Otro revés para víctimas del bus

Este año, la Sala Tercera ha rechazado 4 de las 14 demandas presentadas por las víctimas de la tragedia.

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RESULTADO. 18 personas murieron carbonizadas en el incendio del autobús 8B-06. LA PRENSA/Archivo RESULTADO. 18 personas murieron carbonizadas en el incendio del autobús 8B-06. LA PRENSA/Archivo
RESULTADO. 18 personas murieron carbonizadas en el incendio del autobús 8B-06. LA PRENSA/Archivo

La Sala Tercera de la Corte Suprema mantuvo su posición y por cuarta vez rechazó una demanda contencioso administrativa de indemnización interpuesta por abogados de tres de las víctimas de la tragedia del bus 8B-06, ocurrida el 23 de octubre de 2006 en la que murieron 18 pasajeros.

En esta ocasión se trata de la demanda presentada por el abogado Carlos Gavilanes en representación de Jorge Luis Núñez Mc Claren, Margarita Sepúlveda y su hijo menor de edad.

Los demandantes pidieron que se condene a la Autoridad de Tránsito y al Banco Nacional al pago de $5 millones en concepto de daños y perjuicios –morales y materiales– causados por el mal funcionamiento de los servicios públicos.

Sin embargo, el fallo de la Sala, bajo ponencia del magistrado Víctor Benavides, señaló que no hubo irregularidades en la prestación del servicio público de transporte de pasajeros por parte del Estado en los términos expuestos por el demandante, “razón por la cual no existe responsabilidad extra-contractual estatal”.

“...Están ante una concesión de servicio público y su explotación la hace el concesionario por su cuenta y riesgo; y el daño no es producto de la falta de regulación y control estatal”, dice el fallo.

“Sí hubo, por parte de las autoridades de la Autoridad de Tránsito en funciones al momento del incendio del bus con certificado de operación 8B-06, la alegada fiscalización y supervisión”, recalcó la Sala.

En la decisión también se advirtió que no hubo falla en la prestación del servicio por parte del Banco Nacional, “porque, si bien es cierto el banco tenía la facultad de inspeccionar los bienes dados en garantía a su favor, no es menos cierto que esta no constituye una obligación de la entidad, de acuerdo con la aplicación del artículo 32 del Decreto Ley 04 del 18 de enero de 2006, que subroga la Ley 20 de 1975”.

Además, la Sala reiteró que el Estado no es agente responsable por el daño o perjuicio causado a los denunciantes en este caso.

Este año, la Sala ha rechazado 4 de las 14 demandas que han interpuesto los afectados por la tragedia.

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