El SALVADOR. sigue LUCHA PARA TERMINAR CON LA IMPUNIDAD DE LA MASACRE DE EL CALABOZO

30 años en busca de justicia

Los soldados del Batallón Atlacatl llegaron el 22 de agosto de 1982 al pueblo de El Calabozo y torturaron, vejaron y asesinaron al menos a 200 personas.

“Andaba por el camino llorando, iba a comer... a llorar, iba a cenar... a llorar, todos los tiempos de la comida, llorando...”, recuerda Jesús, uno de los familiares de los 200 muertos de la masacre de El Calabozo.

Este hecho es uno de los episodios más negros que dejó la guerra civil en El Salvador entre 1980 y 1992.

Hoy, 30 años después, supervivientes y allegados siguen clamando justicia al gobierno de Mauricio Funes.

MASACRE

Hacía dos años que había comenzado la guerra civil en El Salvador, entre el ejército y los guerrilleros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

En el verano de 1982, en la región septentrional de San Vicente el ejército comenzó una ofensiva al considerar que esa zona era un refugio para los guerrilleros.

Ante las noticias de un ataque armado, muchos habitantes de San Vicente decidieron escapar de sus casas y buscar refugio en otras áreas. El 22 de agosto muchas familias que huían pernoctaron en un lugar llamado El Calabozo en la ribera del río Amatitán, cuando al amanecer llegaron las tropas gubernamentales.

Entonces “el jefe de mando dio la orden de que tenían que fusilarlos y entonces allí fueron los lamentos de la pobre gente”, recuerda Felícita, una de las supervivientes.

Esta mujer salvó la vida al esconderse entre unos matorrales con uno de sus hijos.

Muchos de los cadáveres según testimonios recogidos por diferentes organismos, entre ellos Amnistía Internacional, fueron rociados con ácido y otros fueron llevados por la corriente del río.

Los responsables de esta masacre que dejó más de 200 muertos entre hombres, mujeres y niños, fueron los soldados del Batallón Atlacatl.

Hasta ese día, miembros de las fuerzas armadas gubernamentales habían llevado a cabo acciones violentas contra la población civil. Muchos de estos fueron masacres como en San Francisco Guajoyo (12 civiles muertos), Guazapa (34 civiles muertos), o el exterminio de la población civil en el cantón El Junquillo.

MEMORIA

De aquella fecha trágica para los supervivientes y los familiares de los muertos, quedan los recuerdos de escenas de dolor y desesperación. Testimonios que siguen vivos en la memoria como “si fuese ayer que ocurrió la masacre”, reconoció Esther Major, investigadora en El Salvador de Amnistía Internacional.

Estos recuerdos han empujado a los sobrevivientes y familiares a buscar justicia. Una justicia que no han logrado. Muchos de ellos no regresaron a sus casas sino hasta 1992, cuando se firmó el Acuerdo de Paz de Chapultepec el 16 de enero de 1992.

Atrás quedaban 12 años de conflicto que dejó 75 mil muertos que representaban cerca del 1.7% de la población de ese país en esos años, de los cuales cerca de 80% eran civiles.

Además, alrededor de 7 mil personas estaban desaparecidas y miles sufrían las consecuencias de heridas físicas o discapacidades por explosión de minas.

Después del conflicto se elaboró la lista de los muertos de la masacre de El Calabazo con el fin de exigir justicia por los fallecidos y llevar a los tribunales a los responsable. Tres décadas después ese anhelo sigue firme.

A lo largo de las dos últimas décadas, desde que se firmó la paz, los supervivientes y familiares “han seguido luchando para ser escuchados por las autoridades de El Salvador, los tribunales locales”, admitió Major, pero añadió que su “dolor es aún más agudo a causa de que ningún oficial ha reconocido la masacre, la tortura y la violencia sexual sufrida en El Calabozo”.

LUCHA

El 15 de marzo de 1993 la Comisión de la Verdad para El Salvador hizo público su informe sobre los sucesos de la guerra civil en ese país.

Esta comisión fue un organismo creado en los Acuerdos de Paz de Chapultepec.

Cinco días después de conocerse el contenido de la investigación de la comisión, la Asamblea Legislativa aprobó una amnistía general sobre todos los actos violentos que tuvieron lugar durante el conflicto armado.

Un año antes, los supervivientes de El Calabozo y las familias de los muertos habían comenzado una larga batalla legal que no ha terminado. En esa fecha interpusieron una demanda ante las autoridades salvadoreñas, pero el caso fue cerrado. Y después ha vuelto a ser cerrado en diversas ocasiones.

En 2006 lograron que se reabriera cuando el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos Madeleine Lagadec interpuso una demanda contra siete exmilitares del Ejército de El Salvador.

Los acusados ocupan altos puestos en la jerarquía militar del país o el cargo de diputado, como es el caso de Sigifredo Ochoa Pérez.

ESPERANZA

Tras el reconocimiento de la masacre de El Mozote por parte del Gobierno, los supervivientes esperan que ahora su caso pueda llegar a los tribunales y los culpables sean juzgados.

El 16 de enero de este año, el presidente salvadoreño Mauricio Funes pidió perdón a los familiares de las víctimas de El Mozote y anunció una reparación moral y económica para ellos, pero señaló que los responsables se encuentran amparados por la amnistía de 1993.

De momento, “ni la persona que dio la orden de fusilarlos ni los soldados que los fusilaron han sido investigados ni juzgados. Los soldados fusilaron a todos los capturados, ignorando la petición desesperada de las personas en relación a los bebés y los niños”, declaró Major.

Esta investigadora de Amnistía, también, puntualizó que hasta la fecha la respuesta del Gobierno ha sido “silencio y una puerta cerrada”, pero los sobrevivientes “están exigiendo tal como han ido exigiendo todos estos años, que el Gobierno cumpla con sus obligaciones”.

Con esta esperanza se ha celebrado el 30 aniversario de la masacre, al que acudieron cerca de 400 personas, entre ellas muchos sobrevivientes. Otros han fallecido debido a su avanzada edad, ya que algunos cuentan con más de 80 años. Como es el caso de Adriana, que según Major cuando cuenta su vivencia ese fatídico día todavía es capaz de recordar los hechos “con tanta dignidad y valentía”.

Entonces eran años de guerra y sufrimiento. Hoy son años de lucha exigiendo justicia por una masacre que sus supervivientes no olvidan.

Perdón, 20 años después

El presidente Mauricio Funes, en calidad de comandante general de las Fuerzas Armadas Salvadoreñas, pidió públicamente perdón a los familiares de las 900 víctimas que dejó la masacre de El Mozote.

Este gesto tuvo lugar durante la celebración del 20 aniversario de la Paz de Chapultepec.

Esta matanza es la suma de varias masacres cometidas por el Batallón Atlacatl, el mismo que llevó a cabo el fusilamiento de la población civil en El Calabozo, durante los días 10, 11 y 12 de diciembre 1981.

Las muertes tuvieron lugar en las aldeas de El Mozote, La Joya y Los Toriles, situadas en el departamento de Morazán.

Esta masacre salió a la luz por un artículo publicado por el diario The New York Times elaborado por el periodista Raymond Bonner con fotografías de Susan Meiselas.

Entonces, tanto el Gobierno como el Congreso de Estados Unidos, así como el Gobierno de El Salvador negaron los hechos calificando de mentira la información divulgada.

El 26 de octubre de 1990, Pedro Chicas interpuso una denuncia, ya que toda su familia fue asesinada en la matanza. Cuatro días más tarde, el Arzobispado de El Salvador interponía una petición ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por estos hechos.

En 1992 se excavaron los lugares donde se habían enterrado los cuerpos, obligando al Gobierno a admitir la existencia de la masacre.

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