'La administración tributaria está actuando fuera de la ley'

La firma Rivera, Bolívar y Castañeda, apoderados de Desarrollo Golf Coronado S.A., han anunciado que están dispuestos a recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos si el pleno de la CSJ no corrige las violaciones al debido pro
Roberto Eisenmann ha sido un duro crítico de la administración de Ricardo Martinelli. Roberto Eisenmann ha sido un duro crítico de la administración de Ricardo Martinelli.
Roberto Eisenmann ha sido un duro crítico de la administración de Ricardo Martinelli.

“La administración tributaria está actuando fuera de la ley”. Así lo aseguró este jueves, 31 de mayo, el abogado José Javier Rivera, quien lleva el caso del secuestro por parte de la Dirección General de Ingresos (DGI) a la empresa Desarrollo Golf Coronado, S.A., propiedad de Roberto Eisenmann, fundador del diario La Prensa.

Rivera, defensa de Eisenmann, dijo que se han interpuesto dos amparos de garantías constitucionales contra las dos resoluciones de la DGI, que ordenaron a Desarrollo Golf Coronado pagar 3 millones 76 mil 355 dólares y 89 centésimos, por supuestas deficiencias en declaraciones de impuestos.

Los recursos se encuentran en la Corte Suprema de Justicia y han sido repartidos al magistrado Harry Díaz, el cual no ha podido hacer nada porque no se le ha remitido el expediente del caso. Además, se presentó un recurso de apelación el pasado 17 de mayo, pero tampoco ha progresado, explicó el letrado.

A su vez, Rivera señaló en Telemetro Reporta que la investigación se llevó a cabo por tres auditores de la DGI, pero no tenían la condición de contadores públicos autorizados, por lo que la auditoría realizada a los bienes de Eisenmann “no es válida”.

Por otro lado, el abogado dijo que es importante que la comunidad empresarial tenga siempre las posibilidades de acudir a las instancias correspondientes para que los contribuyentes puedan hacer valer sus derechos.

La firma Rivera, Bolívar y Castañeda, apoderados de Desarrollo Golf Coronado S.A., han anunciado que están dispuestos a recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos si el pleno de la Corte Suprema de Justicia y el del Tribunal Administrativo Tributario no corrigen las violaciones al debido proceso en este caso.

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