Beneficios. Reclusos van a la escuela y a trabajar.

El derecho a la resocialización

Según cifras de la DGSP, el 80% de los reclusos con condena trabaja, y el otro 20% estudia.

Los reos estudian en la Universidad de Panamá, INAFORP y escuelas laborales y nocturnas.

PENAL. Vista parcial de la sede de la cárcel de Tinajitas. PENAL. Vista parcial de la sede de la cárcel de Tinajitas.
PENAL. Vista parcial de la sede de la cárcel de Tinajitas.

Solo el 3% de los 4 mil 362 detenidos sentenciados se benefician del programa Permiso Laboral y de Estudio que desarrolla la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP).

El grupo es mínimo, si se toma en cuenta que entre los condenados –y los que esperan sus procesos– hay 11 mil 361 detenidos. "Lo que ocurre es que son pocas las empresas que brindan la oportunidad y pocos los internos que cumplen con los requisitos de ingresos", dijo José Iván Guerrero, jefe de Tratamiento y Rehabilitación de la DGSP.

No todos pueden participar

Guerrero explicó que aunque muchos de los detenidos aspiran a participar, no todos pueden hacerlo porque tienen que cumplir con requisitos como: estar condenados, no tener una causa penal pendiente, mantener un buen comportamiento y pasar satisfactoriamente los exámenes biológicos, psicológicos y sociales que realiza la junta técnica de la institución, integrada por un abogado, un psicólogo, un trabajador social, los miembros de la seguridad y el director del penal donde el aspirante cumple su pena.

Trabajar o estudiar es un derecho que está consignado en el Decreto Ejecutivo No. 212 de 13 de septiembre de 1996.

En todo el país hay 120 detenidos, de los cuales el 80% trabaja y el otro 20 % estudia.

Están en Tinajitas

Los beneficiados están recluidos en cárceles de la provincia de Chiriquí, Colón, Coclé, Veraguas, Herrera, Los Santos y Panamá. Los de la capital son trasladados a Tinajitas por su cercanía con los lugares de trabajo y centros educativos.

Los permisos laborales ofrecen a los detenidos la oportunidad de integrarse en forma útil a la sociedad, y de ganar dinero para su familia.

Sin embargo, el uso del dinero está sujeto a normas legales de la Ley 55 de julio de 2003 que reorganiza a la DGSP y establece este privilegio.

Según la norma, un 30% del salario que devenga el detenido se asigna a la cuota de responsabilidad civil derivada del delito, 40% va a su familia, 20% es para cubrir gastos personales y 10% se deposita en una cuenta de ahorros que el reo podrá utilizar cuando obtenga la libertad.

Almacenes, restaurantes, talleres de mecánica, agencias de viajes, empresas de seguridad, radiotaxis y empresas constructoras, son las que más participan en el programa. Algunos detenidos también laboran en áreas de limpieza y cocina de los penales.

Sobre los permisos educativos, Guerrero dijo que el número aumenta al inicio del período de clases de la Universidad de Panamá y colegios nocturnos.

También reciben clases en el Instituto Nacional para la Formación Profesional (INAFORP) y el Instituto Nacional de Cultura.

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