USUARIOS VIVEN UNA VEZ MÁS LA IMPOTENCIA DE NO PODER TRANSPORTARSE A SUS TRABAJOS

Los ‘diablos rojos’ se quedan

La ATTT se comprometió con los transportistas a revocar el decreto ejecutivo que impide la importación de buses escolares.

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TORRIJOS-CARTER. La frustración de quienes necesitaban llegar a sus puestos de trabajo y no lograban conseguir un transporte, provocó que terminaran cerrando la calle para protestar contra los buseros. LA PRENSA/Víctor Arosemena TORRIJOS-CARTER. La frustración de quienes necesitaban llegar a sus puestos de trabajo y no lograban conseguir un transporte, provocó que terminaran cerrando la calle para protestar contra los buseros. LA PRENSA/Víctor Arosemena
TORRIJOS-CARTER. La frustración de quienes necesitaban llegar a sus puestos de trabajo y no lograban conseguir un transporte, provocó que terminaran cerrando la calle para protestar contra los buseros. LA PRENSA/Víctor Arosemena

El paro de labores efectuado ayer por los transportistas de la ciudad capital causó perjuicios y disgustos a los usuarios.

En el área de San Miguelito, miles de personas buscaban la forma de salir del populoso distrito para llegar a sus puestos de trabajo.

En los predios de la policlínica de Santa Librada, por ejemplo, a Noemí Tenorio le tomó más de media hora encontrar un bus de la ruta Tumba Muerto al que pudiera subirse. “Pasan buses, pero llenos, y los que están pasando quieren cobrar un dólar”, explicó ayer, en una esquina que sirve de parada.

En Torrijos-Carter, por su parte, los usuarios se manifestaron aún con más vehemencia, luego de encontrarse con que los buses de la piquera no estaban prestando el servicio, y las chivas internas lo daban, pero cobrando hasta 75 centavos más.

“Esto es un abuso; se aprovechan de nuestra necesidad. Yo me paré a las 5:00 de la mañana, solo para que me digan que me llevan a San Miguelito por un dólar”, contó Gustavo Sanjur, apostado en plena calle, frente a la piquera de la ruta Torrijos-Carter.

En el área de Pedregal, la confrontación entre usuarios y transportistas hizo que la Policía Nacional tuviera que intervenir para calmar los ánimos. Incluso, varios de los usuarios que formaron parte de la disputa fueron conducidos por los uniformados al cuartel de Pedregal.

Gilberto Berguido, usuario del transporte, criticó que los transportistas de la piquera de Pedregal cerraran las vías para impedir que los buses de la 24 de Diciembre y Mañanitas, que no se acogieron al paro, pudieran recoger pasajeros en su área.

La encargada de la piquera de Don Bosco, Carmen Wong, dijo que el 95% de los propietarios de buses en este sector decidió ignorar el llamado a paro. Sin embargo, aceptó que el servicio que brindaban fue insuficiente para la cantidad de personas que llegaban de otras rutas en taxi a la piquera, con la esperanza de abordar un bus que los llevara a sus trabajos y citas médicas.

“Hay mucha gente, y aunque los buses van hasta el tope, no se dan abasto”, recalcó Wong.

El dirigente transportista Dionel Broce aclaró ayer que con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender las indemnizaciones, los “diablos rojos” vuelven a ser la opción para los usuarios del transporte público.

“La ATTT se comprometió a anular los trámites de los conductores que habían traspasado sus vehículos al Estado y que aún no habían sido indemnizados, también aseguró que se eliminaría la prohibición de importar buses de segunda al país”.

Corte suspende pago

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia suspendió, provisionalmente, los efectos de una resolución que autoriza al director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) a compensar, con 25 mil dólares, a cada uno de los propietarios de autobuses que operan en la ciudad capital. La decisión contó con el aval de los magistrados de la Sala Tercera, Adán Arnulfo Arjona y Víctor Leonel Benavides, mientras que su colega Winston Spadafora salvó su voto, informó anoche una fuente oficial de la Corte Suprema de Justicia. Esta decisión es consecuencia de una demanda de nulidad interpuesta por un grupo de víctimas del servicio de transporte público.

La medida no afecta los casos de transportistas que ya habían recibido la indemnización por sus vehículos.

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