CONFLICTO. REFORMA A LA LEY UNIVERSITARIA.

Los entretelones de un proyecto

Los opositores al proyecto de ley proponen una norma que regule todas las universidades del país.

La catedrática considera que el proyecto fomenta el clientelismo y las malas prácticas de la política criolla.

CRÍTICAS. Aura E. Guerra de Villalaz se opone al proyecto de ley que impulsan las autoridades de la Universidad de Panamá. CRÍTICAS. Aura E. Guerra de Villalaz se opone al proyecto de ley que impulsan las autoridades de la Universidad de Panamá.
CRÍTICAS. Aura E. Guerra de Villalaz se opone al proyecto de ley que impulsan las autoridades de la Universidad de Panamá.

La semana pasada se inició en la Comisión legislativa de Educación el debate sobre el proyecto que reformaría el régimen jurídico de la Universidad de Panamá, que impulsa su actual rector, Gustavo García de Paredes. Y entre las voces contrarias a la propuesta destaca la de la catedrática de derecho penal Aura Guerra de Villalaz.

"Estoy en contra porque el proyecto solo busca beneficiar con privilegios a un grupo de universitarios y perpetuar a las actuales autoridades", afirmó categórica.

Una de las principales objeciones que hace Guerra de Villalaz, es que el proyecto regula solo a la Universidad de Panamá, dejando de lado todas las otras universidades del país. "La educación superior exige que existan denominadores comunes de calidad para las universidades oficiales y las particulares".

En consecuencia, la catedrática recomienda que se elabore una ley marco que rija todas las universidades del país. "No es concebible que en una universidad estatal se requiera de cinco a siete años para obtener el título de abogado, mientras que en una universidad particular solo sean necesarios tres años... incluso hay universidades que no tienen laboratorios o bibliotecas... Hay una serie de pautas universales dictadas por la UNESCO sobre calidad que hay que cumplir... estas son las cosas que hay que regular".

El rector García de Paredes ha dicho –sobre esta propuesta– que una ley marco es "cosa del pasado" y que ha sido imposible ponerse de acuerdo con las otras universidades.

Frente a este argumento, la catedrática responde: "los esfuerzos que se han hecho para adaptar la legislación a las tendencias mundiales han tomado años". Y como ejemplo citó el Código de la Familia, que necesitó 13 años para lograr el acuerdo necesario.

Por ello, quien fuera magistrada de la Corte Suprema de Justicia insiste en la necesidad de que la propuesta –solo discutida en el claustro universitario– sea objeto de una discusión más amplia. "Debemos escuchar lo que dicen otros sectores de la sociedad... hay que conocer cómo la ven, y tratar de plasmar esas opiniones en la ley. Tal vez creamos que estamos haciendo las cosas bien y que el producto que estamos formando es bueno, cuando puede que no sea así".

La negativa de las autoridades universitarias a debatir el proyecto quedó en evidencia, cuando los estudiantes que acompañaron al Rector le dieron la espalda a uno de sus opositores, el catedrático Miguel Antonio Bernal.

"Lo que se hizo con el profesor Bernal no fue una actitud de universitarios...; se rechaza nuestra opinión y no se quiere escuchar... fue un acto lamentable", comentó la docente.

Guerra de Villalaz también objeta la forma como el proyecto plasma el polémico tema de la ponderación de los votos para la elección de las autoridades universitarias. "La ley establece que los docentes con dos o más años de antigüedad tendrán el 60% del porcentaje de votos; a los estudiantes se les aumenta al 30% y a los administrativos a 10%. Esto se presta para el clientelismo ... se vota por quien lo nombró".

Para la docente, "es la estrategia que el rector utilizó para obtener respaldo: equiparó el voto de los profesores, y aumentó el de los estudiantes y administrativos. Se doró la píldora para que cuando se la traguen, digan que es buena porque los favorece".

Y más dura aún, Guerra de Villalaz considera que, "en lugar de democratizar la escogencia del rector, se ha convertido el proceso en una vulgar contienda electoral. Se gastan cuantiosas sumas de dinero, se prometen fiestas y comidas. Esa es una contaminación que se ha copiado de las malas prácticas de la contienda nacional".

En relación al polémico artículo 30 que permitiría la reelección del actual rector, se sugiere que "esté supeditado a una norma transitoria que limite la participación de las actuales autoridades, para dejar en claro que el propósito de todo esto no es la reelección".

Finalmente, Guerra de Villalaz considera que hay un acuerdo entre las autoridades universitarias y los diputados. "El debate en la Asamblea se aceleró y empezó justo cuando la Universidad está cerrada. ¿Por qué esa urgencia? El manejo de la Asamblea ha sido muy rápido. Todo esto indica que tiene que haber una serie de acuerdos mínimos entre el Rector, que tiene el interés, y los miembros de la Asamblea, para que el proyecto se apruebe antes del 30 de junio".

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