JUSTICIA.MODIFICACIONES AL CÓDIGO PENAL.

Termina lectura de artículos de proyecto

Alianza Ciudadana Pro Justicia denunció la rebaja de penas para quienes envenenen sustancias.

El Ministerio Público solicitó un mejor tratamiento de los delitos contra el patrimonio estatal.

OPINIÓN. La Procuradora y su equipo participaron activamente en el debate. OPINIÓN. La Procuradora y su equipo participaron activamente en el debate.
OPINIÓN. La Procuradora y su equipo participaron activamente en el debate.

Tras culminar ayer la discusión del articulado del proyecto del Código Penal, la Comisión de Gobierno de la Asamblea entrará hoy a analizar las propuestas que han presentado diversas organizaciones públicas y privadas, durante las dos últimas semanas.

El presidente la Comisión de Gobierno, el diputado Raúl Rodríguez, explicó que se ha preparado un paquete de modificaciones que será discutido por los miembros de la comisión. "Se hará un análisis exhaustivo", añadió el diputado del Partido Revolucionario Democrático.

Durante la sesión de ayer, se abarcaron entre otros los delitos contra los medios de transporte, contra la salud pública, posesión y tráfico de armas, así como los delitos contra la administración pública, tema que motivó la presencia de la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez.

Las continuas objeciones de los representantes del Ministerio Público (MP) a los artículos en discusión, provocaron reacciones negativas de los miembros de la comisión codificadora presentes en el debate y la consecuente queja de Gómez.

La Procuradora alegó que, en su momento, "los codificadores no aceptaron la propuesta del MP [...] por eso queremos ilustrar y aportar con nuestra experiencia y conocimiento a los diputados, quienes son los que deben tomar la decisión".

Salud y envenenamiento

La directora ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo, criticó duramente la rebaja de pena que establece el proyecto para quienes alteren, contaminen o envenenen agua potable, medicinas u otras sustancias destinadas al uso público.

Castillo recordó la reciente tragedia ocurrida por contaminación de medicamentos producidos en la Caja de Seguro Social, y comentó que la propuesta reduciría de forma importante la sanción de los responsables de lo sucedido.

La reforma propuesta por los codificadores establece que la pena en estos casos sería de tres a seis años; mientras que el Código Penal vigente establece que la pena va de tres a 10 años. "Es bárbara la reducción", sostuvo Castillo.

La activista de la sociedad civil también denunció que la propuesta elimina un párrafo actualmente vigente que también sanciona a quienes falsifiquen o alteren documentación relacionada con medicamentos u otros artículos de consumo humano.

Para Castillo esta eliminación podría hacer que la tragedia de los envenenados quede en la impunidad.

Al respecto, el diputado panameñista José Blandón denunció que el asesor de la Asamblea y codificador José Acevedo fue abogado de Medicom, empresa acusada de alterar las fechas de caducidad de los medicamentos que causaron la muerte de más de 51 personas.

En su defensa, Acevedo explicó que la eliminación del párrafo en cuestión tenía como intención unificar los temas de falsedad para "que no quedaran dispersos". Acevedo agregó que dejó de ser abogado de la citada empresa hace cuatro meses.

Tanto Castillo como Gómez rechazaron las explicaciones del codificador, alegando que el caso de una falsificación que implique un daño a la salud pública, no puede tener el mismo tratamiento que otro tipo de falsificación documental.

El patrimonio público

El tratamiento que hace el proyecto en relación a los delitos contra la administración pública también fue objeto de críticas por representantes del MP y de la Alianza Pro Justicia.

La fiscal anticorrupción, Mercedes de León, explicó la necesidad de que el código incluya la amplia gama de formas en que los funcionarios se apropian de los fondos públicos. "Hasta ahora no hay un funcionario sancionado", sostuvo.

Entre los temas que fueron calificados como mal tratados por los codificadores, está el del enriquecimiento injustificado.

En esta materia, el MP presentó una serie de modificaciones al proyecto que permitirían adaptar la legislación panameña a los compromisos internacionales en la lucha contra la corrupción.

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