Dirigente indígena asegura que existe descontento por la Ley 11

El dirigente indígena Liborio Miranda dijo que existe confusión por el artículo 9 de la citada ley que establece que: “en caso de daño, afectación o traslado como consecuencia de proyectos hidroeléctricos, los afectados tendrán derecho a co
La Ley 11 del 26 de marzo de 2012 reunió lo consensuado por la Coordinadora Indígena y el Gobierno. La Ley 11 del 26 de marzo de 2012 reunió lo consensuado por la Coordinadora Indígena y el Gobierno.
La Ley 11 del 26 de marzo de 2012 reunió lo consensuado por la Coordinadora Indígena y el Gobierno.

El dirigente de la comarca Ngäbe Buglé, Liborio Miranda, manifestó este miércoles que existe un descontento entre los indígenas, a causa de la Ley 11 que prohíbe la minería y protege los recursos hídricos y naturales en esta región. 

Miranda estimó que casi un 91% de la población tiene contradicciones por lo aprobado en la Asamblea Nacional. El dirigente se refirió al artículo 9 de la citada ley que establece que: “en caso de daño, afectación o traslado como consecuencia de proyectos hidroeléctricos, los afectados tendrán derecho a compensación previa. En caso de traslado tendrán derecho a la reubicación en tierras comparables a las que ocupaban”. 

Según Miranda, el hecho de que la ley establezca que los afectados serán llevados a “tierras comparables” es motivo de confusión. 

A raíz de estos hechos, Miranda dijo que se le han hecho fuertes cuestionamientos a la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y el Derecho del Pueblo Ngäbe Büglé y Campesinos, al congreso indígena y a la cacica general Silvia Carrera. 

Recientemente, la cacica Carrera ha rendido informes a la población ngäbe sobre la ley. Carrera ha reconocido que no se logró el 100% de las aspiraciones del pueblo ngäbe, pero que se anotó un importante avance, ya que no habrá minería en la comarca y los proyectos hidroeléctricos tendrán que someterse a los congresos y autoridades indígenas. 

La Ley 11 del 26 de marzo de 2012 reunió lo consensuado por la Coordinadora Indígena y el Gobierno dentro de un diálogo que se mantuvo por varias semanas y que llevó el documento a la Asamblea Nacional, donde fue aprobada en sus tres debates el 22 de marzo.

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