‘INTERÉS SOCIAL’. Sorpresa en nueva ley de medidas de apoyo al consumidor.

Otro coctel de ‘camarones’

Con el cuento de rebajar impuestos, los diputados legitimaron los cambios de suelo en las áreas revertidas.

La propuesta recoge el contenido de una Ley de 2007, que está demandada por inconstitucional.

JUGADA. Lunes 26 de mayo, segundo debate: los diputados se enteran que hay un nuevo artículo en la ley de apoyo al consumidor. Esto no fue aprobado por la Comisión de Hacienda en primer debate. JUGADA. Lunes 26 de mayo, segundo debate: los diputados se enteran que hay un nuevo artículo en la ley de apoyo al consumidor. Esto no fue aprobado por la Comisión de Hacienda en primer debate.
JUGADA. Lunes 26 de mayo, segundo debate: los diputados se enteran que hay un nuevo artículo en la ley de apoyo al consumidor. Esto no fue aprobado por la Comisión de Hacienda en primer debate.

"Cuando pensamos que ya hemos visto lo peor del Órgano Legislativo, ellos siempre consiguen sorprendernos".

Así escribió la arquitecta Raisa Banfield, de la ambientalista Alianza Pro Ciudad, en un correo electrónico que envió, la noche del pasado lunes 26 de mayo, a otros integrantes de ese grupo y a organizaciones ambientales.

Se acababa de enterar, gracias al diputado panameñista José Blandón, que la Asamblea, con el cuento de rebajar impuestos a los asalariados, introdujo –en el proyecto de Ley No. 410, "de medidas de apoyo al consumidor"– un artículo que permite al Ministerio de Vivienda (Mivi) cambiar los ordenamientos territoriales de las áreas revertidas, por medio de simples resoluciones. Además, legaliza todo lo actuado en esta materia, desde julio de 1997.

Para los ambientalistas, el tema es de vieja data.

Este mismo artículo ya está contenido en otra ley, la No. 12 de 2007, que fue demandada por el diputado opositor Leopoldo Benedetti, enemigo de la planta de clinker que Parque Industrial Marítimo (Pimsa) pretende instalar en Rodman.

Lo nuevo ahora es que, en el proyecto 410, el artículo tiene el agregado de "interés social". Con la introducción de este concepto, la ley sí puede tener efectos retroactivos.

En los corrillos legislativos, está acción –esconder dentro de un proyecto de ley un artículo que nada tiene que ver con él– se denomina "camarón". Esta vez –dicen–, servido por el perredista Raúl Rodríguez.

Blandón y muchos de sus colegas degustaron por primera vez la receta de Rodríguez, en la sesión del lunes pasado, cuando este era discutido en segundo debate. El proyecto originalmente aprobado por la Comisión de Hacienda, no incluía el artículo de marras.

Para intentar detener este "nuevo exabrupto", Banfield y varios residentes de las áreas revertidas –organizados en una Asociación que encabeza Carlos Varela– se presentaron al pleno al día siguiente, martes 27, para, desde las gradas, presionar para que el proyecto de ley no fueron aprobado.

Les fue bien y les fue mal. Bien, porque llamaron la atención de los medios de comunicación y hasta de uno que otro diputado de oposición. Mal, porque la aplanadora oficialista, de todos modos, aprobó el documento, el miércoles 28.

Ahí mismo, los moradores anunciaron que irían a la Corte, si el documento es sancionado por el presidente Martín Torrijos. La misma Corte que, por cierto, aún no se pronuncia sobre la constitucionalidad o no de la Ley 12 de 2007, que, –como no– aprobó Torrijos.

Pero para que esa futura demanda no represente una amenaza, la Comisión de Asuntos del Canal se tomó el trabajo de redactar y aprobar –rauda y veloz– un proyecto que recoge en buena medida el contenido de la Ley de 2007.

Con esta última medida –rubricada el martes, mientras el pleno discutía el proyecto 410–, la Comisión incluso se eximió de asuntos que son de su competencia, ya que el Mivi podrá cambiar unilateralmente los usos de suelo en las áreas revertidas, sin necesidad de consultar con la Comisión de Asuntos del Canal, como originalmente dicta la Ley 21 de 1997 que recoge el Plan de uso de suelos de la región interoceánica. Así, la Comisión quedó reducida a un ente inútil que puede ser suplantado por el ministro de Vivienda.

El nuevo proyecto de ley fue firmado por cinco de los siete miembros de la Comisión: los perredistas Tomás G. Altamirano Mantovani –que la preside–, Miguel Alemán y Patricio Montexuma, y los de la bancada de oposición Marylín Vallarino y Arturo Araúz. El resto –Denis Arce (PRD) y Luis Carlos Cleghorn (Panameñista)– no firmaron el documento.

Ahora el temor de los residentes de las áreas revertidas es amanecer un día con un megaproyecto (residencial o industrial) instalado en el barrio. Según Carlos Varela, en la mira de la comunidad, hay cinco: la cementera de Pimsa; las urbanizaciones de Inmobiliaria P&P en Clayton, y los edificios Albrook Pines.

De ninguno de ellos puede decirse que tenga "interés social". "¿A quién se le ocurre que el cambio de uso de suelo para un proyecto particular de viviendas para millonarios extranjeros, puede considerarse de interés social?", se preguntó Varela.

(Vea Historias de ‘golazos’ legislativos)

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