SAN-100. EL GOBIERNO INSISTE EN QUE LA CULPA DEL ACCIDENTE FUE UNA ‘FALLA HUMANA’ DEL FALLECIDO PILOTO JUAN DELGADO.

Las idas y vueltas del Gobierno

El Gobierno utilizó la misma estrategia para enfrentar la documentación sobre el SAN-100 que salió a la luz: no respondió los llamados que le hizo ‘La Prensa’ antes de publicar, y luego, tras la difusión, salió a desacreditar al medio gráfico.

Ocurrió primero con el informe que redactó en febrero de 2007 el piloto presidencial Alexis Camarena, y luego con el análisis técnico preliminar que entregó al Gobierno, en enero pasado, la empresa Israel Aerospace Industries.

El helicóptero del Servicio Aéreo Nacional (SAN) enfiló hacia el aeropuerto de Albrook, tras no lograr aterrizar en el helipuerto del hotel Miramar, en la bahía de Panamá.

A cada segundo iba perdiendo altura.

Las últimas imágenes –capturadas por las cámaras de la Policía Nacional– lo muestran descendiendo en una carrera desenfrenada.

Eran las 11:58 a.m. del 29 de mayo pasado.

El helicóptero Bell UH-1N matrícula SAN-100 primero chocó contra el edificio de un almacén y luego se desplomó sobre la calle Q de Calidonia.

El primero que avisó a las autoridades fue Emiliano Bellido, funcionario de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) que se encontraba, de casualidad, por la zona. Lo demás se vio en vivo por la televisión: corridas, hierros retorcidos, humo, ambulancias y bomberos.

“Falló un motor”, fue lo primero que dijo el único sobreviviente del accidente, el copiloto Ernaldo Carrasco. Su compañero de vuelo, el piloto Juan Delgado, y otras 10 personas más –seis chilenos y cuatro panameños– fallecieron. Entre ellas, el director de Carabineros de Chile, José Alejandro Bernales.

Tras el accidente, el 29 de julio, el director de la AAC, Eustacio Fábrega, presentó al Ministerio de Gobierno y Justicia el informe preliminar sobre lo ocurrido. Para las autoridades la causa probable de la tragedia fue: “El manejo inadecuado de los procedimientos de emergencia por la falla del motor número uno por parte del piloto, al momento de encontrarse en la fase de aproximación final en el área de aterrizaje del hotel Miramar”.

Para cerrar el informe oficial, resta el análisis del fabricante de los motores, la empresa canadiense Pratt & Whitney.

LOS ANTECEDENTES

¿Hubo una alarma anterior? ¿Se pudo evitar la tragedia? ¿Cuál era la situación de la flota de helicópteros del SAN? La primera señal llegó del propio director del SAN, Rigoberto Gordon. Apenas asumió, en septiembre de 2007, avisó a los medios de comunicación que la institución estaba en crisis y que como consecuencia de ello –aclaró– no podía garantizar la seguridad del espacio aéreo del país.

En esa época, solo tres aeronaves estaban operativas de un total de 21. ¿La culpa de tal descalabro? Para Gordon, todo se remitía al mal manejo de los funcionarios que antes ocuparon ese asiento.

LOS DOCUMENTOS

Pero el panorama cambió tras el accidente del SAN-100. Y los documentos, de a poco, comenzaron salir a la luz.

El primero que se publicó –lo hizo La Prensa el 25 de agosto pasado– fue una advertencia del actual piloto presidencial Alexis Camarena. Luego de sufrir un desperfecto con el SAN-100 mientras trasladaba a diplomáticos de la embajada de Japón y funcionarios del Ejecutivo, Camarena presentó a la Dirección de Operaciones del SAN –el 8 de febrero de 2007– un informe en el que sugería no utilizar esta aeronave para trasladar personas de alto perfil.

Ese informe fue entregado a este diario por un funcionario activo del SAN y chequeado –antes de la difusión– con otros funcionarios de la misma institución.

Nunca el Gobierno remitió esta información al Ministerio Público, encargado de investigar la tragedia.

¿El argumento de los funcionarios de Martín Torrijos? Que ese informe era administrativo y que no tenía relación con el accidente.

Tres días antes de publicar el informe, este diario se comunicó con Gordon para conocer su versión del documento. En ese momento, el funcionario dijo que desconocía el informe y prometió buscarlo en sus archivos y devolver, entonces, la llamada. Nunca lo hizo.

72 horas después de publicado el reportaje, el Gobierno presentó en conferencia de prensa otro informe de Camarena similar al publicado por este diario, aunque con una diferencia: el piloto de Torrijos recomendaba no utilizar el SAN-100 hasta tanto no se arregle el desperfecto que lo obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en un potrero en la provincia de Veraguas.

El Ejecutivo –utilizando como vocero principal al viceministro de Seguridad Pública, Rodrigo Cigarruista– aprovechó esa rueda de prensa para acusar a este medio de “adulterar” el informe de Camarena. Las fuentes de La Prensa, por su parte, ratificaron la validez del primer informe publicado.

Cigarruista también invitó a este diario a utilizar la ley de acceso a la información para profundizar sus escritos.

La Prensa pidió, entonces, por la Ley de Transparencia la bitácora de vuelo y el libro de mantenimiento del SAN-100. El 24 de septiembre pasado el Gobierno se negó a hacer pública esa documentación. Aún resta que el Gobierno conteste otros dos pedidos de acceso de información.

Luego de desacreditar a este medio de comunicación, el Ejecutivo presentó una denuncia penal para que se investigue quién adulteró –según su versión– el informe de Camarena. El primero que llegó hasta el despacho de la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, fue el propio Camarena. Declaró varias veces y dijo que reconocía como propio el informe del Gobierno.

En medio de la polémica, según fuentes del SAN, se publicó en el boletín interno de la institución el ascenso de Camarena de mayor a subcomisionado. El Gobierno dijo, por su parte, que ese trámite es anterior al escándalo. Y le puso fecha: julio último.

EL INFORME ISRAELÍ

El lunes 22 de agosto pasado, este diario volvió a publicar documentación relacionada con el SAN-100. Esta vez fue un informe preliminar que la empresa Israel Aerospace Industries presentó al Gobierno en enero de 2008. Es decir, solo cinco meses antes del accidente. Ese informe –que cuenta con más de 35 páginas– incluye un detalle técnico de los arreglos que necesitaba la flota de helicópteros marca Bell del SAN y un presupuesto para su ejecución.

Dentro del análisis se incluyó al SAN-100. Según los israelíes –uno de las empresas más grandes de la industria de defensa– esa aeronave necesitaba reparaciones estructurales y, por lo menos, cambiar o reparar 10 piezas de los instrumentos de vuelo y los sensores que miden la actividad de los motores. De nuevo, se llamó con siete días de anticipación al Gobierno para conocer su versión. Gordon prometió una entrevista que nunca concretó y el propio vocero presidencial, Erich Rodríguez Auerbach, se comprometió a gestionar una cita.

Al final, Gordon pidió que se envíen las preguntas por correo electrónico al Ministerio de Gobierno y Justicia. Daniel Delgado Diamante tendría la última palabra.

Se enviaron ocho preguntas sobre el informe israelí varios días antes de la publicación, pero ningún funcionario las contestó.

El reportaje se publicó el lunes pasado. Y el Gobierno repitió la estrategia y los personajes: 24 horas después de la publicación, Cigarruista, Gordon y Fábrega se presentaron en una rueda de prensa para desacreditar el informe de la Israel Aerospace Industries. Dijeron que solo era una “propuesta comercial” e insistieron en que la culpa de la tragedia recaía en el fallecido piloto Juan Delgado.

También aclararon que se había contratado a una empresa canadiense para llevar adelante los arreglos que necesitaban los helicópteros. Pero, lo que no dijeron, es que ese contrato –por unos 10 millones de dólares– se aprobó sin licitación el 2 de julio pasado. Es decir, después del accidente del SAN-100.

No se pudo saber más: el trío de funcionarios solo permitió una pregunta por medio, y cuando este diario se disponía a preguntar las ocho interrogantes que había enviado por correo electrónico –y que nadie contestó–, Cigarruista lo cortó: “En este salón no vamos a entrar a deliberar como si esto fuera un juicio”, y luego insistió en que solo aceptaría una pregunta.

Otro informe. Otra negativa a atender a los medios. Otra rueda de prensa. Otra vez la desacreditación.

REACCIÓN CHILENA

En Chile, mientras tanto, el abogado de la familia del fallecido jefe de Carabineros de Chile, Álvaro Baeza, confirmaba –el 23 de septiembre pasado– que tenía en su poder el informe de los israelíes hacía más de 60 días. Y que, además, le daba “100 por ciento de validez” a sus consideraciones.

Lo mismo hizo un día después el propio hijo de Bernales, Alejandro Bernales, quien dijo: “No podría decir cuáles son las bases del Gobierno panameño para desmentir el informe. Nosotros lo tenemos, lo recibimos y la verdad es que el informe muestra lo que mostraba el diario [La Prensa]: que es que una empresa israelí hizo este análisis, con una serie de piezas faltantes” del SAN-100.

El patrón que siguió el Gobierno ante la publicación de los dos informes –el de Camarena y el de la empresa israelí– fue el mismo: no atendieron al medio antes, y con el reportaje publicado se concentraron en desacreditar a este diario y a los documentos.

Delgado Diamante –la última vez que se refirió al tema el jueves pasado– dijo que el Gobierno no puede pasarse “todo el día respondiendo”. Y, a la vieja usanza del ex dictador Manuel Antonio Noriega, completó: “A gente que está interesada en hacerle daño al Gobierno, a la sociedad, a la investigación y al país”.

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