camino de cruces.

La lucha jurídica por un bosque

La asociación de residentes de Clayton empieza la última batalla legal para conservar un área protegida.

TRABAJOS. De acuerdo con los residentes de Clayton, P&P comenzó a talar los bosques que pertenecen al área protegida. TRABAJOS. De acuerdo con los residentes de Clayton, P&P comenzó a talar los bosques que pertenecen al área protegida.
TRABAJOS. De acuerdo con los residentes de Clayton, P&P comenzó a talar los bosques que pertenecen al área protegida.

La Asociación de Propietarios y Residentes de Clayton (Aprecla) sigue su lucha en defensa de los bosques del Parque Nacional Camino de Cruces. Eso, mientras el empresario Carlos Pasco avanza en los trabajos de construcción de un proyecto inmobiliario en el lote boscoso CL43.

Dos semanas después que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia levantara la suspensión provisional que pesaba contra una resolución del Ministerio de Vivienda (Mivi) sobre cambios de zonificación en las áreas revertidas, la empresa P & P de Pasco empezó los trabajos del proyecto.

Esto, porque la decisión de la Corte permitía a Pasco continuar con su obra al suspenderse la resolución del Mivi que la mantenía paralizada.

Sin embargo, los residentes de Clayton presentaron una reconsideración a la decisión de la Sala Tercera que hasta ayer no había sido resuelta. Este nuevo recurso aplazó la decisión final de la Corte hasta que se resuelva la reconsideración, por lo que para Carlos Varela, abogado de Aprecla, no se podía iniciar la construcción.

Pero no fue así. El fin de semana pasado los residentes de Clayton se sorprendieron al ver que la empresa empezó a talar los bosques. Inmediatamente iniciaron un proceso para defender la zona.

Ingrid Aguilar presentó el pasado lunes 17 de septiembre, ante la Autoridad Nacional del Ambiente, una denuncia por la tala indiscriminada de bosques en Clayton.

Mientras que ayer, Varela, en representación legal de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, presentó ante el pleno de la Corte una advertencia de inconstitucionalidad en contra del Artículo 2 de la ley número 12 de febrero de 2007.

Esta ley modificó la Ley 21 del 2 de junio de 1997 y permitió que los cambios de uso de suelo en las áreas canaleras puedan hacerse a través de resoluciones del Mivi, al tiempo que les daba carácter de retroactividad a las aprobadas desde 1997.

Fue precisamente esa norma por la que la Corte decidió levantar la suspensión de la resolución del Mivi que modificó el uso de suelo del lote CL43 y dejó abierta la posibilidad de que Pasco construyera su proyecto.

Varela dijo que eso es inconstitucional, porque solo las leyes de interés social pueden ser retroactivas. "A menos que el Mivi esté haciendo leyes".

Se intentó conocer la versión de Pasco, pero no fue posible.

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