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Condenan a 90 meses de cárcel a funcionarios de la CSS que transportaban droga en ambulancia

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La detención de los funcionarios se dio este viernes a la altura de la comunidad de San Juan, distrito de San Lorenzo, provincia de Chiriquí. La detención de los funcionarios se dio este viernes a la altura de la comunidad de San Juan, distrito de San Lorenzo, provincia de Chiriquí.
La detención de los funcionarios se dio este viernes a la altura de la comunidad de San Juan, distrito de San Lorenzo, provincia de Chiriquí. Especial para La Prensa/Flor Bocharel

Tras un acuerdo de pena, el juez de garantías del tercer distrito judicial de Chiriquí impuso una pena de 90 meses (7 años y 6 meses), a los ciudadanos, Víctor Morón Rodríguez de 36 años; Andrés Barragán Rodríguez de 24 años, y Eliécer Rodríguez Medina, de 37 años, por su responsabilidad en el delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de posesión agravada de sustancias ilícitas, en calidad de autor.

La audiencia de control se llevó a cabo este sábado, 12 de agosto de 2017, luego de que en el viernes 11 de agosto se les detuviera cuando transportaban 40 kilos de droga en una ambulancia del hospital de la Caja de Seguro Social en Soná, Veraguas, donde laboran los acusados.
 
Las autoridades dieron seguimiento a la ambulancia, luego de que recibieron información de que en ese vehículo se transportaba sustancias ilícitas. A la altura de la comunidad de San Juan, en el distrito de San Lorenzo,  provincia de Chiriquí, fueron interceptados por  funcionarios de la Dirección de Narcóticos, quienes comprobaron que en la parte de trasera llevaban dos bolsas plásticas con 40 paquetes de droga.
 
Durante la audiencia, Ninfa González, fiscal coordinadora de la sección especializada de Delitos Relaciones con Drogas de la provincia de Chiriquí, y el fiscal adjunto Eivar Valdés presentaron las evidencias que comprobaron la responsabilidad de estas tres personas con los hechos, por lo cual se les propuso el acuerdo de pena, que fue aceptado por los imputados.
 
La sentencia No. 296, del 12 de agosto de 2017, establece además la inhabilitación para ejercer funciones públicas a los hoy condenados, por un período de cuatro años, luego de cumplida la pena principal.

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