Vásquez considera que indemnización para funcionarios debe ser retroactiva

El presidente de la Asamblea Nacional, Sergio Gálvez, impulsa una iniciativa en la cual se prohíbe a los servidores públicos ser miembros de un partido político y se establece que no podrán ser destituidos, a menos que contra ellos haya cau
Alcibiades Vásquez, diputado panameñista Alcibiades Vásquez, diputado panameñista
Alcibiades Vásquez, diputado panameñista

El diputado panameñista Alcibiades Vásquez considera que el anteproyecto de ley en donde, entre otros aspectos, se obliga a las entidades públicas a pagar una indemnización en caso de que los servidores públicos sean destituidos injustificadamente, tal como ocurre en la empresa privada, debe ser retroactivo.

De esta forma, miles de panameños destituidos podrán recibir su indemnización y no solo ahora al final de este gobierno, indicó Vásquez en TVN Noticias.

El presidente de la Asamblea Nacional, Sergio Gálvez, impulsa una iniciativa en la cual se prohíbe a los servidores públicos ser miembros de un partido político y se establece que no podrán ser destituidos, a menos que contra ellos haya causa justificada.

Gálvez ha indicado que lo que busca con la propuesta es proporcionar seguridad a los funcionarios públicos.

Por su parte, Leandro Ávila, diputado del Partido Revolucionario Democrático, dijo que "no me puedo oponer a un proyecto de ley de este tipo, pero siempre hay tener la lógica del porqué de las cosas de este momento".

"En ese proyecto de ley hay una aberración que un trabajador público para tener estabilidad no pueda pertenecer a un partido político eso es para mí inaceptable. No voy dejar de oponerme a nivel nacional si tiene que ir a todos los tribunales y si tengo que hacerlo a nivel internacional lo voy hacer", remarcó el diputado opositor.

"Usted no puede coartarle las libertades a los funcionarios públicoss como si usted fuera ciudadano de tercera o cuarta categoría hay que respetar al servicio público", añadió.

La oposición política denunció que el anteproyecto de ley, que según Gálvez busca darle estabilidad laboral a los 192 mil funcionarios, lo que pretende es “blindar” los más de 35 mil nombramientos de servidores públicos que ha hecho Cambio Democrático en tres años de gobierno.

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