ANÁLISIS. Mexicanos debaten opciones para afrontar el narcotráfico

¿Legalización o amnistía?

Fox propuso un ceseal fuego y el excanciller Jorge Castañeda pidió legalizar la actividad para bajar la violencia. El Go-bierno mantiene la guerra.

La discusión sobre la legalización de las drogas no es nueva. Durante las últimas décadas, expertos ligados al tema del narcotráfico y autoridades de diferentes países del mundo han planteado esa posibilidad como una forma de poner fin al flagelo.

Los resultados, empero, han sido infructuosos. Algunos países europeos y estados de Estados Unidos han aprobado legislaciones relativas al consumo y adicción de la marihuana y la heroína, pero sobre la producción, procesamiento y tráfico de sustancias ilícitas, como la cocaína, es casi inexistente la legislación a favor.

Los gobiernos del mundo centran la mayoría de sus esfuerzos y recursos en el combate al tráfico, el castigo de los involucrados y el tratamiento de los adictos, esto último en menor escala.

Pero personalidades mexicanas han puesto el debate de nuevo en el centro de la opinión pública mundial. Y no solo el debate sobre una posible legalización, sino el del establecimiento de una tregua entre el Estado y los narcocarteles como alternativa para frenar la violencia desatada desde 2007, poco después de que el actual mandatario Felipe Calderón les declarara la guerra y enviara 45 mil soldados y 20 mil policías a las zonas de mayor influencia.

Controversia

La polémica parece haber comenzado con unas declaraciones de Calderón al diario estadounidense The New York Times, publicadas entre el 15 y 16 de octubre, en las que denunció que sectores del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI) estaban dispuestos a pactar con narcos.

Un par de días más tarde, el expresidente Vicente Fox habló en el Cato Institute de Washington y propuso, para sorpresa de muchos, un cese al fuego, el inicio de un diálogo y, eventualmente, una amnistía.

Un proceso similar al ocurrido en Colombia en la década de 1980 con los líderes de los carteles de Cali y Medellín; en la década de 1990 con las FARC, y ahora con los paramilitares.

Fox planteó a Calderón retirar al ejército de las calles, porque, según su opinión, “cada día hay más violaciones a los derechos humanos”. También criticó al Gobierno de Estados Unidos, por lo que apreció como una postura tolerante frente a los narcotraficantes.

De acuerdo con el exgobernante, entre 2007 y diciembre de 2010 la guerra con los narcocarteles en México ha dejado unas 50 mil víctimas, cifra que, según la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) es de 43 mil, pero que según el presidente Calderón asciende realmente a 34 mil.

Otra visión

Por su parte, el excanciller Jorge Castañeda declaró la semana pasada en Madrid que la “única estrategia regional posible” contra el narcotráfico “es la legalización”, según reseñó la agencia de noticias EFE.

De acuerdo con la opinión del exministro, la guerra contra los narcos lo único que ha conseguido es que el problema se traslade a otros países, como Guatemala, Honduras y El Salvador, que, advirtió, tienen menos capacidad para manejarlo.

Recordó que esto último ya ocurrió en Colombia, desde donde los problemas derivados del narcotráfico se han desplazado hacia Perú.

Aunque reconoció que la legalización de las drogas no sería el remedio único para resolver el problema, dijo que al menos le arrebataría a los narcos “los enormes recursos” que poseen para “reclutar gente, comprar armas y sobornar a funcionarios”.

A su juicio, el tema de la legalización tendría que acompañarse con una estrategia de seguimiento, en la que, por ejemplo, solo habría represión contra los carteles si estos ejercieran violencia contra las personas.

Planteó la necesidad de reforzar el pie de fuerza de la policía mexicana que, dijo, apenas cuenta con unos 30 mil policías federales.

“El Gobierno declaró una guerra que no tenía que haber declarado y eso provocó la guerra entre los carteles, la guerra de los carteles contra el ejército, la guerra del ejército contra los carteles, los carteles contra la policía...”, indicó.

Sobre la alternativa expuesta por Fox de un eventual cese al fuego, Castañeda afirmó que no hay “ninguna necesidad de negociar”. El debate sigue encendido.

La política panameña

El ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, ha explicado que la política de Panamá frente al narcotráfico se centra en la represión de los grupos dedicados al ilícito.

Para ello se ha reforzado el Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio Nacional Aeronaval, el primero con la misión de poner a raya a las FARC y a los demás grupos de “bandoleros” que operan en las líneas fronterizas con Colombia y Costa Rica; y el segundo con el encargo de “administrar” las bases instaladas en puntos estratégicos del Pacífico y el Atlántico, y evitar que las drogas ingresen en el territorio.

El pasado fin de semana, Mulino dijo además que se han puesto en marcha políticas de prevención, a fin de minimizar el impacto de las narcoactividades que a pesar de los controles “pasan” y generan violencia en las principales ciudades del país.

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