NUEVO ´CÓDIGO PENAL´ HA SIDO MODIFICADO OCHO VECES EN TRES AÑOS Y MEDIO

´Reformas inadecuadas´

Tres años y medio después de su entrada en vigencia, el Código Penal ya ha sido reformado ocho veces y ordenado en dos oportunidades, mientras que en la Asamblea hay por lo menos otras 15 iniciativas para su modificación parcial.

El Código Penal comenzó a regir en mayo de 2008, exactamente un año después de la aprobación de la Ley 14 del 18 de mayo de 2007, que adoptó y dejó sin efecto la normativa que regía desde hacía 25 años.

De acuerdo con registros de la Procuraduría de la Administración, los cambios al nuevo texto penal se remontan al mismo mes de su entrada en vigencia, concretamente al 21 de mayo, cuando se aprobó la Ley 26, con la que se modificaron los artículos relacionados con los actos culposos y endurecieron las penas para los delitos de explotación sexual, violencia doméstica, posesión ilícita de armas de fuego, entre otros.

Luego, en enero de 2009, se reformaron y adoptaron nuevos artículos, a fin de aumentar las penas de prisión por la comisión de delitos contra turistas nacionales y extranjeros, por el porte de armas sin permiso y por el robo en unidades del transporte colectivo.

Diez meses más tarde, en noviembre de 2009, se incorporó en el Código la figura del concurso de delitos, que permitía hasta entonces la suma de hechos delictivos y penas de cárcel hasta por 35 años (ahora es hasta 50 años).

Además, se incluyó la reincidencia como un agravante de la pena; se aumentaron las condenas por secuestro hasta por 20 años, por hurto y apropiación de vehículos hasta por 10 años, y por robo hasta por 12 años. Al mismo tiempo, se incluyeron sanciones de 2 años de prisión para quienes lesionaran a un agente de policía en el desempeño de su labor.

En abril de 2010 se aprobó la reforma que permite ahora a las autoridades revisar los registros de antecedentes penales de las personas, reclamado por la población tras una serie de hechos criminales en los que estuvieron vinculados agentes privados de seguridad.

La quinta reforma al Código fue introducida en la llamada ley chorizo –Ley 30 de 2010–, que más tarde sería derogada tras los sucesos de Changuinola, que dejaron 2 muertos y 716 heridos.

De cualquier forma, en octubre de ese mismo año se incluyó el cambio planteado, relacionado con el endurecimiento de las penas por los delitos de “alteración o modificación de la estructura física o técnica de un medio de transporte, para destinarlo al narcotráfico o actividades relacionadas con blanqueo de capitales; falsificación al alteración de documentos de identidad; adquisición y uso de documentos de identidad alterados o falsificados; declaración falsa de cifras que no se correspondan con el dinero, valores o documentos negociados ingresados al país; y tráfico de personas”.

Mientras tanto, en enero del año pasado se tipificó el delito de desaparición forzada de personas y se modificó lo relacionado con las torturas; y en noviembre se incluyó la penalización del delito de trata de personas y actividades conexas, y algunas medidas para prevenir la victimización y revictimización, y garantizar la protección y atención de las víctimas nacionales y extranjeras de estos actos.

En estudio

Entre las iniciativas de modificación al Código destaca la más reciente, presentada en enero de este año por el ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, que pretende el endurecimiento de las penas por la comisión de delitos relacionados con drogas y sus precursores químicos; por posesión y tráfico de armas y explosivos; y por apropiación y sustracción violenta de material ilícito.

Como novedad, incluye sanciones para las líneas aéreas en las cuales sean descubiertas personas que pretendan introducir drogas en el país, de modo que estas empresas sean más severas con sus controles internos.

También elevaría hasta 12 años la pena por la posesión o porte ilícito de armas de fuego; y permitiría el decomiso inmediato del dinero, valores o documentos negociables por más de 10 mil dólares que no sean declarados por los extranjeros que visitan el país, con la consecuente deportación de estos tras el cumplimiento de la pena de prisión.

Esta iniciativa ingresó el 18 de enero de 2012 a la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos constitucionales de la Asamblea en calidad de proyecto de ley.

Además, otras siete iniciativas ya fueron prohijadas por dicha Comisión, a tres más no se les ha dado trámite y las restantes cuatro fueron devueltas o rechazadas.

Los tres anteproyectos, los siete proyectos prohijados y dos de los devueltos corresponden a iniciativas de 2011. Los otros dos devueltos, a iniciativas de 2010.

Entre las iniciativas prohijadas figuran dos para tipificar el delito de femicidio; una relacionada con el hackeo de sistemas informáticos estatales, conducta que sería penada hasta con seis años de cárcel, y uno más para incluir en el Código delitos cometidos con cheques y tarjetas de crédito y débito.

También resalta un proyecto que pretende endurecer las penas hasta con 10 años de cárcel para quienes cometan hurtos en centros educativos y otros despachos públicos, y otros dos textos relacionados con la penalización de los delitos contra el honor.

Opiniones

La exposición de motivos del anteproyecto de ley presentado en enero pasado por el ministro José Raúl Mulino recoge, de una u otra forma, el espíritu de la mayoría de las reformas e iniciativas de modificaciones al Código Penal: “Dotar a las autoridades judiciales de mecanismos legales efectivos que puedan hacer frente” al crimen organizado, cuyas actividades, admitió, han ido en aumento durante la última década, lo cual, a su vez, ha generado un incremento en los niveles de violencia y homicidios en la capital del país.

Sin embargo, la opinión de juristas coincide en que estos “mecanismos legales” no son la respuesta ni para frenar el crimen ni para resolver los problemas integrales que derivan de este.

Por ejemplo, la exmagistrada de la Sala Penal de la Corte Esmeralda de Troitiño opinó que dichas reformas son “respuestas simplistas a problemas integrales”.

“Cuando se habla de un código legal, se está en presencia de una sistematización de la materia y estas reformas muy puntuales lo que hacen es desvirtuar esa organización sistémica. Cada vez que se pretende modificar el tema penal es para aumentar las penas de prisión, pero los niveles de criminalidad siguen aumentando. Esa no es la fórmula ni la respuesta”, dijo.

La exprocuradora Ana Matilde Gómez, por su parte, reconoció que si bien el “derecho es dinámico y como ciencia social trata de dar respuesta a fenómenos sociales necesarios para la convivencia pacífica”, estos “parches” coyunturales desvirtúan el trabajo que se hizo con la reforma integral de 2008, que analizó e incluyó las tendencias mundiales y progresistas en materia de principios rectores, garantías y reglas.

A su juicio, estos cambios posteriores “lo que tratan es darle solución jurídica a situaciones políticas”.

“La ausencia de una política criminológica de Estado invita a que cada gobierno establezca medidas reactivas de represión, creyendo que estas serán efectivas para disminuir el delito; sin embargo, ha quedado demostrado una y otra vez que esa no es la respuesta”, acotó, a su vez, la directora del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá, Aida Selles de Palacios.

De acuerdo con su opinión, el que la mayoría de las reformas al Código plantee aumentos de penas, lo que hace es dejar el asunto en la mera represión y obvia la prevención a través de una política de Estado que, según insistió, es la verdadera solución.

En tanto, el catedrático Ernesto Cedeño opinó que, por lo general, estas modificaciones se concretan por reacción a eventos criminales coyunturales y en ocasiones, inclusive, por petición de terceros involucrados, con lo cual se convierten en el “reflejo de la falta de una política para la prevención del crimen”.

“Estos cambios serían inusuales si existiera un plan coherente para la prevención del delito”, señaló. “A mi juicio, no eliminarán las conductas delincuenciales mientras no se implemente una política de estimulo al cultivo de valores, que lleve al fortalecimiento de la familia. Además, se debe coordinar en mayor escala la proliferación de eventos culturales en los barrios, impulsar agresivamente el deporte en todas sus facetas y apoyar la creación de comedores comunales y los ya existentes”, acotó.

Código de consensos y controversias

El nuevo texto penal fue el resultado del trabajo de una comisión codificadora, surgida a partir de la firma del Pacto de Estado por la Justicia en 2005.

Pero para el año 2007, cuando se aprobó la nueva norma, la Alianza Ciudadana Pro Justicia, como suscriptor del pacto, criticó duramente el contenido del texto, por “no enfrentar los problemas de impunidad, mora judicial, corrupción, falta de acceso o transparencia que hicieron que la justicia panameña tocara fondo”.

La Alianza criticó la rebaja de las penas por la comisión del delito de corrupción de servidores públicos –aunque las aumentó por soborno internacional, enriquecimiento injustificado y tráfico de influencias–, y por la ambigüedad planteada en los artículos 164 y 420, relacionados con la divulgación de información política.

Los gremios periodísticos también lo cuestionaron, debido a que no despenalizó del todo los delitos contra el honor, y los dejó sujetos solo a aquellos funcionarios incluidos en el artículo 304 de la Constitución, entre estos el Presidente y Vicepresidente.

En el proyecto del nuevo código no se incluyó los delitos de explotación sexual, pero en el texto final sí. No obstante, se dejó por fuera el de proxenetismo.

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