TENDENCIA INTERNACIONAL ADVERTIDA POR NACIONES UNIDAS SE REFLEJA EN PANAMÁ

Aumentan pedidos de asilo

Cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados indican que en 2011 han pedido asilo en el país 848 personas.

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Cada día aumentan las personas que desde diferentes países del mundo migran hacia Panamá y solicitan refugio a las autoridades, lo que confirma una tendencia internacional sobre la cual alertó el pasado mes en Suiza el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Las cifras globales del Acnur dan cuenta de por lo menos 420 mil personas que al finalizar este año habrán pedido asilo en algún país del mundo, cifra que supera con creces las registradas por la organización durante los últimos ocho años.

De acuerdo con los registros internacionales, Estados Unidos, Francia y Alemania lideran la lista de países industrializados con mayores solicitudes de asilo. En el primero de los casos, las autoridades reportaron al Acnur 26 mil 400 solicitudes entre enero y junio de este año; en el segundo hubo 26 mil 100 solicitudes y en el tercero 20 mil 100 casos.

La mayoría de los solicitantes de refugio en esos países procede de naciones que tienen años en conflictos armados y otros problemas derivados de la pobreza, el clima y otros factores, como Afganistán, Túnez, Costa de Marfil y Libia.

En nuestras fronteras

En el caso del continente americano, cifras de la Dirección de Refugio del Acnur en Ecuador indican que, después de Estados Unidos, el propio Ecuador lidera las solicitudes de asilo durante el primer semestre de este año con 20 mil 473 casos, cifra que incluso superó la reportada por Alemania.

Le sigue Venezuela, donde hubo mil 589 solicitudes; y Panamá, con 848 casos.

Las cifras locales reportadas por el Acnur reflejan inclusive un aumento de por lo menos 247 casos en relación con el año 2010, cuando 601 extranjeros llegaron al país y pidieron asilo al gobierno del presidente, Ricardo Martinelli.

Consultado sobre el tema y la tendencia internacional hacia el aumento de las solicitudes de asilo, el director de la Oficina Nacional para la Atención de los Refugiados (Onpar), Irvin Choy, explicó que en lo que respecta al caso panameño el fenómeno se relaciona fundamentalmente con el crecimiento que experimenta la economía desde hace unos siete años y que ha colocado al país en el radar de los inmigrantes americanos –y en algunos casos de otros continentes–, como un potencial destino para mejorar su calidad de vida.

Choy aclaró, en tal sentido, que la mayoría de las personas que solicitan asilo en el país no aplica para esa figura de acuerdo con lo establecido en la Convención de Ginebra y el Estatuto de Refugiados, pues realmente lo que vienen buscando es mejores condiciones económicas, y la salida de sus países no necesariamente se relaciona con fundados temores debido a persecuciones por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, que son, en líneas generales, las causas para el otorgamiento del asilo.

“La mayoría de estas personas es remitida al Servicio Nacional de Migración, pues al final lo que ellos requieren es sencillamente legalizar su estatus y a partir de allí obtener los permisos de negocios o trabajo necesarios para residir y ganarse la vida legalmente en el país”, precisó.

Cifras locales

De acuerdo con la Onpar, entre los meses de enero y octubre pasados, 506 ciudadanos extranjeros presentaron ante ese despacho solicitudes para la obtención del estatus de refugio y, de ese total, 46 lo obtuvieron previo visto bueno de la Comisión Nacional de Refugio.

Según los registros de la oficina, la gran mayoría de los solicitantes procede de Colombia y “esto se debe a la cercanía del país limítrofe y a los conflictos armados que confronta ese hermano país”.

Pero, además, la Onpar ha atendido 41 solicitudes de ciudadanos cuyas nacionalidades son incluidas dentro de la categoría de “extracontinentales”; a saber, de Afganistán, Bangladesh, Eritrea, India, Ghana, Nigeria, Costa de Marfil, Sierra Leona, Pakistán, Somalia, Siria y Burkina Faso.

En Panamá ya viven con el estatus de refugiados mil 244 personas y otras 863 dentro del estatuto humanitario provisional de protección, según los números de la Acnur (ver relacionada).

Para referirse al fenómeno, el jefe de la Acnur, Antonio Guterres, dijo la pasada semana en Ginebra –citado por EFE– que este año ha estado caracterizado de una u otra forma por una “crisis de movimientos de población”; sin embargo, advirtió que “su impacto en los pedidos de asilo presentados en los países industrializados parece haber sido hasta ahora más bajo de lo que se podía esperar y la mayor parte de las personas en fuga permaneció en los países vecinos”.

Guterres dijo estar feliz “de que los países industrializados continúen respetando el derecho de las personas en fuga a que sean examinados sus pedidos de asilo”.

Asamblea Nacional aprobó proyecto

La Asamblea aprobó la última semana de octubre, en tercer debate, el proyecto de ley 356 presentado en julio por la ministra de Gobierno, Roxana Méndez, mediante el cual se fijan los requisitos para que los extranjeros que están en el país bajo el Estatuto Humanitario Provisional de Protección puedan solicitar la residencia permanente.

Los registros del Acnur reconocen que en Panamá hay 863 personas en esa condición, la mayoría de ellas desde hace unos 15 años cuando huyeron de Colombia por el conflicto armado.

La aprobación de esta ley honra un compromiso adquirido por Panamá en 2006, en la undécima reunión de la Comisión de Vecindad Panameño-Colombiana. Ahora solo resta que el presidente, Ricardo Martinelli, la ejecute.

Entre otros aspectos, la norma abre las puertas para que los extranjeros que están bajo el referido estatuto no solo tramiten su residencia permanente en el país y con ello puedan desplazarse libremente por todo el territorio (ahora mismo están confinados en los pueblos donde fueron censados), sino que además gestionen permisos de trabajo y garanticen el sustento adecuado de sus familias, hasta ahora limitados a actividades de subsistencia.

Los trámites para la legalización de estas personas serán gratuitos y las autoridades están obligadas a realizar giras por las diferentes poblaciones de Darién donde están radicadas, a fin de agilizar los procesos. Dichos trámites incluyen la presentación de la copia simple de la cédula o pasaporte del solicitante; la certificación de la Oficina Nacional (Onpar) para la Atención de los Refugiados que los acredite como extranjeros bajo el Estatuto Humanitario Provisional de Protección; la copia simple del carné de extranjero bajo el referido estatuto expedido por la Onpar; un certificado de antecedentes penales expedido por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ); el formulario de solicitud y dos fotos tamaño carné.

RAFAEL LUNA NOGUERA

Vivir en Panamá con el estatus de refugiado

En la mayoría de los casos, las personas que viven en condición de refugiadas en Panamá se enfrentan a limitaciones económicas e incluso a discriminaciones por parte de autoridades y ciudadanos, solo por ser extranjeras.

Así concluye el último informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), de 2010, en el que se destaca, por ejemplo, que a pesar de tener los papeles que las acreditan como refugiadas desde hace varios años, muchas de estas personas no son contratadas por empresas formales y se ven obligadas a ejercer labores dentro de la llamada economía informal.

Por otra parte, como la mayoría de los refugiados son de nacionalidad colombiana, por lo general se les asocia con grupos irregulares, bandas de narcotraficantes o de contrabandistas, y a las mujeres con trabajadoras sexuales, según destaca el informe del Acnur.

En el caso de los extranjeros de nacionalidades africanas, del medio oriente u otras latitudes, se les asocia con el terrorismo, el fundamentalismo religioso o el extremismo político.

El informe también destaca lo engorroso de los trámites, y que para el momento en que fue elaborado, la situación de los 863 colombianos que viven en el país bajo el Estatuto Humanitario Provisional de Protección fue resuelta mediante ley (ver nota relacionada).

La ministra de Gobierno, Roxana Méndez, ha dicho que el Gobierno no solo trabaja para adecentar los procedimientos de legalización de estas personas, sino para capacitar al personal que debe trabajar con ellas, de modo que comprendan y respeten sus derechos.

RAFAEL LUNA NOGUERA

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