Presentan nueva ley contra la trata de personas

Esta ley sancionará con penas más altas la trata de personas, las cuales van desde 25 hasta los 30 años de cárcel, remarcó Luque, del Ministerio de Seguridad Pública.

La nueva Ley No. 79 del 1 de enero de 2012 contra la trata de personas y actividades conexas fue expuesta esta semana por Virna Luque, secretaria general del Ministerio de Seguridad Pública, en un evento organizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. 

Esta ley, que modifica el artículo 179 del Código Penal y modifica varios artículos del Código Judicial, detalló Luque, tipifica también el delito de trata de personas en todas sus modalidades, advirtió la funcionaria, tal y como está contemplado en el Protocolo de Palermo, que fue adoptado por la Organización de las Naciones en el año 2000 y que representa un marco fundamental en los esfuerzos internacionales para luchar contra la trata de seres humanos. 

La ley tiene como fin adoptar medidas para la prevención de la victimización, revictimización, protección y asistencia a los afectados y posibles víctimas de la trata de personas. 

Hasta el año pasado –señaló Luque– Panamá solamente tipificaba como delito la trata de personas con fines de explotación sexual. 

Pero una vez entrada en vigencia la ley No. 79, el 1 de enero de 2012, también enmarca otros tipos delitos como la explotación laboral, el tráfico de órganos, la servidumbre y una serie de actos que llevan a personas a ser sometidas por otras, para beneficio de un tercero. 

Esta ley sancionará con penas más altas la trata de personas, las cuales van desde 25 hasta los 30 años de cárcel, remarcó la funcionaria, “ya que es uno de los delitos más viles que atentan en contra de los derechos humanos”. 

PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA

Por su parte, Ignacio de Lucas, fiscal y coordinador del Proyecto de Red de Fiscales contra el crimen organizado en Centroamérica, dijo en la actividad que “la poca percepción de violencia extrema en Panamá es el peor indicador de que el crimen organizado está”.

De Lucas explicó que “precisamente esa percepción de que no se tiene violencia extrema, que nuestro sentido común no acepta en ningún caso, permite a esas organizaciones operar, porque lo último que quiere un grupo criminal es que se perciba su presencia”.

Según el experto, esto obligaría a destinar recursos y le dificultaría las actividades ilícitas a esas empresas criminales.

En el video que acompaña esta nota conozca más detalles sobre este tema.

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