EN LA TRAGEDIA DEL BUS 8b-06 MURIERON quemadas 18 PERSONAS

El dueño y el conductor del bus tienen toda la culpa

Los magistrados de la Sala III eximen al Estado de toda responsabilidad y arremeten contra los hermanos Ariel y Próspero Ortega Justavino.

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TRAGEDIA. EL 23 de octubre de 2006 fallecieron 18 panameños en el bus 8B-06 que se incendió en sector de La Cresta. LA PRENSA/Archivo TRAGEDIA. EL 23 de octubre de 2006 fallecieron 18 panameños en el bus 8B-06 que se incendió en sector de La Cresta. LA PRENSA/Archivo

TRAGEDIA. EL 23 de octubre de 2006 fallecieron 18 panameños en el bus 8B-06 que se incendió en sector de La Cresta. LA PRENSA/Archivo

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Ni el Estado ni la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) son responsables del mal funcionamiento del servicio público de transporte de pasajeros.

Así quedó consignado en un fallo de la Sala III de la Corte Suprema, del pasado viernes 16 de abril, que rechazó una demanda de indemnización presentada por Luis Gregorio Martínez, hijo de Rosa Rodríguez quien murió junto a otros 17 pasajeros en el incendio del autobús 8B-06, de la ruta Corredor-Mano de Piedra.

El fallo –firmado por Alejandro Moncada, Winston Spadafora y Víctor Benavides– endilgó toda la responsabilidad del siniestro a los hermanos Ariel y Próspero Ortega Justavino, propietario y conductor, respectivamente, del bus 8B-06. Ambos ya cumplen sentencia de 40 meses de prisión.

El fallo señala que el día de la tragedia, Próspero advirtió que había humo en el autobús y, aún así, no ordenó o permitió su desalojo, sino que procedió a levantar la tapa del motor, lo que obstaculizó la puerta de salida y redujo la posibilidad de que los pasajeros escaparan.

También le acusan de no atender las quejas de los pasajeros sobre el calor y el humo que emanaba, ya que quería llegar a la parada frente a la Iglesia Hossana, para poder cobrar el pasaje.

José Francisco Santos, abogado de Luis Gregorio Martínez, dijo que ahora acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde presentará una demanda por denegación de justicia.

Santos calificó el fallo como deplorable, ya que sienta un precedente para las otras 13 demandas de indemnización que están pendientes de trámite en la Corte.

En el fallo, los magistrados señalan que el Código Civil y la Ley 14 de 1993, por la cual se regula el transporte público de pasajeros, exime de responsabilidad al Estado en caso de un siniestro.

“El Estado no puede responder por la actuación negligente de un concesionario del servicio público, como lo es el de transporte de pasajeros”, dicen los magistrados en su decisión.

Para Santos, esta interpretación hace que sea prácticamente imposible obtener algún tipo de indemnización por la mala prestación de este servicio.

Además, sostiene que la ATTT faltó a su obligación al no rescindir el contrato de concesión a Ariel Ortega, pese a que este no cumplía con las medidas de seguridad y mantenimiento del bus.

Por su parte, Luis Contreras, uno de los sobrevivientes de la tragedia y quien sufrió graves quemaduras, aseguró que no claudicará en su lucha por lograr una indemnización justa.

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