MEF quiere atraer a gestores de cobro con la nueva DGI

El proyecto de ley que presentó a la Asamblea Nacional el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no solo tiene el propósito de reincorporar a la Dirección General de Ingresos (DGI).

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El proyecto de ley que el ministro Dulcidio de la Guardia llevó a la Asamblea contempla la contratación “de gestores de cobro". El proyecto de ley que el ministro Dulcidio de la Guardia llevó a la Asamblea contempla la contratación “de gestores de cobro".
El proyecto de ley que el ministro Dulcidio de la Guardia llevó a la Asamblea contempla la contratación “de gestores de cobro".

El proyecto de ley que presentó a la Asamblea Nacional el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no solo tiene el propósito de reincorporar a la Dirección General de Ingresos (DGI), sino también abrir la puerta para contratar más gestores de cobro en los casos de morosidad. 

Actualmente, Cobranzas del Istmo goza de la exclusividad de cobrar las cuentas que el Gobierno no es capaz de recuperar. 

La empresa fue contratada en el año 2010, de forma directa, por un periodo de seis años. El proyecto de ley que el ministro Dulcidio de la Guardia llevó a la Asamblea contempla la contratación “de gestores de cobro con vasta y reconocida experiencia en los casos de morosidad que excedan de 18 meses de haberse causado”. 

En caso de que estos gestores de cobro sea una “persona jurídica”, se deberá declarar, bajo juramento, quiénes son sus accionistas o socios, y en ningún caso podrán ser personas vinculadas al servicio público en los últimos dos años. 

De la Guardia también explicó que con el proyecto se pretende “elevar” el perfil del director y subdirector de DGI. Los elegidos deben ser de nacionalidad panameña; poseer licenciatura en Economía, Contabilidad, Finanzas, Administración de Empresas o Pública o Derecho; tener 10 años de experiencia en las áreas antes mencionadas, y gozar de “solvencia moral”. 

Igualmente, se propone la creación de un “Fondo de Gestión Tributaria”, administrado por el MEF y la Contraloría General de la República, en el cual se acredita, al final de cada ejercicio fiscal, el 1% del excedente de los ingresos tributarios recaudados por la DGI sobre los ingresos tributarios recaudados el año anterior. 

Esa suma se distribuirá entre el personal, “en atención a su rendimiento y eficiencia”. La suma que reciba cada funcionario podrá alcanzar hasta el 100% de su remuneración anual. 

La norma actual ya contempla este reconocimiento económico al personal, solo que esta partida equivale al 0.5% del excedente de los ingresos tributarios recaudados y no del 1%, como propone el proyecto de ley. 

Adicional, en la actualidad, la suma que corresponde a cada funcionario no podrá exceder del 50% del total de su remuneración anual. 

Con esta norma, el Ejecutivo –por conducto del MEF– recuperó su potestad de recaudar y administrar las rentas nacionales, luego que en abril de 2013, el entonces presidente Ricardo Martinelli aprobó la creación de la Autoridad Nacional de Ingresos (Anip), una entidad autónoma que remplazó a la DGI. Como administrador designó, por un periodo de siete años, a Luis Cucalón. 

La iniciativa legislativa surge luego de que el pasado 3 de julio el pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley que creó la Anip, por considerarla violatoria de la Constitución. 

Aunque la CSJ dio a conocer su decisión, el contenido exacto del fallo todavía no se conoce, puesto que falta la firma de su ponente, Luis Ramón Fábrega.

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