REFORMAS. Órgano Judicial busca adecuarse a nuevo sistema.

La prueba judicial

Aprueban un mecanismo para someter a funcionarios judiciales a una evaluación de desempeño del cargo que se les ha asignado. El primer grupo: magistrados y jueces penales.

MEDIDA. La nueva orden del pleno de la Corte ha ocasionado temblores en el aparato judicial. LA PRENSA/Archivo MEDIDA. La nueva orden del pleno de la Corte ha ocasionado temblores en el aparato judicial. LA PRENSA/Archivo
MEDIDA. La nueva orden del pleno de la Corte ha ocasionado temblores en el aparato judicial. LA PRENSA/Archivo

El Órgano Judicial da los pasos para adecuar su sistema a las nuevas disposiciones que trae consigo poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal, que entrará en vigencia en septiembre próximo, un año después de su aprobación.

Diez meses antes de que ello ocurra, el pleno de la Corte Suprema de Justicia –cabeza del Órgano Judicial– aprobó un mecanismo para someter a sus funcionarios a una evaluación de desempeño del cargo que se les ha asignado.

Se trata del acuerdo No. 625 de 9 de octubre de 2008, que modifica una disposición que data de septiembre de 1991, en la que se aprobó el reglamento de carrera judicial. La iniciativa fue refrendada por los nueve magistrados que integran la Corte Suprema, en su reunión del pasado jueves 13 de noviembre.

La propuesta ha generado temblores subterráneos en el aparato de justicia porque, de los resultados de esa evaluación dependerá, entre otros puntos, la estabilidad de los servidores públicos y un aumento salarial.

Antecedentes

En la cámara legislativa reposa desde el año pasado una propuesta que enmienda, de manera parcial, la carrera judicial aprobada bajo la administración de Carlos Lucas López, primer presidente de la Corte (1990-1993) tras la caída del régimen castrense.

El proyecto, impulsado por la entonces magistrada presidenta de la Corte, Graciela Dixon, deja a libre nombramiento y remoción cargos que fueron previamente ganados en un concurso organizado por el propio poder judicial.

Por ejemplo, quedan excluidos de la carrera judicial posiciones tales como directores, subdirectores y titulares de las secretarías y subsecretarías del Órgano Judicial. La salida de Dixon de la corporación de justicia pareció coincidir con la disminución de la velocidad con que la cámara legislativa abordaba el tema.

Llegó enero del año 2008 y Harley Mitchell asumió la presidencia de la Corte. Nueve meses más tarde, el nuevo magistrado presidente hace públicas las primeras pinceladas del futuro acuerdo.

En repuesta a una consulta en torno a las razones que habían retrasado un aumento de salario escalonado de los jueces, Mitchell condicionó el incremento a una evaluación previa del desempeño de esos servidores.

Y es que bajo la administración de Dixon, los jueces lograron que la Asamblea Nacional les otorgara un aumento salarial que se haría efectivo en tres partidas: 2007, 2008 y 2009.

Ese incremento permitiría, según los beneficiados, obtener un salario que corresponda al 60% del emolumento que reciben los magistrados de tribunales (superiores jerárquicos de los jueces), como lo establece la ley. Hoy un magistrado de tribunal superior devenga un salario de 6 mil dólares mensuales.

La evaluación

En el nuevo acuerdo del pleno de la Corte se establece que todos los funcionarios pertenecientes al sistema de carrera judicial –cerca de mil 250– serán sometidos, cada seis meses, a evaluación de su desempeño (ver nota relacionada).

Allí mismo se fijaron las variables que serán examinadas al momento de aplicar la evaluación, que, según sus impulsores, busca “establecer y medir” el nivel de “eficiencia” del funcionario y su conducta personal.

A saber: calidad de las sentencias; rapidez en el trámite de los casos; calidad del servicio/atención de los usuarios; resoluciones idóneas; calidad del proceso judicial y administrativo; productividad del juez y su juzgado; productividad del personal de apoyo; clima laboral y “competencias conductuales”.

Los resultados, según el acuerdo, serán considerados en la toma de decisiones relacionadas con la permanencia, concursos, traslados, ascensos, licencias, becas, capacitaciones; otorgamiento de incentivos económicos y honoríficos, amén de aquellas materias en las que sea relevante la “cualificación del profesional y el desempeño en el cargo”.

Tras la aprobación de este sistema de evaluación, el primer grupo al que se le aplicará será al de los magistrados y jueces de la jurisdicción penal, la misma que sufrirá grandes cambios con la entrada a regir del nuevo Código Procesal Penal.

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