No fue una iniciativa del Gobierno dar a conocer todo lo que ocurrió con el SAN-100. Ni las propias autoridades del Ministerio Público tenían inicialmente la información requerida para esclarecer los hechos de aquel accidente del 29 de mayo pasado, en el que un viejo helicóptero del Servicio Aéreo Nacional (SAN-100) se precipitó sobre el barrio de Calidonia con doce personas a bordo, de las cuales murieron once, seis de ellas, chilenas.

Más de dos tercios de los panameños considera que el Gobierno oculta información. Prueba de ello es que fue La Prensa la que reveló documentos antes desconocidos.

Juegos de antaño, un conjunto de esculturas de bronce, con un peso de 35 toneladas, custodiado por el Servicio de Protección Institucional (SPI) y almacenado en un depósito ubicado en un concurrido parque público bajo la administración del Despacho de la Primera Dama, fue hurtado y nadie sabe ni ha visto nada. Aún así, hay sospechosos: el 13.9% menciona al actual gobierno en términos generales y el 7.4% da nombre propio: la administradora del parque Omar, Mingthoy Giro, conocida presentadora de televisión y organizadora de los carnavales capitalinos de 2007 y 2008.

De los cuatro aspirantes a la Presidencia de la República solo una –Balbina Herrera- defiende los cinco decretos ley que algunos sectores de la sociedad califican de militaristas.

Una eventual presidencia de Herrera, quien se ha declarado “hija del proceso” (la dictadura militar que se inició en 1968 con el golpe de Estado), es percibida como un retorno al militarismo o un peligro para la democracia por el 48.1% de los encuestados. El resto (38.1%), en cambio, considera que ella reforzaría la democracia o su gobierno sería civilista.

De un lado está el movimiento de oposición a los decretos ley, encabezado por la Red Democracia Ciudadana y los partidos opositores. De otro, el Gobierno y su candidata presidencial. Dos bandos claros.

El pueblo también está dividido en torno a los decretos ley: mientras que los que los rechazan abogan por la derogación (40.9%) los defensores exigen que se mantengan (37.4%).