ANÁLISIS.ENTRE LA CONFIDENCIALIDAD Y LA TRANSPARENCIA.

El dilema de la declaración de bienes

La presentación de la situación patrimonial de los candidatos a puestos de elección es discrecional.

Trabas legales han impedido que se conozcan las declaraciones de bienes de funcionarios elegidos.

PATRIMONIO. La Constitución obliga a los funcionarios con mando y jurisdicción a declarar sus bienes, pero esta información, en la práctica, no se hace pública. PATRIMONIO. La Constitución obliga a los funcionarios con mando y jurisdicción a declarar sus bienes, pero esta información, en la práctica, no se hace pública.
PATRIMONIO. La Constitución obliga a los funcionarios con mando y jurisdicción a declarar sus bienes, pero esta información, en la práctica, no se hace pública.

Aristides Cajar Páezacajar@prensa.com¿Debe un candidato hacer pública su declaración de bienes? La mayoría de los panameños cree que sí. Pero nada obliga hoy a que lo haga.

En febrero pasado, una encuesta de la consultora Dichter & Neira y publicada en La Prensa reveló que la mayoría de los entrevistados (92.3%) consideraba que los candidatos presidenciales deberían hacer público su estado patrimonial. Esto, que en otros países es obligatorio, en Panamá es discrecional.

La declaración del estado patrimonial de funcionarios que ordena la Constitución en su artículo 299 suele encontrar frustrado su propósito de hacer esta información accesible al público por interpretaciones legales de quienes la custodian. Esto puede hacer aún más difícil que los candidatos crean en la pertinencia de permitir que sus electores fiscalicen su situación patrimonial.

DILEMA

¿Es pública o no la información patrimonial de los altos funcionarios, entre estos el presidente y vicepresidentes de la República y el presidente de la Asamblea Nacional, elegidos por el voto popular?

Según la Constitución, esta información se debe presentar a la Contraloría General de la República y ante notario público. Además, la Ley 59 de 1999, que regula la norma, en su tercer artículo establece que el notario ante quien se presente la declaración “deberá conservarla en su protocolo”. Y el artículo 1752 del Código Civil ordena expedir a cualquiera copias de los actos de los protocolos notariales.

“El notario alega que hay que aportar el número de la escritura pública en la que reposa dicha declaración, y es obvio que esa información solo la maneja quien la presentó”, dice Angélica Maytín, directora ejecutiva del capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI).

En septiembre de 2005, el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Elías Castillo, dijo que era “peligroso” que los funcionarios dieran a conocer sus bienes.

La negativa por parte de las autoridades a permitir acceso a estos informes parece tener un precedente en un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de la decisión sobre una acción de habeas data interpuesta por Juan Bautista Osorio contra la Contraloría General de la República el 14 de mayo de 2002, para que se hiciera público el patrimonio del entonces legislador Enrique Garrido. La corte negó esta acción aduciendo que la información era “confidencial”, y que solo podría pedirla alguien con “interés” personal en esta. Los conceptos de este fallo han servido para que otras acciones de habeas data sobre el patrimonio de funcionarios, incluido el Presidente de la República, solicitadas por ciudadanos y periodistas hayan sido sistemáticamente negadas.

El fallo de 2002 contó con el salvamento de voto del magistrado Adán Arnulfo Arjona, quien adujo que la información requerida no estaba definida expresamente en la ley como confidencial. En noviembre de 2004, la entonces procuradora de la administración, Alma Montenegro de Fletcher, señaló que pese a estar de acuerdo en que estas declaraciones deberían ser de conocimiento público, la vigencia de este fallo impedía que los notarios pudieran dar acceso libre a esta información.

Según el abogado y periodista Rubén Castrejo, “no tiene cabida” negar el acceso a estos informes, sobre todo luego de la derogatoria del Decreto Ejecutivo 124 de 2002 que reglamentaba de manera restrictiva la ley de transparencia.

CANDIDATOS POCO VISIBLES

En 2004, TI-Panamá presentó 180 cuestionarios para que los candidatos a distintos cargos publicaran voluntariamente su hoja de vida y su patrimonio. Solo 80 fueron respondidos, es decir, menos de la mitad. De estos, 20 no presentaron datos sobre sus bienes.

En otros países este asunto no es una opción. En España hay regiones que exigen que los candidatos hagan públicos sus bienes, al igual que Paraguay. En Panamá el tema aún está pendiente.

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