CRISIS EN COLÓN

Fracasa el diálogo

Al tiempo que se incrementan las voces que piden la derogación de la Ley 72, fuerzas vivas de la provincia condicionan todo acercamiento.

en mira. La actuación de la Policía Nacional queda cuestionada por su excesivo despliegue de fuerza. LA PRENSA/Bienvenido Velasco en mira. La actuación de la Policía Nacional queda cuestionada por su excesivo despliegue de fuerza. LA PRENSA/Bienvenido Velasco
en mira. La actuación de la Policía Nacional queda cuestionada por su excesivo despliegue de fuerza. LA PRENSA/Bienvenido Velasco

El puente tendido por el Gobierno para concretar un diálogo hoy con las fuerzas vivas de Colón en torno a la Ley 72 que autoriza la venta de las tierras de la Zona Libre, fracasó.

La Cámara de Comercio de Colón y el Frente Amplio por Colón, que aglutina a sindicatos y gremios cívicos de la provincia, y que lideran un paro (hoy en su segundo día), anunciaron que no atenderán a una comisión de alto nivel designada por el Ejecutivo que iría hoy a Colón a dialogar.

Anoche, en un pronunciamiento, los sectores que integran a las fuerzas vivas de Colón condicionaron la reunión con dicha comisión a que se derogue la ley. Aún así, Luis Eduardo Camacho, secretario de Comunicación del Estado, sostuvo que la comisión se trasladará a la capital atlántica.

La huelga del comercio paralizó ayer la ciudad de Colón, medida que fue acompañada por acciones en la calle de los ciudadanos. La policía reprimió a los manifestantes con el apoyo de tropas del Servicio Nacional de Fronteras, grupo élite entrenado en combate contra irregulares colombianos y que ayer se mostró camuflado con pasamontañas y armado con fusiles de asalto. El saldo de heridos fue de al menos ocho, incluida una niña de siete años que recibió una balazo en el abdomen.

Las protestas se extendieron a la ciudad de Panamá, donde obreros del Suntracs marcharon a la Asamblea Nacional. Manifestaciones similares se dieron en Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas con la participación de indígenas ngäbe buglé.

Por otra parte, el Consejo Municipal de Colón declaró “persona no grata” al presidente de la Asamblea Nacional, Sergio Gálvez, que desde el pleno legislativo mandó a los opositores a la Ley 72 “a llorar al cementerio...”. A su vez, Gálvez reiteró ayer sus disculpas a los colonenses, pero al igual que el resto del Gobierno, se reafirmó en la postura de mantener la ley vigente.

Los disturbios en Colón, según la Cámara Marítima, han tenido efectos colaterales en el movimiento de carga a través del ferrocarril y los puertos de Manzanillo, Panamá Ports y Colón Container Terminal.

(Con información de Irene Hernández, Gustavo Aparicio y Wilfredo Jordán)

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