KRISS POVEDA, EX DIRECTORA NACIONAL DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA ARAP

‘Yo no era facilitadora de los usuarios de ARAP’

Según la ex funcionaria, la administradora de la ARAP, Diana Araúz, la despidió por orden de Ricardo Martinelli.

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ORDEN. El 11 de junio, la directora Kriss Poveda prohibió la salida del puerto de un grupo de 17 embarcaciones (izquierda). Dos días después de ser destituida, se levantó esa prohibición (derecha). ORDEN. El 11 de junio, la directora Kriss Poveda prohibió la salida del puerto de un grupo de 17 embarcaciones (izquierda). Dos días después de ser destituida, se levantó esa prohibición (derecha).
ORDEN. El 11 de junio, la directora Kriss Poveda prohibió la salida del puerto de un grupo de 17 embarcaciones (izquierda). Dos días después de ser destituida, se levantó esa prohibición (derecha).

Kriss Poveda, ex directora nacional de Inspección, Vigilancia y Control de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), abrió 22 expedientes contra barcos pesqueros de la flota internacional con bandera de Panamá. También dio luz verde a más de 100 procesos contra embarcaciones de la flota nacional.

En total, durante los siete meses que trabajó en esa dirección, abrió casi 150 expedientes por pesca ilegal e incumplimiento de la ley que regula la pesca en Panamá.

Por hacer su trabajo, según denunció, fue despedida el 16 de junio pasado por la administradora de la ARAP, Diana Araúz.

Ese día, Araúz la llamó a su oficina y le informó de su despido. “Me anunció mi destitución por no ser facilitadora de los usuarios”.

¿En qué contexto la despiden?

El 16 de junio de 2010 me llaman al despacho superior; cuando ingreso, se encontraban allí la administradora general, Diana Araúz, y un grupo de funcionarios.

¿Qué pasó en esa reunión?

Me cuestionaron sobre qué argumentos legales yo había elaborado una nota el 11 de junio de 2010 dirigida a la administración de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) en el puerto de Vacamonte. En esa nota yo solicitaba la colaboración de la AMP para que no se le otorgara el zarpe portuario a un grupo de 17 embarcaciones que tenían procesos administrativos en la institución, y que esos procesos estaban pendientes de notificación de los abogados.

Usted envió una nota a la AMP para que no se le permitiera la salida a estas embarcaciones…

Sí, y entonces Araúz me reclamó por esa nota, precisamente porque había recibido quejas o llamadas de usuarios que se sentían afectados porque no podían sacar la embarcación rápidamente. Luego habló sobre Arnulfo Franco, quien le cuestionó a Araúz específicamente sobre dos embarcaciones que estaban dentro del listado.

¿Quién es Arnulfo Franco?

Es representante de Panamá ante la Comisión Interamericana del Atún Tropical. Es decir, es la persona que tiene que defender a todo el sector pesquero de servicio internacional.

¿Cómo se llamaban los barcos por los cuales intercedió Franco?

Julie y Tunapesca

Según lo que le transmitió Araúz, ¿de qué se quejaba Arnulfo Franco?

De por qué se le estaba parando el zarpe a esas embarcaciones si cumplían con la emisión de la señal de monitoreo satelital. Yo le comuniqué que esas dos embarcaciones no emitieron señal desde 2007 a 2009.

¿A quién pertenecen las embarcaciones Julie y Tunapesca?

Tengo entendido que a Jorge Limberopulos, del grupo Limberopulos.

Entonces, Araúz le reclamó por su orden de prohibir la salida de los 17 barcos en su nota del 11 de junio pasado.

Sí, y luego me comunicó, tras escuchar mis explicaciones sobre la nota, que por orden del Presidente de la República se me estaba separando del cargo. Y en ese momento me notificaron de mi destitución y me condujeron para hacerme una auditoría.

Según documentación a la que accedió este diario, dos días después de la destitución de Poveda, la ARAP ordenó el levantamiento de la medida dictada contra el grupo de 17 embarcaciones que estaban involucradas en procesos administrativos.

En la reunión en que la despiden, ¿Araúz le dio otra explicación adicional de su destitución?

Araúz me dijo que me estaba destituyendo porque yo no era facilitadora de los usuarios, porque nosotros en ARAP no solo debíamos ser represivos o fiscalizadores, sino que también debíamos ser facilitadores de los usuarios y que básicamente todas las quejas de los usuarios eran directamente contra mi dirección, contra mis funcionarios y contra mi persona.

¿Cómo define la frase ‘facilitadora de los usuarios’?

Le expliqué que hay un artículo en la ley que crea la ARAP, que establece las funciones de mi dirección y que dentro de esas funciones no aparecía la de ser facilitadora de ningún usuario.

¿Y allí terminó la reunión?

Sí, se me notificó en el acto de mi destitución. Pero luego me percato de que en la resolución de destitución no menciona nada de ello.

Según documentación a la que accedió este diario, el mismo día de su destitución Poveda debía concurrir a la Fiscalía Primera Anticorrupción a declarar en un proceso abierto contra la administradora de la ARAP por supuesto delito contra la administración pública, uno de los primeros casos abiertos contra un funcionario de la gestión de Ricardo Martinelli.

¿El día que la despidieron usted tenía que ir a una diligencia judicial?

Ese día yo estaba citada en la Fiscalía Primera Anticorrupción para rendir declaración respecto a una denuncia que colocó un particular.

¿Conocía usted la denuncia?

Un señor llamado Carlos Villarreal, que anteriormente había solicitado a la ARAP unos documentos en base a la Ley de Transparencia, presentó una denuncia contra Araúz por haber liberado o dado la orden de liberar una embarcación que tenía un proceso pendiente en la ARAP, a pesar de que la dirección de Inspección, Vigilancia y Control le colocó una multa de 564 mil dólares, solicitó la retención de la embarcación y pidió la suspensión temporal de la licencia de pesca.

¿Cuál era el motivo de la multa a ese barco?

El 23 de noviembre de 2009 llegó al puerto de Vacamonte la embarcación de bandera panameña Cruz del Sur, cuyos dueños son españoles, y realizó un desembarque de troncos y aletas de tiburón. Un inspector se percató de que solo había aletas y que no había troncos. Por lo tanto, se inició un proceso en el que se decomisaron las aletas por infracción a la ley que prohíbe el aleteo, y posteriormente se colocó una multa de 564 mil dólares. Luego, el propietario de la embarcación viajó a Panamá a una reunión con Araúz. Tras ese encuentro, Araúz me pidió dos cosas: uno, que resolviera prontamente el recurso de reconsideración que había presentado la empresa, y dos, a través de una orden directa, que se levantara la medida de suspensión del zarpe portuario de la embarcación.

¿La administradora de la ARAP le dio la orden de levantar la medida a la embarcación Cruz del Sur?

Sí, de levantar la medida de suspensión de zarpe portuario y de la suspensión temporal de la licencia de pesca.

¿Qué argumentos le dio?

Dijo que no estaba muy segura de que esa multa era aplicable y que tenía miedo que demandaran a la institución, y por eso prefería que soltaran ese barco.

¿Usted participó del encuentro con el dueño del barco Cruz del Sur?

No, Marcial Valencia, quien se presentó como propietario de la embarcación, se reunió directamente con la administradora y con un abogado mío. Yo no participé, por lo que no puedo decir a qué acuerdos llegaron, pero lo que sí sé es que posteriormente la administradora me llamó y me dio esa orden, tanto por teléfono como verbalmente.

Este diario se contactó con el abogado Gabriel Rosanía, quien confirmó la versión de Poveda. “En la reunión con el dueño de la embarcación, de la cual participé, Araúz le hizo la promesa al dueño del barco de que lo liberaría”, dijo el abogado. Rosanía continúa trabajando en la ARAP, pero ya no como abogado en la dirección de Inspección, Vigilancia y Control. “Me trasladaron sin explicación”, dijo.

A Poveda, el Ministerio Público le reprogramó su cita para brindar su declaración. Deberá asistir mañana a las 9:30 a.m.

¿Cuál es el argumento legal del proceso abierto contra Araúz?

La denuncia es por supuesto delito contra la administración pública, porque supuestamente al irse la embarcación de aguas nacionales se dificulta mucho el cobro de la multa y eso le genera una lesión al Estado.

¿Hoy la embarcación no está en puerto panameño?

Apenas se le levantaron las medidas se retiró del recinto portuario.

Las diferencias entre Araúz y Poveda no solo se limitaron al Cruz del Sur. La ex directora nacional de Inspección, Vigilancia y Control denunció otros supuestos malos manejos de su ex jefa, principalmente con el cumplimiento de la norma que obliga a los barcos a tener un sistema de seguimiento satelital para controlar su ubicación en el mar y evitar así la pesca ilegal.

La obligación de utilizar el sistema satelital comenzó a regir en octubre de 2009. Cuando los inspectores de Poveda comenzaron a controlar los barcos, muchos no tenían el dispositivo instalado. A pesar de eso, Araúz –según Poveda– intercedió para que no se multara a las embarcaciones.

“El sector le había pedido a la administradora una prórroga de seis meses para que ellos comenzaran a adecuarse al mecanismo. Esa prórroga no fue dada de manera legal ni formal, se dio de forma verbal en una reunión”, denunció Poveda.

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