Ernesto Pérez Balladares y Mireya Moscoso llenaron la Corte de amigos, copartidarios y compadres; martín Torrijos intentó hacerlo mejor, con ayuda de una comisión evaluadora independiente.

Así fueron escogidos

En 2005 hubo una crisis de credibilidad en el Órgano Judicial. La Alianza Pro Justicia pidió cambios urgentes en la manera de escoger a los magistrados.

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La experiencia ha demostrado que para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia se requiere bastante más que ser panameño, mayor de 35 años, gozar de los derechos civiles y políticos, tener título de abogado y un mínimo de 10 años de ejercicio.

Aunque en campaña prometían elegir a personas de “intachable trayectoria”, “independencia de criterio” y “absoluta integridad”, ni uno de los tres últimos ex presidentes de la era democrática resistió la tentación de nominar a gente de su entorno laboral, social o político.

Empezando por Ernesto Pérez Balladares.

Su primer designado fue Arturo Hoyos, que ya era magistrado. Hoyos no solo se quedó, sino que se reeligió como presidente. Y bajo esa presidencia, el pleno declaró prescrita una acción penal contra Pérez Balladares –sindicado por el delito contra la administración pública– por el contrato suscrito por el Estado y el consorcio metalúrgico Van Dam.

Eso no fue todo. Después, avaló los indultos masivos que Pérez Balladares otorgó, en el ocaso de su mandato.

Pero la de Hoyos fue solo una de las cinco designaciones que hizo Pérez Balladares. Las otras fueron las de colaboradores y copartidarios; incluso, la del esposo de su secretaria privada.

Mireya Moscoso no lo hizo mejor. A su libre albedrío e interesado criterio, se hicieron las nominaciones a la Corte. Empezando con Pereira Burgos y Guillermo Endara, pero a este último lo tuvo que bajar, porque las bancadas del Partido Revolucionario Democrático y la entonces existente Democracia Cristiana se negaron a ratificarlo.

Se tuvo entonces que improvisar la candidatura de Adán Arnulfo Arjona. En un mismo día, Endara renunció a la designación, el Gabinete propuso a Arjona, la Comisión legislativa de Credenciales tramitó la nominación y el pleno de la Asamblea la ratificó, unánimemente.

Después, el Ministerio de Gobierno se convirtió en la cantera de la que Moscoso sacaba a sus magistrados: de ahí salieron Winston Spadafora y Aníbal Salas. Otro puesto lo llenó con un compadre y copartidario, tan beligerante en política, que hasta era legislador.

La discrecionalidad con que se manejó la elección de los magistrados se habría perpetuado con Martín Torrijos, si no fuese porque en 2005, Arjona estremeció con unas declaraciones en las que acusó a tres colegas de favorecer con sus fallos a narcotraficantes. La Alianza Pro Justicia auditó los fallos enumerados por Arjona, y le dio la razón. Encontró que existía una de dos: o una “incapacidad manifiesta” para ejercer el cargo o un “indicio grave de que tales decisiones responden a criterios selectivos al margen de la ley”.

A partir de ahí, se incorporaron reformas constitucionales para impedir que diputados en ejercicio y funcionarios con mando y jurisdicción dentro del Ejecutivo fueran nombrados en la Corte. Pero había que hacer más. La Alianza insistió en “cambios urgentes” en el proceso de selección de magistrados.

Ante semejante crisis de credibilidad, a Torrijos no se le ocurrió mejor idea que convocar a una comisión especial, con participación de los gremios y la sociedad civil organizada, para evaluar a los candidatos. La Comisión recibió documentación de 72 aspirantes. Hizo un informe en el que recomendó a siete candidatos –y “alertó” sobre otros–, que le entregó a Torrijos y colocó en la página web de la Alianza.

En el sitio de la Defensoría del Pueblo se empezaron a acopiar opiniones y, al final, Torrijos se decantó por Harley Mitchell y Víctor Benavides, dos de los recomendados por la Comisión.

El proceso se repitió en 2007. 74 abogados atendieron la convocatoria, resultando favorecidos Oydén Ortega y Jerónimo Mejía.

Aunque Ricardo Martinelli copió la idea de la Comisión, lo hizo a su manera: redujo la participación de la sociedad civil, y de presidenta puso a una funcionaria de la Presidencia.

Como resultado, la Comisión se limitó a verificar si los candidatos cumplían con los requisitos constitucionales y a acopiar las objeciones que llegaban a la mesa. No hizo recomendaciones ni observaciones, a favor o en contra.

Hoy, podríamos saber si el cambio llegó a la Corte o si la interesada tendencia se mantiene.

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