TRANSPARENCIA. EL Ministro benjamín colamarco nunca comunicó que la concesión del Miramar no está vigente.

Torrijos calla y AMP defiende

El Presidente ha evitado opinar sobre el acuerdo privado entre el MOP y el hotel Miramar, que obtuvo espacio para 300 estacionamientos en la cinta costera, en compensación por una concesión que, legalmente, no existe: el contrato venció en 2003 y la Contraloría no ha refrendado su permanencia.

“Ten la seguridad de que yo hubiera tomado la misma decisión”, dijo Balbina Herrera, cuya campaña se ha beneficiado con donaciones de Herman Bern. Actualmente, Miramar Development Corporation paga cuatro centavos por metro cuadrado; el contrato sin refrendar elevaría el canon a seis centavos el metro cuadrado.

Actualmente, Miramar paga 966.22 dólares, a razón de cuatro centavos por metro cuadrado. El contrato sin refrendar fija el nuevo canon en seis centavos el metro cuadrado. “Ten la seguridad que yo hubiera tomado la misma decisión”, dijo Balbina Herrera.

RELLENOS. El Miramar quedará en el corazón de la cinta costera. La millonaria obra ya está avanzada en más de un 25%. RELLENOS. El Miramar quedará en el corazón de la cinta costera. La millonaria obra ya está avanzada en más de un 25%.
RELLENOS. El Miramar quedará en el corazón de la cinta costera. La millonaria obra ya está avanzada en más de un 25%.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) salió ayer en defensa de Miramar Development Corporation, mientras el presidente, Martín Torrijos, prefirió guardar silencio.

La sociedad, propietaria del hotel Miramar Intercontinental, tiene un contrato de concesión con el Estado, pero este venció en 2003.

El administrador de la AMP, Fernando Solórzano, dijo que aunque Miramar tiene que “legalizarse”, eso no implica que está en “condición de incumplimiento o desacato”.

“El hotel Miramar hizo su solicitud [de prórroga del contrato] a tiempo. No se le otorgó la concesión, porque hubo una recomendación de la Contraloría para que se esperara a que se definiera el tema de la cinta costera. Por eso el contrato no se cerró”, dijo Solórzano.

Herman Bern -presidente de Miramar- reclamó al Ministerio de Obras Públicas (MOP) por la “afectación” que la cinta costera tendría sobre su concesión. El ministro Benjamín Colamarco respondió dando a Miramar un área de casi una hectárea junto al hotel, para 300 estacionamientos bajo tierra. (Ver foto).

Colamarco, un férreo defensor de este acuerdo privado, nunca reveló que pactó con Miramar pese a que el hotel tenía la concesión vencida desde hace tres años. Ayer, el ministro no atendió su celular para hablar del tema.

“Esto deja en evidencia que los asesores legales de dicho ministerio no cumplieron con su labor. Ellos debían verificar la situación legal de las concesiones que se verían afectadas con la obra y es obvio que no lo hicieron”, opinó Angélica Maytín, directora ejecutiva de Transparencia Internacional (Panamá).

“Ahora que se conoce esta grave situación, no creo que Colamarco pueda seguir justificando el precitado pacto, que no tiene justificación legal”, remarcó.

Lo que piensa el Presidente de la actuación de sus subordinados es un misterio: desde hace dos semanas, La Prensa intenta -a través de la Secretaría de Prensa- conocer su opinión, sin éxito.

¿Una bicoca?

La AMP indicó que Miramar Development Corporation ha pagado puntualmente por su “derecho de concesión”, pese a la actual “situación” legal.

Originalmente, Miramar pagó 488 dólares mensuales (dos centavos por metro cuadrado) por 2.4 hectáreas. A razón de los ajustes de 5% anual, la sociedad paga actualmente 966.22 dólares mensuales (cuatro centavos por metro cuadrado), informó el director de Asesoría Jurídica de la AMP, Augusto De León.

El contrato que la Contraloría no refrenda fija el nuevo canon en seis centavos el metro cuadrado. No faltan los que dicen que esa cifra es desfavorable para las arcas estatales.

“Todo este tema de la cinta costera debió servir para que el Estado revisara esas dos concesiones -la del Miramar y la del Club de Yates y Pesca-, y no como ha sucedido, que el Estado ha terminando cediendo todavía más”, opinó el diputado panameñista José Blandón.

“El Estado ha negociado como si estuviera en desventaja, cuando es todo lo contrario”, agregó. De hecho, hay cláusulas en el contrato con el Miramar que permiten rescindir la concesión. (Ver recuadro).

Ricardo Martinelli -presidente del opositor Cambio Democrático- fue más suspicaz. “Ya veo por qué alguien que no ha estado en política nunca, está apoyando a la candidata del PRD”, dijo, en referencia a las preferencias electorales de Herman Bern, quien financia parte de la campaña de Balbina Herrera, aspirante a la Presidencia por el partido oficialista y defensora del acuerdo de Colamarco con Miramar.

“Ten la seguridad de que yo hubiera tomado la misma decisión. Sea cual sea, la decisión había que tomarla. El Estado hacía el proyecto o se iba a los trámites legales”, dijo Balbina Herrera. Eso es exactamente lo que Bern le comunicó una vez a Colamarco: que si las “afectaciones” al hotel no se incorporaban al pliego de cargos, llevaría el tema “a la vía judicial”.

“La gente, cuando quiere afectar un proyecto, se va a la Corte y ahí duerme el sueño eterno”, agregó Herrera. “De ganar la Presidencia, respetaría la seguridad jurídica de todas las inversiones”, remató.

Lo que dice la precandidata -y presidenta del PRD- no es necesariamente compartido por todos sus copartidarios.

“Ese edificio no se ha debido construir allí. Para comenzar. Ahora solo queda renegociar de manera favorable para el Estado”, dijo Laurentino Cortizo, rival de Herrera en las internas del PRD.

Se intentó conocer la opinión del alcalde Juan Carlos Navarro -quien también disputa la candidatura presidencial del PRD-, pero éste no atendió los requerimientos de La Prensa.

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