IMPUNIDAD. LOS IMPEDIMENTOS PARA INVESTIGAR A LA CORTE SUPREMA.

Una prueba imposible

A pesar de la documentación aportada por los denunciantes, se alega la inexistencia de pruebas. Para sustentar uno de los casos denunciados, se adjuntó documentación proveniente de Colombia.

CONDENA A LIBERADA. Parte de la documentación solicitada por el Ministerio Público a Colombia y presentada como prueba en la denuncia contra los magistrados, en relación al caso de la colombiana Lorena Henao Montoya. CONDENA A LIBERADA. Parte de la documentación solicitada por el Ministerio Público a Colombia y presentada como prueba en la denuncia contra los magistrados, en relación al caso de la colombiana Lorena Henao Montoya.
CONDENA A LIBERADA. Parte de la documentación solicitada por el Ministerio Público a Colombia y presentada como prueba en la denuncia contra los magistrados, en relación al caso de la colombiana Lorena Henao Montoya.

"A los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no se les puede investigar". Así de contundente fue la afirmación del diputado del Partido Revolucionario Democrático y miembro de la comisión legislativa de Credenciales, Jerry Wilson Navarro, durante su intervención en uno de los programas matutinos de opinión.

La sorprendente sentencia se produjo justo después de que uno de los asesores de la Asamblea, José Rigoberto Acevedo, negara la viabilidad de la denuncia presentada por un amplio abanico de organizaciones de la sociedad civil contra ochos magistrados de la Corte. La razón: ausencia de la llamada "prueba sumaria".

La opinión de Acevedo y del equipo de asesores legislativos desató la inmediata avalancha de críticas del diputado Wilson contra los denunciantes. "Nadie le ha dado a la sociedad civil la facultad de erigirse en adalid de la libertad y la democracia (...) han establecido un juego absurdo y peligroso, porque con estas actuaciones buscan desestabilizar el país", fueron algunos de los comentarios del ex presidente de la Asamblea y magistrado de la Corte durante la dictadura militar.

Los interrogantes

"¿Por qué se limitan a negar la existencia de la prueba sumaria, en lugar de examinar las presentadas y explicar las razones por las que no cumplen con esa característica?", se preguntaban varios de los perplejos denunciantes, entre los que estaba la directora ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo.

El comentario de Castillo hacía alusión a las pruebas que acompañaron la denuncia y que, al parecer, serán descartadas por los diputados: grabación de las declaraciones del magistrado Adán Arjona hechas el 3 de marzo de 2005 y que propiciaron la reacción de la sociedad civil e incluso la del Ejecutivo al crear el Pacto de Estado por la Justicia; copia autenticada de los seis fallos del pleno de la Corte Suprema de Justicia que sustentan la denuncia; copia autenticada de la auditoría de los mencionados fallos, realizada por la Alianza Ciudadana Pro Justicia y hecha pública el 19 de septiembre pasado, y copia autenticada de la vista fiscal emitida por las autoridades colombianas a petición del Ministerio Público panameño en el caso de Lorena Henao Montoya, así como la copia autenticada de la sentencia que la condena. Igualmente los denunciantes solicitan a los diputados que citen al magistrado Arjona.

¿Prueba sumaria?

La Constitución asigna a la Asamblea Nacional la función de juzgar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuando sean denunciados por "actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones...".

Esta norma constitucional es desarrollada en el Código Judicial que establece dos requisitos para la denuncia: que la formalice un ciudadano y que adjunte la "prueba del hecho". Nada se dice del ahora popular concepto de "prueba sumaria".

El Código Judicial define el concepto de prueba sumaria al regular los procesos contra los servidores públicos; así se dice que se trata de "cualquier medio probatorio que acredite el hecho punible". O dicho en castellano, el delito.

El mismo código lista los llamados medios probatorios que incluyen, por supuesto, los documentos y los testigos.

"Quien tiene poder de citar a los testigos son los juzgadores que, en este caso, serían los diputados (...) son ellos los que deben citar al magistrado Arjona para que explique con detalle lo que declaró", comentó la directora de Alianza Ciudadana Pro Justicia.

La abogada explica que la denuncia se hizo con el apoyo de un grupo de penalistas que prefiere el anonimato por temor a represalias en los tribunales, atendiendo todos los requerimientos formales para evitar justamente lo que parece ahora inminente: la negativa de los diputados a verificar si los magistrados de la Corte dejaron de aplicar la ley en el ejercicio de sus funciones.

Relacionado: Los inútiles 28 tomos del caso Henao Montoya

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