La prueba sumaria es una figura ‘desfasada’, sostiene la Alianza Ciudadana

Para la Alianza Ciudadana el problema es que el documento fue aprobado de manera unánime por los diputados de todos los partidos políticos, tanto del oficialismo como de oposición.
El proyecto 131 fue aprobado en segundo debate por el pleno de la Asamblea Nacional el jueves 23 de agosto de 2012. El proyecto 131 fue aprobado en segundo debate por el pleno de la Asamblea Nacional el jueves 23 de agosto de 2012.
El proyecto 131 fue aprobado en segundo debate por el pleno de la Asamblea Nacional el jueves 23 de agosto de 2012.

La Alianza Ciudadana pro Justicia advirtió este viernes, 24 de agosto, que la prueba sumaria –que se pretende revivir mediante el proyecto 131– es una “figura desfasada, que lo único que logra es aumentar la percepción de impunidad”.  

La organización hace referencia al proyecto 131 que fue aprobado ayer en segundo debate por el pleno legislativo y que revive el requisito de presentar una prueba sumaria, por parte del demandante, para poder que se admita una denuncia contra un diputado de la República. El lunes será el tercer debate. 

Para la Alianza Ciudadana el problema es que el documento fue aprobado de manera unánime por los diputados de todos los partidos políticos, tanto del oficialismo como de oposición. 

SOBRE LA PRUEBA SUMARIA

De acuerdo con la Alianza –formada por 16 organizaciones de sectores diversos de la sociedad civil panameña–, la prueba sumaria es una prerrogativa o privilegio procesal.

El Código Judicial en su artículo 2478 establecía: “El querellante o el denunciante debe presentar la prueba del hecho sin lo cual no será admitida la prueba sumaria”. 

Sin embargo, en 2008 –con la aprobación del nuevo Código Procesal Penal Acusatorio, adoptado por la Ley 63– se eliminó la prueba sumaria, al no incluirse en la reglamentación sobre procesos especiales contra funcionarios su  presentación para demandar a diputados.

Ahora, en 2012 los diputados pretenden revivir la prueba sumaria que cubrirá con el “manto de la impunidad a los diputados nacionales y a los del Parlacen”, advirtió la organización de la sociedad civil.

Para la Alianza Ciudadana, la Asamblea Nacional “ha interpretado que la prueba sumaria es la que acredita el hecho punible y la vinculación”.

Asimismo, la organización de la sociedad civil detalló una serie de consecuencias de las prerrogativas procesales y la prueba sumaria en Panamá, entre las cuales destacó: la demora en las investigaciones, la protección de otras personas no amparadas por las normas referentes a las prerrogativas y  la percepción ciudadana de impunidad.

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