SE MANEJARON TRANSFERENCIAS HASTA POR 58 MILLONES DE DÓLARES

Los negocios de la Iglesia costarricense en Panamá

La Fiscalía costarricense solicitó asistencia a las autoridades locales en un caso de supuesta intermediación financiera ilegal, que también involucra a cuatro sociedades en Panamá.

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LA CÚPULA. Momentos en que monseñor Ángel San Casimiro, tesorero de la Conferencia, José Francisco Ulloa, ex-presidente, y el monseñor Hugo Barrantes, actual presidente de la institución, dan su versión sobre el escándalo. Cortesía del diario Al Día de Costa Rica LA CÚPULA. Momentos en que monseñor Ángel San Casimiro, tesorero de la Conferencia, José Francisco Ulloa, ex-presidente, y el monseñor Hugo Barrantes, actual presidente de la institución, dan su versión sobre el escándalo. Cortesía del diario Al Día de Costa Rica

LA CÚPULA. Momentos en que monseñor Ángel San Casimiro, tesorero de la Conferencia, José Francisco Ulloa, ex-presidente, y el monseñor Hugo Barrantes, actual presidente de la institución, dan su versión sobre el escándalo. Cortesía del diario Al Día de Costa Rica

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Otro escándalo financiero toca a Panamá, pero esta vez su origen no es Colombia y la red de empresas de David Murcia Guzmán, sino la Iglesia católica de Costa Rica.

Este caso de presunta intermediación financiera ilegal tiene sus raíces en Costa Rica y la principal figura investigada es la Conferencia Episcopal de ese país centroamericano.

En el escándalo se encuentran cuatro sociedades anónimas creadas en Panamá que ejercían el movimiento de capitales y otras inversiones que se adjudican a la Iglesia católica en Latinoamérica.

La investigación la adelanta la Fiscalía Especializada en Fraudes de Costa Rica que pidió a la procuradora general de ese país, Ana Lorena Esquivel, que solicite formalmente asistencia legal mutua a su homóloga en Panamá, la procuradora Ana Matilde Gómez.

En la solicitud de asistencia legal a Panamá se pide ubicar los domicilios y se levante el secreto bancario sobre las cuentas de las sociedades panameñas Sarita Traiding, Servicios Pastorales Latinoamericanos, Indalia Holding y Servicios Bursátiles Internacionales, que supuestamente ejercían la intermediación financiera en combinación con la Conferencia Episcopal de Costa Rica (Cecor).

“Indicar en qué bancos del sistema bancario panameño esas sociedades poseen cuentas u otro tipo de producto bancario, indicarnos quiénes son los facultados para girar en las cuentas corriente y de ahorros, proporcionar los movimientos históricos de esas cuentas a partir de 2004 a la fecha”, sostiene la solicitud de asistencia legal.

Las cuatro empresas estaban registradas en Panamá como compañías dedicadas a comprar, vender y negociar toda clase de artículos de consumo, acciones de capital, bonos y valores, y compra y ventas de bienes muebles o inmuebles.

La ley orgánica del Banco Central de Costa Rica establece sanciones hasta por seis años de prisión a los que realicen intermediación financiera sin estar autorizados, o para que él permita que, en sus oficinas, se realicen tales actividades no autorizadas.

La Fiscalía Especializada en Fraudes de Costa Rica sostiene que Cecor trasladó dinero de sus inversionistas a sociedades panameñas, a pesar que la Superintendencia General de Entidades Financieras tica había ordenado paralizar esa actividad por ilegal.

Según información del expediente que lleva esta fiscalía, y que forma parte de la asistencia judicial remitida a Panamá –a la que tuvo acceso este diario–, Cecor tenía inversiones en Servicios Pastorales Latinoamericanos S.A., en Panamá, por 58.9 millones de dólares al mes de marzo de 2008.

Sin embargo, la red de empresas vinculadas a Cecor trató de borrar sus huellas antes que las investigaciones judiciales se trasladaran a Panamá.

El 29 de enero de este año la sociedad Servicios Pastorales Latinoamericanos fue disuelta, mientras que el 20 de febrero renunciaron todos los dignatarios de la sociedad Sarita Traiding, según consta en la documentación del Registro Público de Panamá.

La desarticulación de estas empresas se da en medio de la solicitud de asistencia legal a las autoridades panameñas y del levantamiento del secreto bancario.

Álvaro Alemán, representante de la firma de abogados Icaza, González, Ruiz & Alemán, aceptó que ellos organizaron la constitución de estas sociedades.

“Conocemos de esta investigación, pero como agentes residentes no incidimos en las actividades de la empresa”, dijo Alemán, que también negó que hayan participado en la cancelación del registro de la empresa Servicios Pastorales Latinoamericanos.

El Ministerio Público de Panamá confirmó que recibió la solicitud de las autoridades costarricenses, y que la misma está en trámite en la Fiscalía Tercera de Circuito que está a cargo de Lourdes Cedeño de Herrera.

De las cuatro empresas a las que la fiscalía ha pedido investigar en Panamá, solo una estaba registrada en el directorio telefónico: Servicios Bursátiles. Pero el número de teléfono ya fue desconectado.

La Iglesia se defiende de las acusaciones

Mediante un comunicado, Cecor salió a explicar, recientemente, que la sociedad panameña “Servicios Pastorales Latinoamericanos” fue constituida con la asesoría de expertos calificados en temas financieros con el objetivo de manejar dinero de instancias de la Iglesia católica en algunos países de Latinoamérica.

Aceptó que luego de investigaciones de la Superintendencia de Entidades Financieras de Costa Rica se replanteó la estructura administrativa de los bienes de la Iglesia, “y como consecuencia de ello se tomó la decisión de cerrar dicha sociedad, lo que efectivamente se hizo”. “Cecor reitera su interés en que el Ministerio Público concluya prontamente su investigación para que los hechos se esclarezcan y la verdad salga a la luz pública”, sostiene en el comunicado.

Sin embargo, Cecor rechazó la orden de levantamiento del secreto bancario sobre sus actividades en Costa Rica asegurando que se dictó sin la debida “fundamentación jurídica”. “La orden es genérica y no se limita a los movimientos de las personas físicas y jurídicas que se investigan. Con ese proceder, se lesionan derechos de terceras personas que nada tienen que ver con los hechos investigados”, afirma Cecor en su último pronunciamiento sobre el tema.

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