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PRUEBAS DE ADN.FUNCIONARIOS DEL IMEL SERÁN LLAMADOS A DECLARAR PARA EXPLICAR LO SUCEDIDO.

Otro giro en la investigación Bosch

El expediente del banquero retoma categoría de secuestro y desaparición. La búsqueda continúa.

Se solicitó a las autoridades de Suiza que devuelvan la osamenta para iniciar las sumarias de forma paralela.

SUMARIO. Geomara de Jones fue una de las fiscales que investigó el caso Bosch. SUMARIO. Geomara de Jones fue una de las fiscales que investigó el caso Bosch.
SUMARIO. Geomara de Jones fue una de las fiscales que investigó el caso Bosch.

Luego de descartar que los restos hallados en Cerro Azul en el 2001 pertenecieran al banquero suizo Hans Jorg Bosch, desaparecido desde 1998, el Ministerio Público se apresta a investigar a quién pertenecía ese cadáver.

Esto surge a raíz del informe entregado, este lunes, por parte de la comisión de peritos de ADN creada por la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, y que concluyó que los restos no eran los de Bosch.

Los laboratorios de ADN del Instituto de Medicina Legal de Panamá (IMEL) realizaron estos análisis científicos el 7 de junio del año 2004, en los cuales se establecía en 99.9% que la osamenta pertenecía a Bosch. Los informes fueron remitidos a Suiza a finales del 2004.

Como resultado de las pruebas genéticas la fiscal Geomara de Jones y luego el ex fiscal Arquímedes Sáez ordenaron las detenciones del abogado Gilberto Boutin y de Edgardo Najarro y Martín Henry Rodríguez, como supuestos responsables del secuestro y homicidio de Bosch.

Sin embargo, el 7 de octubre de 2005, la Primera Fiscalía Especial del Cantón de Zurich, Suiza, a cargo de Cornelia Cova, demostró que los exámenes llevados a cabo en Panamá eran un fraude y solicitó a Panamá un explicación al respecto.

Esta nueva notificación coincidía con los señalamientos que hizo el Dr. José Vicente Pachar en su informe médico legal Nº 001-3-20-237, del 20 de marzo de 2001, en el que advertía que la osamenta encontrada correspondía a una persona que había fallecido hacía menos de un año, en contraste con el tiempo que tenía de desaparecido el banquero suizo.

Los tribunales de Justicia, en fallos separados, declararon ilegal las tres detenciones de los acusados del caso Bosch y ordenaron sus respectivas libertades.

El abogado Gilberto Boutin, tras lograr su libertad, interpuso una serie de denuncias penales contra el ex procurador José Antonio Sossa, la fiscal Geomara de Jones, el ex fiscal Arquímedes Sáez y otros particulares y funcionarios, por supuestas irregularidades cometidas en este caso.

Ayer, Rigoberto González, secretario general del Ministerio Público, indicó que se tiene que determinar a quién pertenecen esos restos.

Para ello, dijo González, se solicitará a Suiza que se devuelvan los restos hallados en Cerro Azul, para abrir esta investigación paralela a la del caso Bosch.

Destacó el funcionario que lo primero será buscar si en el sitio donde se hallaron los restos existen personas desaparecidas y si hay denuncias registradas en la PTJ.

Por otro lado, explicó que al descartarse que esta osamenta era la del banquero suizo, el estatus de este expediente cambia en torno al homicidio, porque se desvaneció la principal prueba de este delito, pero persiste la denuncia de desaparición y de secuestro.

Agregó González que producto de las conclusiones a las que llegó la comisión de los peritos de ADN locales se tendrá que llamar a rendir una explicación a los funcionarios del IMEL que intervinieron en estos exámenes.

González sostuvo que se tiene que determinar si hubo una acción culposa o dolosa en sus actuaciones en este caso.

Según se ha podido comprobar, estos exámenes fueron hechos por Ives Monteza, en ese momento directora de los laboratorios de ADN, y su asistente Diomedes Trejo.

En marzo de este año, la procuradora Gómez ordenó una reestructuración del Instituto de Medicina Legal.

El director del IMEL, Humberto Mas, fue destituido de su cargo y se nombró a José Vicente Pachar. De igual forma se destituyó a Monteza, por no contar con los créditos académicos necesarios y en su reemplazo fue designado Diomedes Trejo.

No se descartó que otros funcionarios del Ministerio Público también fueran llamados a declarar por las irregularidades de este caso.

Sin embargo, aclaró el secretario general de la Procuraduría, estas investigaciones no están relacionadas con las denuncias que interpuso el abogado Boutin y en las que también solicitó que se abriera un expediente penal contra los funcionarios del Ministerio Público que consideró responsables de sus detención.

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