Gobierno dice que acuerdo con exbananeros fue producto de un consenso

El Gobierno asumirá las deudas que contrajo la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles y le otorgará a los extrabajadores títulos de propiedad sobre las tierras en las que han vivido.

La Secretaría de Comunicación del Estado informó este jueves, 19 de enero, que el acuerdo con los extrabajadores de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles (Coosemupar), fue producto de un consenso, por lo que no requiere de ningún documento que lo avale.

A través de este acuerdo el Gobierno pagará la deuda de Coosemupar en concepto de cuotas obrero patronales a la Caja de Seguro Social y otorgará a los extrabajadores títulos de propiedad sobre las tierras en las que han vivido, a través de la Autoridad Nacional de Tierras.

El comunicado de la Secretaría de Comunicación del Estado indica que tras la presentación y aprobación en Consejo de Gabinete del acuerdo entre extrabajadores, sindicalistas y representantes del Gobierno, se conformó una comisión que se encargará de darle cumplimiento a lo establecido.

La comisión será integrada por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Banco Nacional de Panamá (BNP), el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo y la Autoridad Nacional de Tierras.

Estas entidades serán las responsables de ejecutar los puntos del acuerdo. El acuerdo consiste en la cancelación de 19.5 millones de dólares que Coosemupar adeuda desde hace nueve años y que, tras la venta de las tierras, pagará la deuda por cuotas obrero patronales, cuyo monto no se ha precisado.

El Gobierno prevé que tras la cancelación de los 19.5 millones de dólares al BNP –entidad que financió la compra de las tierras a Coosemupar– y la consiguiente liberación de las 24 fincas, el Ministerio de Economía y Finanzas pondrá en venta –mediante subasta pública– unas 3 mil 500 hectáreas de tierra.

Se informó que la comisión ya está gestionando el “saneamiento de las fincas para que no haya ningún obstáculo al momento de venderlas y ha dispuesto trámites administrativos y legales que deben cumplirse para levantar una restricción de venta que tienen las tierras inscritas en el Registro Público”.

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