COMITÉ DE FAMILIARES CONFIRMA MUERTE NÚMERO 166, MIENTRAS ESPAÑA CIERRA SUMARIAS

Tóxico suma más víctimas

La Sala Penal de la Audiencia Nacional española debe decidir ‘en los próximos días’ las apelaciones de Panamá y de los afectados.

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ANTECEDENTE. Alejandro Sanvicente (primer plano) y Gabriel Pascual (a su lado) informaron de la demanda contra Rasfer en 2007. LA PRENSA ANTECEDENTE. Alejandro Sanvicente (primer plano) y Gabriel Pascual (a su lado) informaron de la demanda contra Rasfer en 2007. LA PRENSA
ANTECEDENTE. Alejandro Sanvicente (primer plano) y Gabriel Pascual (a su lado) informaron de la demanda contra Rasfer en 2007. LA PRENSA

Mientras la Audiencia Nacional española ordenó el archivo de las sumarias contra la empresa Rasfer Internacional, que envió a Panamá el dietilene glycol usado en la elaboración de medicamentos de la Caja de Seguro Social (CSS), y el Órgano Judicial panameño no falla sobre el fondo del caso, las víctimas siguen muriendo, y ya van 166.

La víctima 166 por la ingesta del tóxico era un hombre de 60 años. Murió el pasado viernes tras estar una semana hospitalizado en el Complejo de la CSS.

Su nombre no fue difundido por decisión de la familia, pero según Gabriel Pascual, presidente del Comité por el Derecho a la Salud y a la Vida, estaba entre las mil 400 personas que esperan a que los peritos de Medicina Legal digan si fueron o no afectados por el consumo de las medicinas envenenadas. Ayer fue su funeral en La Chorrera.

En tanto, el fiscal auxiliar, Dimas Guevara, quien llevó las investigaciones desde su comienzo, confirmó que luego de que las sumarias fueran enviadas a la Sala Penal de la Corte Suprema el 20 de diciembre pasado –más de cuatro años después de conocido el primer intoxicado–, aún no hay una decisión judicial sobre el caso.

La Sala Penal se inhibió en mayo pasado, tras comprobar que ninguno de los 23 acusados tiene mando y jurisdicción nacional.

Las sumarias pasaron al Segundo Tribunal Superior, que decidió a finales de mayo designar a la magistrada Elvia Batista como ponente. Pero Guevara explicó que la decisión del tribunal puede implicar que el expediente, de 356 tomos, regrese a una fiscalía.

Las pesquisas arrancaron en enero de 2007 y en julio de 2008 la entonces procuradora, Ana Matilde Gómez, envió la vista fiscal a la Corte, que, sin embargo, devolvió el expediente al Ministerio Público (MP) en julio de 2009 y pidió ampliar 14 puntos.

La ampliación fue terminada en 2010, y el 20 de diciembre de ese mismo año el entonces procurador Giuseppe Bonissi mandó la segunda vista fiscal a la Corte.

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