Entrevista. Martínez asegura que Solidaridad es un partido en proceso de transformación.

‘No hubo consulta sino propaganda’

El diputado opositor asegura que el Gobierno manejó mal –metodológica y técnicamente– las reformas.

Martínez considera que la única salida a la crisis que vive el país es establecer un diálogo sin precondiciones.

SEÑALAMIENTO. El diputado de Solidaridad critica el papel de subordinación de la Asamblea. SEÑALAMIENTO. El diputado de Solidaridad critica el papel de subordinación de la Asamblea.
SEÑALAMIENTO. El diputado de Solidaridad critica el papel de subordinación de la Asamblea.

El economista Abraham Martínez llegó a la Asamblea Nacional de la mano del opositor partido Solidaridad, del que es uno de sus miembros fundadores.

Como parte de la Comisión de Trabajo de la Asamblea, Martínez tuvo un destacado papel como crítico al proyecto que reformó la ley orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS).

¿Cómo califica lo sucedido?

- Hubo un mal manejo desde el punto de vista metodológico y técnico. El Gobierno tuvo mil formas de hacer las cosas bien, pero escogió la única opción para hacerla mal. Y ese error trajo como consecuencia rechazo y frustración.

- Y la nueva ley... ¿llenó las expectativas?

- Después de tanto secretismo, yo imaginaba una propuesta más profesional... sin embargo, el proyecto se presentó fragmentado y sin lógica en su redacción.

- ¿Pero resuelve el problema de la Caja?

- Los problemas administrativos y los relacionados con la prestación de los servicios de salud no se resuelven... en cambio, se crea uno nuevo al centralizar un enorme poder sobre el director general. También le quita autonomía a la institución, al trasladar la aprobación del presupuesto al Consejo Económico Nacional (CENA).

- A su juicio, ¿hubo consultas?

- Lamentablemente se confundió el concepto de propaganda y publicidad, con consulta. Lo que se hizo fue publicitar el déficit y los problemas actuariales.

- Entonces, ¿no hubo una verdadera consulta?

- No. La consulta debió darse con el borrador del proyecto, antes de que este fuera llevado a la Asamblea.

- Y ahora, ¿cómo se debería enfrentar la crisis?

- No hay otro camino que el diálogo sin condiciones previas. El Gobierno tiene la responsabilidad de mantener, garantizar y preservar la estabilidad de la sociedad. El papel de la oposición es evitar el abuso del poder e indirectamente generar inestabilidad, pero eso es parte de las fuerzas de los contrarios. No se trata de una conspiración.

- ¿Está contenta la oposición?

- El Gobierno pasado fue uno de los más desastrosos de la vida republicana... tan corruptos que cambiaron el nombre a Panameñista para intentar esconder el pasado. Definitivamente ellos están apostando a que el Gobierno sea igual o peor, sin importarles que el pueblo pierda.

- ¿Y Solidaridad?

- Deseamos que se haga un buen gobierno y ojalá podamos competir en las próximas elecciones. Somos un partido que va en la dirección de la democratización, al modificar los estatutos para incluir la votación directa para escoger sus representantes... se está transformando de un partido oligárquico o empresarial, a uno verdaderamente democrático.

- ¿Cómo califica la actitud del Gobierno ?

- Prepotente... no conocen el papel que deben jugar. Tienen que buscar el camino de la conciliación a través del diálogo.

- ¿La Asamblea se prestó al juego?

- Se manejó bajo un esquema muy cerrado, ya que sabían que tenían 43 votos para imponer la ley. Se aceptaron pocas modificaciones y todas de forma. Lo más beneficioso para la democracia es que el Ejecutivo mantenga distancia del Legislativo, que debe ser un colaborador y no un subordinado.

- ¿Han aprendido los diputados algo de lo sucedido?

- Últimamente, la Asamblea ha tenido problemas de carácter administrativo que han sido resueltos. El caso del diputado Rogelio Alba es censurable y reprochable... no sólo se le deben aplicar las sanciones que establecen los estatutos de su partido, sino todo el peso de las leyes de la República.

- ¿Qué propone para resolver este tipo de problemas?

- Lo ideal sería que se implementara un Código de Ética Parlamentaria que determine el comportamiento de los diputados, ya que las reformas constitucionales establecieron que la Asamblea no tiene facultad para levantar la inmunidad. Ahora le corresponde a la Corte Suprema de Justicia. En el caso específico de Alba, la Comisión de Ética debió, al menos, citarlo para que diera las explicaciones del caso y, de comprobarse su responsabilidad directa en lo sucedido, debería aplicársele algún tipo de sanción ética.

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