabación de conversaciones telefónicas, cuando haya indicio de la comisión de un delito grave. Esta norma, según certificó la Procuraduría de la Administración, está “vigente”.

‘A ella la van a condenar, aunque no sea culpable’“No quiero perder el tiempo haciendo análisis jurídicos, porque ese es un tema político”.

Así opinó Mario Galindo, consultado sobre la solicitud de llamamiento a juicio a Ana Matilde Gómez. Abogado, ex ministro de Hacienda, fundador del partido Molirena y miembro de la comisión revisora de la Constitución Política en 1983, Galindo consideró que Gómez será finalmente llamada a juicio y condenada.

“A ella la van a condenar, aunque no sea culpable de nada. En mi opinión, no hay posibilidad de que ella regrese a ese puesto, y para eso la tienen que condenar”, recalcó. Aunque el delito de abuso de autoridad que se le endilga a Gómez conlleva una sanción de 6 a 18 meses de prisión, Galindo anticipó que la funcionaria no irá a la cárcel.

“No soy brujo ni pronosticador, pero no la van a hacer pagar pena de prisión. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque no la quieren convertir en mártir”, enfatizó.

También pronosticó que el fallo condenatorio será dividido: cinco votos a favor y cuatro salvamentos, como ya ocurrió cuando el pleno se reunió para decidir la suspensión provisional de Gómez.

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