Advierten de riesgos por declaraciones confusas del Presidente

La credibilidad del presidente de la República, Ricardo Martinelli, se pone en juego cuando este emite su opinión sobre determinado tema y, posteriormente, la Presidencia...

La credibilidad del presidente de la República, Ricardo Martinelli, se pone en juego cuando este emite su opinión sobre determinado tema y, posteriormente, la Presidencia –a través de la Secretaría de Comunicación del Estado– informa que lo dicho por el mandatario fue malinterpretado.
Tal advertencia fue hecha hoy por políticos y por el expresidente del Consejo Nacional de Periodismo, Guillermo Antonio Adames, quien explicó que “la declaración, si la da un ciudadano cualquiera no tiene mayor importancia, pero ya cuando es el jefe del Estado sí tiene sus repercusiones”. 
“Hay que tener sumo cuidado sobre todo por el tema de la credibilidad”, recalcó Adames.
El planteamiento surgió debido a las versiones opuestas sobre el futuro del actual administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Salomón Shamah. En un evento que se realizó la tarde de ayer, en la cinta costera, el Presidente anunció que “una mujer" dirigirá esa entidad; horas más tarde (9:05 p.m.) la Secretaría de Comunicación del Estado emitió un comunicado en el que se indica que “Shamah se mantiene en la ATP”. 
“El Presidente aclara a través de este comunicado que sus palabras no significan que se haya considerado, en algún momento, cambiar al ministro de Turismo, Salo Shamah”, se indica en el boletín oficial. 
Durante su encuentro con los periodistas, Martinelli habló de varios temas: la cinta costera, el proyecto de la torre financiera, política y también mencionó el caso de la ATP. Escuche el audio en www.prensa.com
Riesgos 
Pero más allá de este caso concreto, lo ocurrido llama la atención porque –a juicio de los consultados– no es la primera vez que algo así sucede. En el pasado, miembros del gobierno han salido a “explicar” las declaraciones del mandatario panameño. 
Al respecto, Milton Henríquez, presidente del Partido Popular (PP), indicó que este es un “gobierno que constantemente se contradice”. Señaló que además de la contradicción entre el Presidente y su equipo de comunicación, existe “un problema de índole administrativo” que se constituye en un “desorden monumental, con el que el Gobierno afecta la gestión pública de todos los panameños”. 
Según Henríquez, en este caso reciente lo que la Secretaría de Comunicación del Estado “no puede hacer es decir que el Presidente no va a cambiar a nadie porque nunca lo ha dicho, cuando existe una grabación donde el mismo Presidente lo ha dicho”. 
“No hay coherencia ni orden” cuando en un boletín de prensa desmienten las declaraciones dadas por el mandatario de un país, enfatizó. 
En tanto, el abogado constitucionalista, Miguel Antonio Bernal dijo que lo actuado por el Gobierno “evidencia un actitud de burla y de irrespeto, más que para con los periodistas y la opinión pública, con el derecho a la información [de todos los ciudadanos]”. 
De acuerdo con Bernal, el Ejecutivo está tratando de vender la idea “de que los comunicadores tergiversan las afirmaciones que emanan las altas autoridades”. 
Agregó que lo que sucede “es que no podemos pasar por alto, dentro del marco de la manipulación mediática que practica el Ejecutivo, los ataques a los comunicadores con amenazas, extorsiones, chantajes… ahora se entra en la fase de desmeritar la información que los periodistas divulgan, en base a declaraciones formuladas”. 
“La próxima fase será acusarlos [a los periodistas] de calumniadores o distorsionadores, características propias de gobiernos de corte autoritario”, concluyó Bernal. 
Justo el pasado sábado 14 de mayo, Martinelli convocó a un diálogo nacional con el que busca debatir el tema de la libertad de expresión. Para ello, el Presidente solicitó la participación del arzobispo metropolitano, José Domingo Ulloa, como mediador, con quien se reunió ayer, viernes.
Para las conversaciones, el Presidente instó al Colegio Nacional de Periodistas, al Sindicato de Periodistas y el Consejo Nacional de Periodismo a designar un representante en esta mesa. 
El llamado del Ejecutivo se dio luego de que gremios periodísticos nacionales denunciaran la existencia de una campaña de desprestigio contra varios periodistas.

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