Autoridades embera wounaan se declaran en desobediencia civil

Los congresos embera wounaan exigen que se cree una comisión de alto nivel para discutir las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, y la destitución de José Raúl Mulino y Gustavo Pérez.
Betanio Chiquidama, cacique general de la comarca Embera Wounaan, una de las ocho autoridades locales que firman el comunicado. Betanio Chiquidama, cacique general de la comarca Embera Wounaan, una de las ocho autoridades locales que firman el comunicado.
Betanio Chiquidama, cacique general de la comarca Embera Wounaan, una de las ocho autoridades locales que firman el comunicado.

Cuatro organizaciones embera wounaan se declararon “en desobediencia civil” este martes, 7 de febrero,  y anunciaron al Gobierno que se unen a la lucha del pueblo ngäbe buglé.

A través de un comunicado que lleva la firma del cacique general de la comarca Embera Wounaan, Betanio Chiquidama; del cacique general de Tierras Colectivas Embera y Wounaan; así como de otros seis altos dirigentes de los pueblos embera y wounaan, se responsabiliza al gobierno del presidente Ricardo Martinelli de lo que califican como el atentado físico y las violaciones sistemáticas de los pueblos indígenas de Panamá y solicitan la creación de una comisión al más alto nivel, mediada por las iglesias y el gobierno.

También se pide "la destitución y penalización del ministro de Seguridad [José Raúl Mulino] y del director de la Policía Nacional [Gustavo Pérez], por la muerte de nuestro hermano” Jerónimo Rodríguez Tugrí.

Rodríguez Tugrí, inicialmente identificado como Jerónimo Montezuma, falleció el pasado domingo durante los enfrentamientos que se suscitaron cuando los agentes antidisturbios despejaron la carretera Interamericana en el distrito de San Félix, provincia de Chiriquí, la cual se encontraba bloqueada desde hacía seis días en rechazo a la eliminación del artículo 5 del proyecto de ley 415 que establece el regimen minero en la comarca Ngäbe Buglé, el cual establece la eliminación de todas las concesiones mineras, metálicas y no metálicas, en áreas de la comarca, así como las concesiones hídricas.

El gobierno alega que ese artículo excede los acuerdos establecidos en febrero de 2011 cuando se consensuó el anteproyecto de ley, y asegura que el contenido del proyecto -aprobado en primer debate en la Asamblea Nacional- se apega al espíritu y letra de lo acordado, tras unos disturbios que en julio de 2010 dejaron dos muertos, centenares de heridos y millonarias pérdidas materiales.

Los embera wounaan también piden que se forme una comisión que verifique las violaciones de las leyes de las comarcas, así como la vulneración de los derechos humanos de sus pueblos. Por último, exigen el "cese de las persecuciones a sus dirigentes y autoridades tradicionales y la inmediata liberación de los dirigentes detenidos injustamente".

EXIGEN SOLUCIÓN DE CONFLICTOS TERRITORIALES

"Ricardo Martinelli ha engañado a la opinión pública, a los pueblos indígenas y en especial al pueblo ngäbe buglé, cuando en un número plural de reuniones con la dirigencia de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y el Derecho del pueblo ngäbe buglé y campesinos, él y su gobierno se comprometieron a cancelar las concesiones otorgadas y vigentes a empresas nacionales o extranjeras, para la exploración y explotación de los recursos minerales y para la construcción de proyectos hidroeléctricos dentro de la comarca Ngäbe Buglé y áreas anexas", señala el documento.

El texto del documento va más allá de unirse a la lucha de los ngäbes buglés, al señalar que además de lo anterior, sigue sin resolverse el problemas de "las invasiones de colonos en tierras y territorios de los pueblos embera y wounaan, establecidos por decretos y leyes en Sambú y Cémaco (comarca Embera); Jaqué, Río Congo, Arimae, Bajo Lepe, Aruza, Pijibasal, Piriatí, Ipetí, Maje Chiman, Platanares, Río Hondo y Majé cordillera (Tierras Colectivas), y en Madugandí, Wargandí y Guna Yala.

Aseguran que el gobierno, a través de las entidades competentes, no cumple con su deber de atender y resolver estos conflictos territoriales que han denunciado por años y que esas deficiencias administrativas han fomentado las invasiones de tierras en detrimento de los derechos de los pueblos indígenas y en violación de sus derechos humanos.

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