Sin avances en el caso dietilene glycol

En la vista fiscal del caso, la Procuradora de la Nación pidió el sobreseimiento provisional de la causa contra René Luciani, y juicio para Pablo Solís.

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Ángel De la Cruz está preso en Tinajitas. LA PRENSA/Archivo Ángel De la Cruz está preso en Tinajitas. LA PRENSA/Archivo

Ángel De la Cruz está preso en Tinajitas. LA PRENSA/Archivo

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Los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no han tomado una decisión todavía respecto al caso de los envenenamientos masivos con dietilene glycol, a pesar de que desde diciembre pasado circula un proyecto de sentencia, suscrito por la magistrada ponente del caso, Esmeralda Arosemena de Troitiño.

La propia magistrada Troitiño declaró la semana pasada que el proyecto está en manos de sus colegas Aníbal Salas y Winston Spadafora, este último en reemplazo del también magistrado Jerónimo Mejía, quien se declaró impedido.

Lo que corresponde resolver a los magistrados de la Sala Penal es un incidente de controversia presentado a comienzos de 2008 por la defensa del director de la Caja de Seguro Social, René Luciani, en el cual se advertía que ya había concluido el término para la instrucción de las sumarias –que comenzaron en 2006–, así como las respectivas prórrogas solicitadas en su momento por la Fiscalía Superior Especial del Ministerio Público.

Al admitir dicho incidente de controversia, la magistrada Troitiño pidió al Ministerio Público el expediente del caso –que consta de 214 tomos principales y de 649 anexos–, y a finales de julio de 2008 la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, envió su vista fiscal.

En el documento, Gómez pidió a los magistrados declarar el sobreseimiento provisional en el caso de Luciani; encausar al ex director de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud, Pablo Solís; y remitir a otras instancias judiciales los casos de los restantes 15 imputados en el caso.

Para ello, el Ministerio Público acreditó la presencia del tóxico en los envases de glicerina comprados por el Seguro Social a la empresa Medicom y comprobó la alteración de los documentos usados en esa negociación.

Asimismo, concluyó que la glicerina entregada a la Caja incumplía con los requisitos para la fabricación de medicinas, y que la Dirección de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud y el Laboratorio de Producción del Seguro Social incumplieron con su obligación de analizar la materia prima y los medicamentos.

Tras el acopio de más de 90 mil folios, que ameritaron la revisión de 803 denuncias y la realización de unas 100 diligencias judiciales, el Ministerio Público acreditó la muerte de 124 personas –cifra que se elevó a 129 tras el deceso de otras cinco víctimas–, y la afectación directa de por lo menos otras 59 personas.

Al mismo tiempo, de las 23 personas investigadas inicialmente imputó a 17 (ver tabla), de las cuales solo una está detenida.

Se trata de Ángel De la Cruz, dueño de Medicom, la empresa acusada de importar a Panamá un lote de glicerina que, sin embargo, resultó ser el dietilene glycol usado para la elaboración de medicamentos que, a la postre, fueron distribuidos entre un número indeterminado de panameños. Las autoridades reconocen que se distribuyeron al menos 100 mil recetas en todo el país.

Según cifras del Comité por la Defensa a la Salud y a la Vida, el número de muertos por el consumo del tóxico pasa de 700 personas, y otras 300 sufren las consecuencias de la ingesta.

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