DEROGATORIA DEL ARTÍCULO 569 DEL ´CÓDIGO JUDICIAL´

Cuestionan proyecto de ley

Juristas coinciden en que sería un retroceso eliminar la potestad que tienen los jueces de dictar medidas cautelares de aseguramiento.

Un rechazo generalizado en los sectores jurídicos del país ha provocado la pretensión del Gobierno de derogar el artículo 569 del Código Judicial, inherente a las “medidas conservatorias o de protección” aplicables en los procesos civiles.

Dicha intención está consignada expresamente en un proyecto de ley presentado el pasado martes ante la Asamblea Nacional por el ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, en cuya exposición de motivos se resalta que la figura, de “naturaleza discrecional”, se ha convertido en la práctica, por su “uso excesivo”, “en una puerta abierta para la desprotección de los derechos de los demandados, que conlleva al desequilibrio de la balanza y, por ende, se aleja de mejorar el resguardo de los derechos de las partes en un determinado proceso, contrariando de forma directa el principio de igualdad procesal”.

En la exposición de motivos se reconoce que “si bien la finalidad de la medida cautelar conservatoria es garantizar la efectividad de la pretensión” de los demandantes en los procesos, su derogatoria busca “erradicar posibles prácticas que auspician que los titulares de los despachos (jueces) puedan verse influenciados por las partes demandantes para la aplicación de este tipo de cautelas”.

No obstante, juristas consultados coincidieron en que, aunque ha habido excesos en la aplicación de la medida, básicamente por el desconocimiento de su alcance, su derogatoria causaría más perjuicios que beneficios, pues afectaría directamente el sistema de aseguramiento de pretensiones y con ello la finalidad misma de los procesos.

Entre los excesos en que, de acuerdo con los juristas, se ha incurrido al invocar la aplicación del artículo 569 del Código Judicial figura el fallo dictado en junio de 2008 por el Juzgado Sexto Civil, a través del cual se obligó a los medios de comunicación a abstenerse de “favorecer, permitir o aceptar la transmisión o difusión de algún mensaje, publicación, mención, ´spot´ publicitario, cuñas pagadas en forma privada que de alguna manera adopte, use, utilice, usufructúe, reseñe, cite, haga mención en forma parcial o total (sic), utilice, grafique, distinga, o haga uso de la imagen física o personal de cualquier tipo o clase que identifique o presupueste ilustrar” a Hugo Torrijos Richa sin su autorización.

Torrijos, entonces asesor del presidente de la República, Martín Torrijos, había invocado la aplicación del código dentro de una disputa legal con pilotos de Panamá Pilots Services Corp.

En la buena práctica, sin embargo, los juristas explicaron que la figura se utiliza regularmente, por ejemplo, cuando el dueño de una sociedad se sorprende con la repentina inscripción ante el Registro Público de un acta de junta de accionistas falsa, que le remueve del control de la directiva de su empresa.

Aun cuando hay una disposición específica que permite suspender ese acto, en la práctica, para evitar que los usurpadores dilapiden los bienes de la empresa, se utiliza el mecanismo del artículo 569 del Código Judicial, para conseguir prohibiciones y suspensiones específicas, detallaron los expertos.

Atentado

Para el presidente de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Carlos Lee, la intensión del Gobierno “pone en peligro el sistema de aseguramiento de pretensiones, porque la idea de esa medida es, precisamente, que los demandantes no se vean burlados al final de un proceso judicial con un fallo a su favor, pero sin posibilidad de recuperar el patrimonio que le ha sido lesionado”.

“La medida busca garantizar a las personas que ante un fallo favorable, el demandado no haga desaparecer sus recursos y evite con ello, como se dijo, que los demandantes puedan obtener justicia. Derogar la medida atentaría contra la justicia, pues al final de un proceso judicial una demanda puede terminar siendo burlada”, indicó.

Por su parte, el exprocurador de la Nación Rogelio Cruz dijo extrañarle que la propuesta provenga del Ejecutivo y no del Órgano Judicial, y advirtió que podría haber intereses ocultos detrás de la iniciativa.

Mientras, la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Esmeralda de Troitiño opinó que el proyecto resulta “altamente peligroso”, ya que la decisión “conservatoria busca garantizar a la parte afectada las resultas de un proceso con expectativas de obtener el derecho reclamado”.

Explicó que en el caso de que se esté vendiendo una foto comprometedora para una persona, con la medida conservatoria se logra detener la venta, pero con la eliminación de esta norma no se detendría.

El diputado oficialista Hernán Delgado se sorprendió por este proyecto. “Esta ley favorece a los demandados, porque se inhabilitaría a un juez para adoptar la medida conservatoria”, dijo.

El proceso judicial del velo sobre la pared

Cuentan algunos de los juristas consultados para este trabajo, que la medida cautelar que el Gobierno pretende derogar nació en Italia hace ya varios años, a partir de una disputa legal que planteó a los jueces un reto en la resolución del conflicto.

Resulta que en un bar fue pintado un mural con cuerpos de esbeltas ninfas y rostros de artistas famosas, quienes al considerar su imagen afectada, demandaron al propietario del local.

Ante la disyuntiva de cómo proceder, pues resultaba imposible secuestrar la pared, los juzgadores se vieron en la necesidad de aplicar una medida específica para ese caso en concreto, y ordenaron colocar un velo sobre el mural mientras se desarrollaba el proceso.

En Panamá, la figura fue incorporada en el Código Judicial en 1987, debido a que los dispositivos de aseguramiento tradicionales no eran idóneos en todos los procesos. Se buscó, de acuerdo con las fuentes, darle a los jueces la facultad de adoptar medidas específicas en cada caso, aunque para poder hacerlo el peticionario de la medida debe comprobar primero lo que se conoce como la “apariencia del buen derecho”, es decir, el juez debe hacer una precalificación del derecho que la persona desea proteger antes de ordenar tal protección.

Rafael Luna Noguera

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