Mañana: Café con La Prensa sobre la reestructuración de la ciudad de Panamá

hacinamiento y pobre salud, los principales problemas en las cárceles

Se incumplen derechos

La Defensoría del Pueblo denuncia que, pasados siete años desde su promulgación, el Estado incumple con varios programas establecidos en la ley penitenciaria.

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La separación de la población carcelaria, la puesta en marcha en forma masiva de los proyectos de resocialización y la instalación del patronato de ayuda pospenitenciaria son algunas de las medidas que el Sistema Penitenciario debía haber cumplido para 2010, pero no lo ha hecho, denunció la directora de la Oficina de los Derechos del Privado de Libertad de la Defensoría del Pueblo, Sharon Díaz.

Según la funcionaria, desde 2003 (Ley 55 de 2003) se establecieron esas medidas, las cuales deberían estar vigentes y trabajando de forma continua, pero “hay un incumplimiento de derechos en materia penitenciaria”.

“Actualmente, no más del 5% de la población participa en proyectos de rehabilitación”, agregó Díaz. Esto ocurre, explicó, porque el Sistema no tiene el personal suficiente para evaluar el comportamiento de los presos y su posible incorporación a programas de estudio o trabajo.

Esta situación repercute también en el tema del hacinamiento. Al no poder trabajar o estudiar, los privados de libertad no tienen acceso a conmutaciones de pena, lo que obliga al sistema a mantenerlos encerrados hasta el final de su condena.

“El 40% de la población está condenada y si pudiera trabajar o estudiar, 30% tendría posibilidad de conmutar sus penas”, dijo Díaz.

La funcionaria agregó que, tal como están las cosas, el sistema no trabaja para resolver el hacinamiento y las pobres condiciones de salud de los privados de libertad.

Sobre la clasificación de presos, Díaz señaló que separándolos se utilizaría mejor el espacio. “Una clasificación simple: condenados y los detenidos de forma preventiva”, sugirió. El problema, sin embargo, es que el fenómeno de las pandillas dificulta esta separación, admitió .

La funcionaria de la Defensoría denunció el lunes que José Raúl Mulino –ahora ministro de Seguridad Pública– nunca convocó al Consejo de Política Penitenciaria, que debía ser consultado sobre programas de rehabilitación y presentar recomendaciones sobre infraestructura carcelaria.

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