la criminalización de la protesta callejera

De falta administrativa a delito

Con la modificación al ‘Código Penal’ que solo espera el tercer debate, se recuperan normas existentes durante la dictadura militar.

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FALTA. Hace tres semanas, los obreros del Suntracs protestaron en la calle. La Policía detuvo a 223 personas y a cada una la multó con 15 dólares. LA PRENSA/Carlos Lemos FALTA. Hace tres semanas, los obreros del Suntracs protestaron en la calle. La Policía detuvo a 223 personas y a cada una la multó con 15 dólares. LA PRENSA/Carlos Lemos

FALTA. Hace tres semanas, los obreros del Suntracs protestaron en la calle. La Policía detuvo a 223 personas y a cada una la multó con 15 dólares. LA PRENSA/Carlos Lemos

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La propuesta legislativa de sancionar con pena de prisión los cierres de calle, eleva a categoría de delito un hecho que, hasta ahora, era considerado una falta administrativa.

El derogado Código Penal de 1982 –nacido bajo la gestión del presidente del régimen militar Aristides Royo, y que reformó, a su vez, el Código Penal de 1922–, incluía un artículo (el 304) que castigaba con una pena máxima de tres años de prisión a los que “perturbaran” el orden público o se reunieran de forma “tumultuaria”.

De hecho, esa norma fue ampliamente utilizada por la dictadura para encarcelar o perseguir a disidentes.

“Los que reunidos en forma tumultuaria intimiden o amenacen a alguna persona, corporación o autoridad o coarten el ejercicio de un derecho o perturben la pacífica convivencia de los asociados, serán sancionados con prisión de seis meses a tres años”, era el texto del citado artículo.

Este Código Penal fue reformado en el año 2007 –eliminándosele los matices autoritarios propios de la dictadura–, desapareciendo el artículo 304.

A partir de entonces, el cierre violento de calles fue considerado una falta regulada por el Código Administrativo (ver cuadro).

En este Código, la Policía quedó autorizada para disolver las reuniones, por calles o plazas, que amenacen la tranquilidad de la población, “haciendo para ello uso de la fuerza si fuese necesario”. Los que promuevan este tipo de reuniones se exponen a un arresto de cinco a 10 días. Si hubiese daños a la propiedad, la pena sería de cinco a 20 días de arresto.

Sin embargo, esta semana la Asamblea mostró sus intenciones de revivir el derogado artículo 304 del Código Penal, con una versión corregida y aumentada.

Los proponentes son los diputados del gubernamental Cambio Democrático, Marco González y Noriel Salerno, aunque la versión original la presentó el diputado suplente Agustín Sellhorn.

Para ello se propuso una adición al artículo 167 del Código Penal.

Además, González y Salerno hicieron su propuesta mientras se discutía el proyecto 110, que restablece el récord policivo. En otras palabras, propusieron un tema ajeno a lo que se discutía, en abierta violación al artículo 148 del Reglamento Interno de la Asamblea.

El proyecto será discutido en tercer debate el lunes y, si es aprobado, lo que sigue es su sanción por parte del presidente, Ricardo Martinelli, y su publicación en Gaceta Oficial.

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