Hernán Delgado: 'Ley 55 obliga a los magistrados a investigar a los diputados'

El artículo 491-A de la Ley 55 señala que en caso de "imputación compleja" el plazo de la investigación podrá ser prorrogado por un mes, decisión que tomará el magistrado que ejerza funciones de juez de garantías a petición del magistrado f
Hernán Delgado, proponente de la Ley 55 de 21 de septiembre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial 27127-A del lunes 24 de septiembre. Hernán Delgado, proponente de la Ley 55 de 21 de septiembre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial 27127-A del lunes 24 de septiembre.
Hernán Delgado, proponente de la Ley 55 de 21 de septiembre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial 27127-A del lunes 24 de septiembre.

La ley No. 55, que establece un nuevo mecanismo para investigar y procesar a los diputados de la Asamblea Nacional que estén ligados a algún tipo de delito, tiene el objetivo de impulsar los procesos, obligar a los magistrados a resolverlos y, en términos generales, agilizar las investigaciones que se siguen en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Así lo manifestó el diputado del oficialista Cambio Democrático y proponente de la ley, Hernán Delgado, este martes, 25 de septiembre.

Delgado explicó en TVN Noticias que en la CSJ existen “expedientes que tienen años de estar allí y no pasa nada”, y con esta ley los magistrados de la Corte quedan obligados a dar la "iniciativa correspondiente" a los expedientes, impulsando la investigación de los diputados que sean acusados.

El artículo 491-A establece que el magistrado fiscal deberá concluir la investigación dentro de los dos meses siguiente a su inicio y podrá concluirla antes de que venza este plazo si considera que ha recogido los elementos de prueba que le permitan formular la acusación.

El artículo también señala que en caso de imputación compleja el plazo podrá ser prorrogado hasta por un mes adicional, decisión que adoptará el magistrado que ejerza funciones de juez de garantías a solicitud del magistrado fiscal.

La ley No. 55, de 21 de septiembre de 2012, fue sancionada por el presidente de la República, Ricardo Martinelli, el pasado viernes, 21 de septiembre, y es considerada por algunos sectores como un “nuevo blindaje” que revive la llamada “inmunidad” a favor de los llamados “padres de la patria”.

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