Juzgado absuelve a hermanos de la Guardia

La sentencia, de la juez Georgina Tuñón, difiere del fallo dictado en agosto pasado por la Sala Penal, que los condenó a 66 meses de cárcel.
Carlos de la Guardia, del grupo Adelag en diciembre de 2004, cuando se iniciaba el juicio preliminar en el juzgado Décimo Tercero del circuito penal; al lado la abogada Carmen de Flores. Carlos de la Guardia, del grupo Adelag en diciembre de 2004, cuando se iniciaba el juicio preliminar en el juzgado Décimo Tercero del circuito penal; al lado la abogada Carmen de Flores.
Carlos de la Guardia, del grupo Adelag en diciembre de 2004, cuando se iniciaba el juicio preliminar en el juzgado Décimo Tercero del circuito penal; al lado la abogada Carmen de Flores.

El Juzgado Decimoquinto Penal absolvió a los hermanos Carlos y Aquilino de la Guardia, y ordenó el levantamiento de las medidas cautelares impuestas en su contra como parte del proceso que se les seguía por la supuesta comisión de delitos contra la economía nacional, luego de la quiebra del Grupo Adelag en 2001, que dejó pérdidas por $120 millones.

El fallo, fechado el 19 de noviembre de 2012 y firmado por la juez Georgina Tuñón, difiere de otra sentencia que sobre el mismo caso dictó el 10 de agosto pasado la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Harry Díaz, la cual condenó a los hermanos de la Guardia a 66 meses de prisión y ordenó su detención de manera inmediata por la comisión de los delitos de falsedad ideológica y estafa.

Este proceso, al igual que el de la quiebra, se inició en el año 2001 tras una denuncia interpuesta por la Comisión Nacional de Valores.

En el fallo de la juez Tuñón, sin embargo, se señala que la Fiscalía Decimocuarta de Circuito no acreditó si la quiebra del Grupo Adelag fue fraudulenta o dolosa, y solo se fundamentó en la calificación de “quiebra temporal” que le dio el Juzgado Decimoséptimo de lo Civil.

“Para efecto de proceder a la declaración de responsabilidad penal por el delito de quiebra fraudulenta o dolosa, se requiere en primer lugar la declaración de quiebra y no la condicionada en calidad de por ahora, lo cual indica que es provisional o temporal”, dice el fallo.

La juez también cuestionó la idoneidad de los peritos presentados por el Ministerio Público y que se llegase a audiencia ordinaria sin tomarle declaración indagatoria al empresario Aquilino de la Guardia.

EL FALLO DE LA CORTE

En contraste con la decisión de la juez Tuñón, en la sentencia de la Sala Penal se afirmó que en el expediente había suficientes elementos probatorios de la comisión de los delitos de estafa y falsedad ideológica.

De acuerdo con el fallo -avalado por Díaz y el magistrado Alejandro Moncada, y con salvamento de Aníbal Salas-, en la investigación se acreditó que los procesados alteraron ideológicamente una serie de documentos contables y, posteriormente, los emplearon para estafar a un grupo considerable de entidades crediticias, “lo cual hace relación con el delito de falsedad”.

Asimismo, que en la investigación se probó que los acusados fingieron créditos entre empresas vinculadas que no fueron reportados en los estados financieros de las mismas, “lo cual evidencia de forma clara acciones propias de estafa”.

Al calificar estas actuaciones como propias de la “criminalidad de cuello blanco”, en el fallo se sostiene que la quiebra del Grupo Adelag afectó a 24 bancos locales, a por lo menos 80 tenedores de bonos y más de 100 acreedores comerciales.

“El desgreño administrativo mostrado en la gestión de los negocios del Grupo Adelag, ignorando las más elementales reglas del buen gobierno corporativo, constituyó en su momento uno de los escándalos más sonados del sistema financiero y bursátil panameño”, destacó.

Antes de que el caso llegara a la Sala Penal, Aquilino y Carlos de la Guardia habían sido condenados en dos instancias inferiores: en el Juzgado Decimotercero Penal, que los sentenció al pago de 25 mil dólares cada uno, en enero de 2009, y  en el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que resolvió una apelación de la defensa, que elevó el monto de la multa a 61 mil dólares cada uno y los eximió de responsabilidad por el delito de falsificación.

La Sala Penal, como se dijo, los sentenció a 66 meses de cárcel por ambos delitos.

Tras la notificación de esta última sentencia, los abogados de los empresarios recusaron al magistrado Díaz y presentaron recursos de nulidad e inconstitucionalidad contra el proceso, por lo cual éste sigue pendiente. 

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