ENTREVISTA. FISCAL GENERAL DE COLOMBIA.

Con la vida en permanente peligro

El jefe del Ministerio Público piensa que todo menor infractor, debe pagar.

No hay un solo miembro de las FARC que no haya incurrido en el delito del narcotráfico, afirma.

RIESGO.El fiscal general, Mario Iguarán, confiesa que algunas veces ha sentido miedo. RIESGO.El fiscal general, Mario Iguarán, confiesa que algunas veces ha sentido miedo.
RIESGO.El fiscal general, Mario Iguarán, confiesa que algunas veces ha sentido miedo.

Siempre se dice lo mismo: que la gente chiquita tiene un carácter fuerte, un genio indomable. Este caso no es la excepción. El procurador general de Colombia, Mario Germán Iguarán, es un pequeño gigante, pues es el hombre encargado de combatir lo peor del crimen organizado en Latinoamérica: "el narcoterrorismo".

"No hay un miembro de las autodefensas y de la guerrilla, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que no hubiese incurrido en narcotráfico", dijo sin temor el fiscal general.

Y es que las autodefensas y las guerrillas de las FARC "son narcotraficantes"; por eso, seguramente, es que no hemos podido vencerlas a través de las estrategias militares, porque se alimentan de ese flagelo, aseguró.

Para el alto funcionario "el narcotráfico es la causa de todos nuestros males".

De ahí que "nosotros utilizamos la expresión el ‘narcoterrorismo’ cuando nos referimos a las actividades de estos grupos armados al margen de la ley", explicó.

Iguarán es un hombre sencillísimo, que demuestra seguridad y valentía cuando habla, aunque algunas veces, según el mismo declara, siente miedo, "pero un miedo que inmediatamente se transforma en un mínimo de coraje" para seguir adelante en su lucha contra la criminalidad en su país.

Estuvo en Panamá hace pocos días, donde participó, como expositor, en un congreso organizado por el Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal.

-Fiscal, ¿en qué momentos ha sentido miedo?

-¿Miedo? Algunas veces. He sentido miedo cuando he tenido que enfrentar a los familiares de varios fiscales que han asesinado durante mi gestión. Siento miedo cuando no encuentro las palabras para expresarme cuando estoy delante de ellos. Hace poco asesinaron a la hija de un fiscal, de tan solo 11 años, de un disparo por la espalda. En momentos como esos he sentido miedo.

- En los últimos años, en Colombia han ganado gran protagonismo instituciones de control o de defensa de derechos ciudadanos como la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo. ¿Por qué eso, acaso porque el Estado no está cumpliendo a cabalidad con su misión y las instituciones críticas del mismo sistema son bien recibidas por los ciudadanos?

-Yo diría, en primer lugar, que ese protagonismo de los órganos de control, se debe al compromiso que han adquirido estos de cumplir con su tarea. En segundo lugar, por la apertura de los gobiernos en los últimos años para que se le someta al examen, al control, y, en tercer lugar, porque se ha creado una cultura, una conciencia en los ciudadanos de la existencia de estas instituciones. No es descabellado decir que hace unos años el ciudadano desconocía la existencia de estos organismos. No es desfasado, no es atrevido, no es temerario decir que de pronto algunos gobiernos no eran tan abiertos al control y creo que esa es la razón.

-¿Esos organismos de control se han vuelto una piedra en el zapato para el Gobierno de Colombia?

-Todo lo contrario, porque el propio Gobierno invita a que se le controle, de ahí que lo que vemos es un gobierno, un Estado, digamos, en sentido restringido, abierto a que se le examine, se le controle y se le observe.

-Los funcionarios que encabezan organismos de control son nombrados por el Congreso de la República. ¿Pueden ser realmente independientes cuando la clase política los nombra?

-En lo que tiene que ver con las fiscalías, en concreto con el fiscal general, mi calidad, tengo que decir que ciertamente me designó el Presidente de la República, pero quien me eligió fue la Corte Suprema de Justicia. Hay, pues, una participación de los distintos órganos o ramas del poder público en la selección del fiscal general; así es que concluyo que, en mi caso, no pendo ni dependo de ningún poder. Pero creo que los hechos son los que tienen que hablar.

-¿El actual proceso de paz con los grupos paramilitares está llevando realmente al fin del paramilitarismo en Colombia, como dice el presidente Uribe?

-Ya se agotó el proceso de movilización de más de 15 mil hombres de las autodefensas conocidas como paramilitares. De lo que se trata ahora es de someterlos judicialmente. Tenemos un instrumento que es la Ley de Justicia y Paz ideado por el Congreso. Esa ley tiene los instrumentos para que se materialicen los valores de la justicia, de la verdad y de las reparaciones. Depende ahora de nosotros, los operadores jurídicos y políticos, que se cumpla la ley y se materialicen los valores de la justicia; que estas personas vayan a las cárceles, digan la verdad y podamos reparar de manera integral a las víctimas.

- ¿De cuántas personas estamos hablando que deberán ser procesadas?

-Hemos recibido un listado que contiene los nombres de más de dos mil 500 personas que pudieron haber incurrido en delito de lesa humidad en crímenes de guerra, que en principio serían merecedoras, de acuerdo con la legislación ordinaria, de penas de 40 años. Pero que si devuelven los bienes adquiridos ilícitamente, nos entregan a los secuestrados, nos indican dónde están los desaparecidos, desmantelan eficazmente la organización criminal a la que pertenecen, es decir, si reparan integralmente y nos dicen la verdad, con un mínimo de penas que se les aplique, de por lo menos ocho años, podríamos decir que hemos cumplido.

-¿Las víctimas de los grupos paramilitares conocerán algún día la verdad?, ¿sentirán que la justicia castigó a quienes violentaron a sus familiares?, ¿tiene usted esperanzas de que eso será así?

-La ley lo exige. Para conceder esa pena alternativa, es decir, la de ocho años, y no de 40 o más, es necesario que digan la verdad y que reparen.

-Procurador, ¿qué tan cerca ve usted la paz con la guerrilla?

-Como estamos viviendo el conflicto, de pronto no soy objetivo. Cada vez que hablan de paz con la guerrilla, la veo lejos; si la veo cerca termino seguramente en una ficción. Pero ahí están los instrumentos, las propuestas políticas, económicas, sociales y jurídicas como es la Ley de Justicia y Paz para que también los grupos armados al margen de la ley, calificadas como guerrilla, puedan también entrar en el proceso.

-Hace unos años un comandante de las fuerzas militares dijo que la corrupción en Colombia era un problema más grande que los grupos armados, ¿qué comentarios tiene al respecto?

-Nosotros tenemos problemas de corrupción y de corrupción administrativa que se unen a todos estos factores que nos llevan a tantas debilidades sociales, a tantas deficiencias económicas; por eso, así como es apremiante la lucha contra el narcoterrorismo, igualmente es urgente la lucha contra la corrupción, entre otras, la corrupción administrativa. Pero lo que hay que decir es que los índices de corrupción administrativa, que los hay, hoy por hoy no son los que en su momento se dieron en los países latinoamericanos.

-¿Hay verdadera sanción para los corruptos en Colombia?

-Procuramos hacerlo. Solo este jueves vinculamos mediante indagatoria a empresarios, gerentes y representantes legales de empresas transportadoras en Bogotá que, valiéndose de la negligencia de las autoridades administrativas del distrito, en particular de Tránsito, estaban defraudando el erario público.

Yo creo que todos los órganos de control, todos los procuradores tenemos que seguir enfilados en combatir la corrupción administrativa. Para quienes incurran en este delito no debería haber, por ejemplo, arresto domiciliario, sino que durante el proceso deben ir a las cárceles, porque ese es uno de los delitos que más ofende a la sociedad.

- ¿Piensa Ud. que los menores deben ser procesados como adultos cuando cometen delitos graves?

-Ahora mismo en Colombia hay un gran debate en el Congreso de la República sobre la ley referida a la responsabilidad penal de los adolescentes. Los menores de 18 años son inimputables en Colombia y eso no puede ser. Nosotros estamos ya a un último debate en el Congreso para establecer la responsabilidad penal de los menores. Naturalmente, esa medida, en principio represiva, tiene que ir acompañada de una estrategia educativa.

Yo creo que por lo que enseña la psicología, la sociología y, sobre todo, las estadísticas de la delincuencia de los adolescentes, es importante predicar, hoy por hoy, responsabilidad penal en los adolescentes... que peguen por lo que hacen.

- Sabemos que la figura del jurado de conciencia, aunque está establecida en la norma, en su país no se practica ¿por qué?

-Eso es así, entre otras razones, por el tema de la seguridad. En Colombia se ha dado una cultura de intolerancia frente a las autoridades judiciales.

Si las organizaciones criminales se atreven a agredir, a atemorizar, a amenazar y amedrentar a las autoridades, imagínese usted cuando sea ese ciudadano de bien el que decida la suerte de un criminal. Esa es la principal razón por la que no entran a funcionar los jurados en Colombia.

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