Selección de ‘hoy por hoy’ escritos por Winston Robles

Winston Robles, exdirector y cofundador de La Prensa, se caracterizó por defender los principios, la verdad y la información objetiva; y elevó el “hoy por hoy” al rango de género periodístico.

Winston Robles, exdirector y cofundador de La Prensa, se caracterizó por defender los principios, la verdad y la información objetiva. Fue él quien elevó el “hoy por hoy” (nota editorial de La Prensa) al rango de un nuevo género periodístico. Sus conocimientos jurídicos, económicos y sociológicos, su dominio de la electrónica y de la mecánica, su capacidad de estar al tanto de cuanto sucedía en el país y en el mundo, respaldaron su autoridad moral, intelectual y profesional para escribirlo, especialmente durante la dictadura militar y, después del régimen, cuando a partir del 8 de enero de 1990 sale la primera edición de La Prensa en democracia.

He aquí una selección de ellos.

1998

Cuando la entonces Guardia Nacional irrumpió violentamente en la vida institucional de la República, poco había que defender. La clase política del país había desprestigiado a todos los órganos del poder público, manipulado los resultados electorales y retorcido el derecho. Por eso el golpe de Estado tuvo éxito, aunque quienes lo dieron no sabían bien qué hacer con el poder usurpado. Por supuesto, no faltaron los ‘civiles’, del más amplio espectro político, que fueron a ofrecerles consejos, agenda y justificaciones. Alguno tal vez había tropezado con algún ejemplar de los Diálogos en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, obra escrita a fines de siglo pasado por Maurice De Joly, del cual extrajo una especie de plan político maestro para dar consejos políticos a quienes tan urgidos estaban de ellos. Todo estaba allí previsto; el nacionalismo, la asamblea atomizada en microcircuitos, el endeudamiento público, la manipulación de lo que hoy denominamos organismos no gubernamentales, los medios de comunicación, el partido único y, cuando hiciera falta, también la leal oposición. Así nació el PRD y luego el FRAMPO, sin otro propósito que maquillar la dictadura con algunos cosméticos de apariencia democrática. Esa es la realidad, aunque los lobos pretendan ahora presentarse con piel de oveja. No debemos olvidar ese terrible pasado y, si lo hacemos, comprometeremos por muchas generaciones más el futuro de la República. Recordemos... para que no vuelva a suceder.

1998

Como bien han advertido algunos legisladores y políticos, el Presidente de la República no está constitucionalmente facultado para vetar total o parcialmente una reforma a la Constitución. El veto es una potestad que la Constitución otorga al Órgano Ejecutivo para que, en lugar de sancionar un proyecto de ley aprobado por la Asamblea Legislativa, lo pueda objetar total o parcialmente. Muy distinto es el caso de los actos legislativos reformatorios. La Constitución establece con toda claridad los dos procedimientos posibles para su reforma y en ninguno requiere la sanción del Ejecutivo. Una vez aprobada la reforma, el Ejecutivo está obligado a publicarla en la Gaceta Oficial como expresamente lo dispone el artículo 308 de la Constitución. No existe posibilidad de veto. En materia constitucional, la interpretación debe ser restrictiva y no caben analogías para extender facultades a situaciones a las que la norma constitucional le da distinto tratamiento. La ley y el acto legislativo son normas de valor jerárquico muy distinto y no deben confundirse. En el primer caso se trata del ejercicio de las facultades legislativas; en el segundo es el poder constituyente quien dispone y decide, sin que ninguna autoridad constituida pueda interferir en su ejercicio.

1998

Aunque hay profundas diferencias entre quienes aspiran a que en Panamá se respeten los derechos humanos fundamentales tal como son definidos en las declaraciones y tratados internacionales suscritos por nuestro país y los partidarios del oportunismo político, en ocasiones hay asuntos de gran trascendencia ante los cuales es necesario deponer las diferencias e identificarse con un propósito común. Ese es el caso de la administración de justicia. Tiene razón el Presidente de la República cuando advierte que el sistema judicial está a punto de un colapso, simplemente porque la mayor parte de los detenidos en las cárceles del país, no han sido juzgada. Así también lo percibe la mayoría ciudadana que en reiteradas encuestas de opinión pública manifiesta su escasa fe en la justicia. En parte es un problema debido a nuestra confusa y difusa legislación sustantiva y procesal, que requiere de una drástica e integral revisión, aunque algunos pretenden sustituirla con tibias reformas, como si bastara una “curita” para atender y sanar una profunda herida. La estructura misma del Órgano Judicial, del Ministerio Público, de las cárceles y de la propia Dirección Nacional de Corrección, necesitan modernización. Y, por supuesto, nada podrá lograrse si no se respeta la independencia de jueces y magistrados, sin la cual la justicia deja de existir para ser reemplazada por el tráfico de influencias, la intimidación del más fuerte o el cómodo temor reverencial. ¡Hora es de convertir el rescate de la justicia en causa común!

1998

Muchas son las acomodaticias interpretaciones que se le han dado a la norma constitucional que faculta al Órgano Ejecutivo a solicitar, y al Legislativo a conceder, facultades extraordinarias para que legisle por decreto cuando la Asamblea se encuentre en receso. Poco o ningún respeto ha merecido esa disposición. Con frecuencia las facultades extraordinarias han coexistido, en una especie de concubinato escandaloso, con sesiones extraordinarias, también convocadas por el Ejecutivo, en las cuales muy bien pudieron incluirse las materias sobre las cuales procura legislar por decreto. Peor aún, tradicionalmente se ha ignorado el mandato constitucional de someter a la consideración del Órgano Legislativo todo decreto ley que expida el Ejecutivo, para que legisle sobre la materia en la legislatura ordinaria inmediatamente siguiente a la promulgación del decreto-ley de que se trate. Ocurre que el Decreto-ley 9 del pasado mes de febrero, que reformó la ley bancaria y creó la Superintendencia de Bancos, debe ser sometido a la Asamblea, que podrá derogarlo, modificarlo o adicionarlo, según lo estime necesario, luego de escuchar las críticas que los entendidos en la materia han hecho y reiterarán si se les ofrece la oportunidad. No hacerlo, expondría ese decreto-ley a una demanda de inconstitucionalidad que, sea cual fuere su resultado, daría mucho que pensar acerca de la forma en que el Gobierno trata tan delicadas materias.

1998

La Constitución de 1972 fue un traje hecho a la medida de los militares, con el único propósito de disfrazar la naturaleza dictatorial del régimen. Había que usar nueva indumentaria y maquillaje para presentarse con apariencias de dignidad ante la comunidad internacional. Por supuesto, no pretendían lo que toda verdadera constitución procura: limitar el ejercicio del poder público, y prueba de ello, por si hiciere falta alguna, fue el malhadado artículo 277 que con nombre propio otorgó facultades ilimitadas a Omar Torrijos. Con esa única excepción, la dictadura no tomó su propia constitución muy en serio y menos aún su “brazo político”, el Partido Revolucionario Democrático (PRD). Pero las cosas han cambiado y los tiempos aconsejan hacer mayor énfasis en la democracia que en la revolución. Hay otras reglas, y la Constitución, por defectuosa que sea, tiene una que otra disposición que no se ajusta a los deseos del actual presidente de la República y, por supuesto, procura ajustarla a su capricho. Quiere ser reelegido y si la Constitución se lo impide, hará cuanto sea necesario para cambiarla, porque no acepta límites a su poder. En buena hora la oposición se ha unido para decir ¡basta! El Comité pro Democracia: No a la Reelección se ha organizado en buena hora, porque, en efecto, en un país tan pequeño como el nuestro, donde la incipiente institucionalidad aún deja mucho que desear, la reelección presidencial es la antítesis de la democracia. Al igual que los verdaderos revolucionarios en México, Panamá entera debe decir: Sufragio efectivo, no reelección.

1998

En las épocas antiguas, de las cuales poca noticia tenemos, comenzó a emerger una serie de reglas que rebasaban las rivalidades, las ambiciones individuales los egos y las pequeñas rencillas. Eran fuerzas centrífugas que amenazaban con romper el orden social que fue y es, la esencia de la sociedad humana. A través de milenios, hubo consensos que superaron la natural tendencia a la anarquía y se fueron plasmando en normas de conducta que son la esencia del derecho. Así surgieron las instituciones, que deben estar por encima de conveniencias particulares, aún cuando haya todavía quien no lo entienda o no quiera entenderlo. Por supuesto, nunca faltan quienes pretendan que el derecho debe cambiarse para servir mejor a sus intereses personales o partidistas. Lamentablemente, eso es lo que por demasiado tiempo ha ocurrido en Panamá. Si las normas no se ajustan a las ambiciones o intereses de turno, el error está en la norma, por lo cual debe ser cambiada. El Presidente de la República, aunque todavía no ha tenido el valor de confesarlo, quiere reelegirse a pesar de la disposición constitucional que lo impide, por lo cual inició y estimula un proyecto de reforma constitucional que le permitiría satisfacer su ambición. El presidente de la Asamblea Legislativa tiene similares ambiciones y, por supuesto, no quiere quedarse atrás, y si el Reglamento de la Asamblea se lo veda, presto está a reformar el Reglamento. Así, las instituciones se ajustan a los intereses de turno, hasta que llegará el día en que ya no habrá instituciones, Constitución ni leyes.

1998

La democracia, en su más pura acepción etimológica, es el poder de las mayorías, pero ese poder no puede ser irrestricto. Por eso surgió la necesidad de dar valor institucional a los derechos de las minorías y del hombre individualmente considerado. Así lo advertía Montesquieu, al observar que “el poder tiende a lo absoluto, e irá cada vez más lejos hasta que encuentre un límite”. Ese es el verdadero ejercicio democrático, de respeto a la decisión mayoritaria sin vulnerar los derechos de quienes son minoría. La intolerancia, el fanatismo y la prepotencia son esencialmente antidemocráticas, porque usualmente terminan por ser desafiadas con los mismos métodos. Por eso es lamentable que en Panamá, en el seno de algunos de los partidos de oposición, se estén cultivando los gérmenes de su propia destrucción. No importa cuántas disidencias se produzcan, siempre hay que respetar el derecho a disentir, a plantear tesis distintas y a simpatizar con diversos candidatos. Cuando la mayoría decida, hay que aceptar su dictamen, sin que eso signifique renunciar a la independencia de criterio ni al derecho a disentir. En un país que todavía paga el terrible precio de dos décadas en las que los militares usurparon el poder público, tenemos que reaprender la democracia y su auténtico significado como forma de gobierno del Estado y de las organizaciones políticas. De ello deben dar ejemplo todos los partidos, particularmente los de oposición.

1998

Muchos y complicados son los asuntos que han dividido a los panameños a través de su historia. La mayoría los ha resuelto el tiempo y el debate público, aunque otros, aún son objeto de saludable controversia cívica. Por fortuna, el Canal de Panamá ya no es tema que divida la opinión política. De una manera u otra, las naturales diferencias partidistas han cesado ante lo que todos estiman que está por encima de intereses, ideologías y gobiernos. Por ello, con rara unanimidad, se aprobó la ley por la cual se constituye y organiza la Autoridad del Canal de Panamá. Lamentablemente, esa lección que los panameños hemos aprendido para que el Canal esté siempre al servicio de todos, sin distinción alguna, otros pretenden ignorarla, como si el Canal tuviese lealtades distintas a su vocación universal. Las controversias entre las dos Chinas, son asunto chino que solo a las dos Chinas compete resolver. Algún día ese problema será solucionado con la unificación, pero el cómo y el cuándo no es cuestión que a Panamá compete decidir, por mucho que preocupe a otros países. Como lo establecen la Constitución, la ley y los tratados internacionales, el Canal debe permanecer siempre abierto al tránsito pacífico e ininterrumpido de la naves de todos los Estados del mundo, sin discriminación alguna. Ese es el servicio público internacional que cumple y debe seguir cumpliendo el Canal por encima de cualquier otra consideración.

1998

Los partidos de oposición, ocupados en rencillas de ocasión, se han dedicado a desprestigiarse mutuamente, sin poder constituir una alianza efectiva que ofrezca posibilidades reales en las próximas elecciones. Cada uno de los partidos de la oposición quiere decidir quiénes serán los candidatos en la nómina presidencial, las legislaturas, las alcaldías y las representaciones de corregimientos. Todos los esfuerzos por lograr la unidad en torno a objetivos políticos comunes, fracasa ante la omnipresencia de los egos en pugna, tal como ocurrió en las pasadas elecciones. Si todo entendimiento es imposible, porque implicaría ceder en favor de las pretensiones de otro partido, tal vez convendría más buscar candidatos fuera del seno de los partidos. Hay muchos ciudadanos de impecable trayectoria y reconocida capacidad, que no pertenecen a partido político alguno y, por tanto, bien podrían llenar el vacío que divide la oposición. Por supuesto, algunos dirán que quien no pertenezca a un partido, no tiene bandera. Todo lo contrario. Si la oposición se unifica en torno a una candidatura sin etiqueta política, ella será más representativa y tendría más posibilidades de las que podría pretender cualquier otra. Después de todo, Panamá debe contar más que los partidos, los personalismos y los pecados de soberbia. Y de eso se trata. Hay que deponer intereses, ambiciones e intransigencias, pensando solo en el futuro de la patria que legaremos a nuestros hijos.

1998

Muchos son los casos de gobernantes a quienes el poder hizo que olvidaran sus fragilidades. No hubo, no hay y no habrá nadie, por poderoso que sea, que pueda resolverlo todo y resolverlo bien. Las épocas cambian, la naturaleza de los problemas también y la receta que funcionó ayer, no necesariamente es la que se requiere mañana o pasado. Pocos son los gobernantes que advierten y aceptan esa realidad, tal vez porque sus orgullos exacerbados nublan sus juicios y perturban sus entendimientos. Atendiendo a esas y otras razones, hace más de medio siglo se dictó una casi olvidada ley que prohíbe las fotos de funcionarios en las oficinas públicas. Después de todo, los despachos gubernamentales no son salones para proclamar y exhibir el ego de los gobernantes. Si quieren hacerlo, que utilicen los recursos y las sedes de sus partidos políticos, exactamente en las mismas condiciones que podrían emplear sus opositores. Ninguno de los adversarios de la reelección podría colocar su propaganda política en los despachos oficiales ni los aspirantes a cargos de elección popular pueden colocar afiches en las oficinas públicas. Por eso y muchas otras consideraciones que la brevedad del espacio impide enumerar, bien ha hecho el Tribunal Electoral al ordenar la remoción de todas las fotos del Presidente de la República o del candidato a la Presidencia de la República son indistinguibles que profusamente decoran las oficinas gubernamentales.

1998

La historia, siempre cambiante, compleja y, a menudo, impredecible, ofrece, a pesar de todo, una que otra tendencia. Por ejemplo, bajo cualquier forma de gobierno autocracia, aristocracia o democracia los intereses inmediatos suelen prevalecer sobre las grandes metas que deben inspirar los discursos y proyectos políticos. Por fortuna, ello es así cada vez en menor grado, tal vez porque la maravillosa tecnología de la comunicación permite a los pueblos crear una especie de anticuerpos contra casi todos los trucos y engaños del ayer. La percepción de la historia se ha transformado radicalmente. Basta recordar que medio siglo atrás, la radio era un aparato de lujo que consumía enormes cantidades de energía eléctrica y generaba casi tanto calor como un horno. La única noticia que llegaba a la mayoría de las personas, venía a través de un intermediario, sospechosamente interesado en algo o en alguien... hasta que el transistor lo cambió todo. Era suficiente un pequeño radio, operado con económicas baterías, para saber lo que ocurría en el país y en el mundo. Los políticos perdieron el monopolio de la información, pero son tan lentos que todavía no se han dado cuenta. El pueblo sabe y, perdonen la redundancia, sabe que sabe. Como nunca, está consciente de su importancia y de su poder, pero las opciones que le ofrecen, no dan respuestas a sus inquietudes. Es la clase política la que se ha quedado retrasada, inmersa en grandes rencillas causadas por pequeños egos, muy distante de los grandes problemas nacionales que reclaman su urgente atención. ¡Cuánta lástima dan!

1999

Hoy se hace realidad un sueño que desde los comienzos de la República hemos compartido muchas generaciones de panameños. El Canal, aunque en Panamá y de Panamá, siempre nos fue ajeno. Era un Estado dentro de otro Estado, con leyes, instituciones y autoridades por completo distintas a las nuestras. Ya quedaron atrás los sitios vedados a los panameños, las matrículas de circulación necesarias para que pudiésemos atravesar la Zona del Canal para ir de la capital al interior y viceversa, las odiosas aduanas, las bases militares a las cuales no se podía entrar, los comisariatos y las escuelas dedicados exclusivamente a un pequeño grupo de privilegiados, las exoneraciones especiales de impuestos de importación y todos los símbolos de dominación extranjera que ultrajaban la conciencia nacional. Importantes jefes de Estado y de Gobierno, así como delegaciones de alto nivel, nos honran con su presencia para asistir a los actos con los cuales se celebra simbólicamente la transferencia del Canal a Panamá. Es un acto de justicia para nuestro país, y la ocasión merece esa distinguida concurrencia que compromete la gratitud ciudadana. También hay notorias ausencias que no han podido explicarse satisfactoriamente. Para quienes asisten, nuestra más cálida y cordial bienvenida; a los ausentes solo queda decirles que no los extrañaremos. ¡La historia los juzgará!

1999

El 20 de diciembre no solo será recordado por la invasión que liberó a Panamá del régimen más opresor y corrupto que hubo en nuestra historia. En la misma fecha, una década más tarde, comienzan las necesarias rectificaciones sobre parte de las muchas disposiciones legales que restringen la libertad de prensa y el derecho a la información. En acto solemne al cual concurrieron distinguidos representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa, del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), directores de medios de comunicación, legisladores e invitados especiales, la presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, sancionó la norma que deroga parcialmente la Ley 11 de 1978 y totalmente la 68 del mismo año. Ambas fueron impuestas por la dictadura, con el único propósito de cercenar el derecho a la libertad de prensa y a la libre expresión del pensamiento. Desde hace una década, dos gobiernos democráticamente elegidos, de signos políticos muy distintos, prometieron derogarlas, pero no lo consiguieron. Tal vez fracasaron por considerarlo en términos de todo o nada y, al final, no obtuvieron nada. En cambio, el legislador Arturo Araúz, consciente de las experiencias previas, propuso un proyecto limitado a dos de las peores leyes y logró su propósito con sorprendente unanimidad. Lo felicitamos a él, a Mireya Moscoso que lo sancionó, y a todos los que avalaron con su presencia un acto de tanta trascendencia para la libertad y la democracia en Panamá.

1999

Algunas dignidades gubernamentales tienen una importancia que trasciende los requisitos formales que la Constitución o las leyes requieren para ejercerlas. Sin que ello implique demeritar a nadie, las cualidades que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia debe reunir, deben estar muy por encima de lo que las normas consideran el mínimo indispensable para que ocupen el cargo. No se trata de un concurso de simpatías, filiaciones políticas o antecedentes ajenos a las exigencias del cargo. La Corte Suprema de Justicia tiene la gran responsabilidad de preservar el sistema institucional, orientar la administración de justicia, resolver los conflictos entre los órganos del Estado, amparar a los gobernados de los abusos de los gobernantes, y tan delicadas tareas no son fáciles de cumplir. La falta de justicia recta, oportuna y sabia, corrompe las costumbres, crea inseguridad jurídica y estimula el tráfico de influencias. Es por ello que todos tenemos el derecho a esperar y el deber de exigir que los integrantes de la Corte sean profesionales de méritos jurídicos indiscutibles y reconocidos valores éticos. En cuestión de días vence el período por el cual fueron designados dos magistrados de la Corte, cuya distinguida trayectoria e independencia debe inspirar los criterios para elegir a quienes han de sustituirlos. Mejor todavía, deben ser nombrados por un nuevo período, con la seguridad de que con ellos, la justicia estará bien servida.

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