En Panamá hay una regulación burocrática y poco accesible al ciudadano

Según el estudio "Entorno Legal de las Organizaciones de la Sociedad Civil en Panamá", presentado este miércoles, en Panamá hay una regulación burocrática y poco accesible al ciudadano.

Con el objetivo de despertar el interés de la ciudadanía panameña en cuanto a la necesidad de mejorar la legislación del país con relación al derecho de asociación, la Alianza Ciudadana Pro Justicia con el apoyo del Centro Internacional para la Ley sin Fines de Lucro (ICNL) elaboró el estudio Entorno Legal de las Organizaciones de la Sociedad Civil en Panamá.

De acuerdo con Karla Pinder, quien llevó a cabo la investigación, el proceso duró cuatro meses, periodo en el que hubo una etapa de redacción y de consulta.  

En tanto, Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, dijo que el estudio reveló que en Panamá existen muchas restricciones al derecho de asociación.  A su juicio, en el país debe ser más sencillo poder asociarse, pero no será fácil debido a la actual legislación.

Este miércoles se presentaron los resultados de este estudio. Los investigadores informaron que, posteriormente, se determinará cuándo será propicio presentar propuestas de reformas al derecho de asociación al Gobierno.

EL ESTUDIO

Una regulación burocrática y poco accesible al ciudadano que se traduce en serios obstáculos al pleno ejercicio de la libertad de asociación; la intromisión de intereses políticos en los movimientos civiles; poca tendencia asociativa y apatía ciudadana; falta de cohesión del sector y políticas públicas que, más que propiciar la protección del derecho y su libre ejercicio, tienden a burocratizar, restringir y establecer imposiciones a quienes intentan organizarse son algunas de las limitaciones que enfrentan las organizaciones no gubernamentales (ONG) en Panamá, revela el citado documento.

El estudio está contenido en un documento de 45 páginas que abarca las regulaciones vigentes en el país, las diversas formas de asociación y lo que significa ser una ONG, actividades permitidas, obstáculos y retos, entre otros elementos.

Allí se destaca la importancia de la participación de sociedad civil en la vida pública en pocas palabras: “Fortalece la institucionalidad del Estado y el sistema democrático y se logra un diálogo constructivo entre ciudadano y el gobierno, y mayor credibilidad de los ciudadanos en la gestión pública”.

El marco de estudio fue restringido a las asociaciones u ONG, las cuales son definidas por Naciones Unidas como: “cualquier grupo de ciudadanos voluntarios, sin ánimo de lucro, que surge en el ámbito local, nacional o internacional, de naturaleza altruista y dirigidas por personas con un interés común”.

Esta definición, dice el estudio, enmarca una diversidad de asociaciones u organizaciones que se caracterizan por no formar parte del engranaje institucional del gobierno y, a pesar de lo variado de sus objetivos y actividades, su fin básico es el beneficio de la comunidad en general.

Al analizar las normas que regulan el procedimiento de reconocimiento de las ONG, el estudio remarca el hecho de que la exigencia de que una organización se constituya legalmente (Personería Jurídica) debería estar encaminada a fortalecer y salvaguardar las prerrogativas de este sector, a reconocerle como sujeto de derechos y deberes, mas no impedir la libre posibilidad de agruparse, asociarse y actuar de forma general.

“Sin embargo, el decreto ejecutivo que regula el reconocimiento con persona jurídica fija la prohibición de que entidades actúen en nombre propio sin haber sido debidamente reconocidas”, se lee en el informe. 

Otro aspecto que apunta el estudio como un obstáculo al desarrollo de las ONG es la cantidad de documentación exigida por las normas nacionales: solicitud de abogado, acta de constitución, estatutos, acta de aprobación de los estatutos, plan de trabajo a cinco años, entre otros.  “Es en muchos casos redundante, a nuestro juicio innecesaria, puesto que la intención y desarrollo de los objetivos y fines de la organización, pueden plasmarse de forma más simplificada y por tanto accesible al público y al ciudadano común”.

Un tercer elemento es la ausencia de un registro nacional único de las ONG y que los gobiernos no asignan los recursos necesarios para  aplicar los mecanismos de fiscalización. Se explica que a pesar de que el Registro del Ministerio de Gobierno fue establecido por ley para facilitar el control y fiscalización de estas organizaciones, antes de esa inscripción la asociación debe inscribirse en el Registro Público, en la sección de personas jurídicas y, además, el Ministerio de Economía y Finanzas mantiene un registro de las que están autorizadas para recibir donaciones deducibles de impuesto.  

Según el estudio, aunque la regulación panameña es “esencialmente no restrictiva”, dado que no existen “impedimentos formales” para que las organizaciones desarrollen actividades diversas, “ en la práctica, las actuaciones de los gobiernos  parecieran restringir las acciones de organizaciones   relacionadas específicamente con la incidencia pública, es decir, las que participan  en la gestión de  reformas de políticas públicas , esto lo podemos advertir por ejemplo, en el excesivo periodo de tiempo del proceso de reconocimiento jurídico u  otras solicitudes presentadas por organizaciones cuyas actividades refieren  a la gestión ciudadana de lo público, que en muchas ocasiones excede los términos comunes e incluso, transcurren años sin haber pronunciamiento al respecto”.

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