DERECHOS HUMANOS.EL DEFENSOR DEL PUEBLO DICE QUE NO LE TEME AL PASADO.

Vargas promete independencia

La querella contra Vargas se dio en octubre de 2006 tras la detención y deporta- ción de una indocumentada. El nuevo Defensor evalúa si mantiene como adjunta a Mónica Pérez, quien ejerció la defensoría por un año.

ESCOLTADO. Carlos Smith, secretario de la Asamblea (adelante), y Rogelio Paredes (presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea), acompañaron al Defensor a su oficina. ESCOLTADO. Carlos Smith, secretario de la Asamblea (adelante), y Rogelio Paredes (presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea), acompañaron al Defensor a su oficina.
ESCOLTADO. Carlos Smith, secretario de la Asamblea (adelante), y Rogelio Paredes (presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea), acompañaron al Defensor a su oficina.

En medio de denuncias por supuestas violaciones a los derechos humanos, el abogado Ricardo Julio Vargas, de 40 años, hasta hace poco director de Migración y Naturalización, asumió ayer como nuevo defensor del Pueblo, en reemplazo de su colega Liborio García, quien fue destituido.

Vargas, quien también ejerció hace un año como defensor adjunto durante la gestión del titular Juan Antonio Tejada, rechazó que hubiera lesionado los derechos humanos de ciudadano alguno y aseguró que su conducta como funcionario de Migración "siempre se enmarcó dentro de los parámetros legales y la Constitución".

Una denuncia

Se trata de una querella criminal planteada contra Vargas y su director de Investigación, Olmedo Herazo, ante la Fiscalía Primera Anticorrupción por el abogado Dagoberto Franco, el 17 de octubre de 2006, y de la cual ayer se hizo eco el dirigente panameñista Luis Eduardo Camacho, quien la presentó al presidente de la Asamblea Nacional, Elías A. Castillo.

La querella surgió tras la detención que sufrió, durante siete meses, la ciudadana china Xinhao Pan en las celdas de Migración, debido a su condición de indocumentada. Esto, según Franco, la llevó en dos ocasiones a atentar contra su vida. El caso terminó con la deportación de Xinhao Pan, hacia su China natal, y el archivo del expediente.

El abogado Franco sostuvo que no se le permitió una defensa justa, a más de que le violaron sus derechos humanos.

Para el panameñista Camacho, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea actuó de forma negligente, tanto en la elección de Vargas como en la anterior de García, lo cual ha afectado la imagen de este órgano del Estado. Acto seguido, le solicitó al presidente Castilllo ordenar una revisión de lo actuado en la Comisión de Derechos Humanos y en el pleno para que se tomen las medidas que el caso amerite.

Evalúan a Pérez

Abordado sobre su próxima misión, Vargas prometió acometer una agenda intensa que no solo incluye los temas tradicionales, sino que hace énfasis en la salud, la educación, la energía y y el ambiente.

También afirmó que actuará según su conciencia y con plena independencia, y que sus críticas (al Ejecutivo), serán firmes y objetivas en el momento oportuno, aunque advirtió que la Defensoría debe ser el puente entre gobierno y la sociedad.

Durante su entronización habló de su equipo de trabajo. Miró a la defensora interina Mónica Pérez y respondió que esta semana hará sus ajustes y evaluaciones para conocer con qué personal podrá contar para emprender su agenda, lo que dependerá de la mística e identificación que tenga con los derechos humanos.

Pérez era la defensora adjunta del abogado García y aún se desconoce si Vargas la mantendrá en el cargo o prescindirá de sus servicios. Durante el año que asumió la interinidad, Pérez debió luchar para limpiar la cara de la institución y devolverle la credibilidad, tras el escándalo de García.

El diputado Rogelio Paredes, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, quien acompañó a Vargas hasta la Defensoría, aclaró que este completará el tiempo que resta al período del ex defensor García, hasta marzo de 2011.

La Defensoría del Pueblo fue creada mediante la Ley 7 de 5 de febrero de 1997 y tiene dos objetivos fundamentales: control no jurisdiccional de la administración pública y defensa de los derechos humanos frente al Estado.

La Defensoría, con su sede principal en Calle 50, tiene un total de 140 funcionarios y el salario del defensor es de 7 mil dólares al mes.

El primer defensor del Pueblo fue Ítalo Antinori, y el segundo fue Juan Antonio Tejada (2007). En tanto, Liborio García fue elegido el año pasado y luego defenestrado.

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