Berrocal: Citación a sindicalistas es producto del desaire en OTI

El dirigente del Fenasep, Alfredo Berrocal, es el segundo sindicalista citado para declarar. Asegura que en su caso, en el expediente hay nuevas pruebas producto de una inspección ocular, y que esas pruebas son extemporáneas.
Alfredo Berrocal, dirigente del Fenasep. Alfredo Berrocal, dirigente del Fenasep.
Alfredo Berrocal, dirigente del Fenasep.

Alfredo Berrocal, dirigente de la Federación Nacional de Servidores Públicos, aseguró este jueves, 21 de junio, a su llegada al Ministerio Público para declarar en un proceso sobre supuesto peculado en fondos públicos, que la citación que le hicieron "tiene que ver" con el desaire que el presidente de la República, Ricardo Martinelli, experimentó en la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, a la que asistió el pasado 12 de junio.

Berrocal  aseguró que ese rechazo que recibió –no solo de la delegación panameña sino de los representantes sindicales de los 183 países que estaban en esa conferencia- obedece a razones que el propio Presidente se ha buscado: "Irrespeto a la libertad sindical, desconocimiento de derechos fundamentales de los trabajadores panameños, el despido de trabajadores públicos a pesar de ser dirigentes sindicales, la retención de fondos que le corresponden a las organizaciones de acuerdo con la ley panameña".

NUEVAS PRUEBAS

Berrocal explicó que a su llegada al Ministerio Público se encontró con que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), a partir de una inspección ocular que mandaron a hacer a las casas de los trabajadores de la Federación aportó nuevas pruebas.

Frente a esta situación que desconocían, indica el dirigente, se acogió al artículo 25 de la Constitución y sacó copias de todas los documentos anexados al proceso para que los abogados los analicen y esperar una nueva fecha de citación.

Advirtió que estas pruebas se incluyeron extermporáneamente, y que más que un juicio con fundamento en criterios legales serios se enfrentan a una campaña retaliatoria. "[En este caso ya] hubo un sobreseimiento provisional, cuando Panamá queda en el listado de los 25 países que violan la libertad sindical se ordenó reabrir el proceso", asegura Berrocal.

Sobre las pruebas anexadas al expediente, el dirigente detalló que la inspección ocular que hizo el Mitradel tenía el propósito de indagar sobre el servicio de cable que fue contratado de manera corporativa porque salía más barato que de forma individual. "Los trabajadores se acogieron a esa propuesta y nosotros restringíamos en la fuente el salario del trabajador para pagar el servicio quincenalmente. Esa es una operación normal y corriente, que se usa antes para descontar deudas de trabajadores para pago de mueblerías y a la Caja de Ahorros", informó.

Lo han interpretado como una acción dolosa, vamos a revisar esas 49 fojas que se agregaron para ver si ha añadido algo extraordinario, agregó Berrocal.

Berrocal es el segundo dirigente sindical que ha tenido que comparecer a la Fiscalía después de su regreso de la conferencia de la OIT en Suiza. Ayer, miércoles 20 de junio, le correspondió a Mariano Mena, del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) y, ambos aseguran que se trata de una retaliación.

Berrocal y Mena señalan que todas las citaciones de los líderes sindicales son del mismo día en que se hizo el desplante al mandatario, justo en el momento en que se ofrecía su discurso como orador de fondo.

Mena también se acogió ayer al artículo 25 de la Constitución para no declarar en la Fiscalía Primera Anticorrupción. Allí dijo que aunque desconoce los pormenores del expediente, “supone” que se trata de un caso que fue sobreseído en 2010, por un supuesto delito contra la administración pública por el uso indebido de los fondos del seguro educativo, basado en una factura de productos para la celebración del 1 de mayo (Día del Trabajador) de 2006 en la que se incluye “por error” un gancho en la selección de 10 barriles de cervezas.

En 2009 el proceso fue presentado por la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Alma Cortés y un año después la misma fiscal Mercedes de Mendizábal solicitó un sobreseimiento provisional que fue admitido por el juzgado décimo donde la jueza Zaida Cárdenas, concedió el sobreseimiento, explicó Mena.

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