COLOMBIA ENFRENTA OTRA DIFÍCIL DECISIÓN

Un marco para la paz

Los políticos que respaldan la iniciativa consideran que esta futura reforma constitucional abriría un camino que facilitaría la paz.

17 mil 472 días de conflicto armado en Colombia.

Esa es la cifra de las jornadas de violencia y lucha que sufre diariamente Colombia desde que el 27 de mayo de 1964 se crearon las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Tras casi cinco décadas, el pasado 5 de junio el Senado colombiano aprobó el penúltimo debate sobre el Marco Jurídico para la Paz.

Si este conjunto de leyes logra los votos necesarios a favor, supondrán una reforma constitucional con el fin de crear el marco legal necesario que permita iniciar negociaciones con los grupos armados.

DESCONCIERTO

En medio de las discusiones sobre el marco jurídico tanto en el Senado como entre organismos, partidos políticos y grupos sociales, se hizo público el pasado 1 de junio un comunicado de las FARC. Este documento apoyaba este grupo de leyes así como las negociaciones.

Días después este grupo guerrillero, considerado el más antiguo del planeta, desmintió su veracidad a través de la emisora Café Etéreo localizada en Estocolmo. Y confirmó que el portal de internet desde el cual se difundió fue “hackeado”.

A pesar del desconcierto de ese falso comunicado, el Senado consiguió aprobar con 13 votos a favor y uno en contra, el marco jurídico.

Durante esa sesión se especificó que los beneficios de esas “leyes transitorias” únicamente podrán tener lugar una vez que se concluya unas futuras negociaciones de paz con las FARC o con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Además según el responsable y autor de esta iniciativa, el senador Roy Barreras, el texto aprobado no permite que narcotraficantes o miembros de diferentes bandas armadas puedan ser beneficiados.

Barrera reconoció que toda persona que haya cometido delitos o crímenes ajenos al conflicto armado no podrá acogerse a estas leyes transitorias.

También se excluyó a los autores de ejecuciones extrajudiciales, empleados públicos y ex funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad que hayan acatado órdenes de las FARC o ELN para cometer delitos.

Los políticos afines al marco jurídico consideran que esta futura reforma constitucional representaría un camino que facilitaría la paz.

CRÍTICAS

El expresidente Álvaro Uribe se ha convertido en el máximo opositor al marco jurídico.

Para Uribe negociar con las FARC supondría volver a cometer los mismos errores que durante las negociaciones de paz del expresidente Andrés Pastrana en 1999.

En aquel entonces, el grupo guerrillero utilizó ese momento para fortalecerse y reorganizarse.

Por motivos diferentes, Santos tampoco quiere que se produzca el mismo error. Por ello ha declarado que para que haya una negociación tiene que haber “una manifestación real de esa voluntad” por parte de las FARC.

A esto ha añadido que “la experiencia con los procesos de paz ha sido muy negativa. La guerrilla siempre ha utilizado estos momentos para ganar tiempo y oxígeno”.

A las críticas de Uribe se han unido organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch.

El ex mandatario consideró que iniciar un proceso de negociación con los grupos armados significaría desmoralizar a las Fuerzas Armadas colombianas.

Otro punto de fricción es la posibilidad que recogen estas leyes transitorias que algunos miembros de estos grupos puedan participar en política.

Este proyecto del Marco Jurídico para la Paz contempla entre sus leyes que aquellas personas que hayan pertenecido a las FARC o ELN y que decidan desmovilizarse siempre dentro de una negociación tengan vocería política o puedan ser elegibles.

Podrían optar a estos dos supuestos siempre que no hayan participado en ningún delito de lesa humanidad o en crímenes de guerra.

A estas críticas, Santos llamó a la unidad para alcanzar una de las metas de su gobierno: la paz. Para ello el gobierno ha impulsado el marco jurídico como la herramienta legal para reformar la Constitución con el fin de iniciar diálogos con los grupos ilegales en Colombia.

De momento, el gobierno señaló que no existe ningún indicio de inicio de negociaciones. En medio de este debate, muchos analistas políticos consideran que no es el momento de sentarse con los grupos armados.

Desde el inicio de su legislatura, el mandatario reiteró en diversas ocasiones que se llegará a la paz “por la razón o por la fuerza”. Santos ha declarado que la paz es para el presidente colombiano uno de los objetivos primordiales durante su mandato.

FUTURO

Según Barreras, el marco jurídico es “una serie de leyes que tienen la característica de ser transicionales, son leyes temporales que permiten el tránsito desde el conflicto a la paz”.

El Presidente reafirmó que estas leyes no incluyen ninguna amnistía o indultos a los jefes de estos grupos y que no les permite a sus cabecillas optar a ningún puesto político como se había sugerido desde los grupos opositores.

Además, el mandatario recalcó que si se lograra la aprobación final de este grupo de leyes, representaría una solución para los desmovilizados debido a la ineficacia de la Ley Justicia y Paz ahora vigente.

De momento, es necesario para su entrada en vigor que sea aprobado en el octavo debate. Después se convertirá en ley.

Mientras tanto, el gobierno colombiano continúa su lucha armada contra los grupos ilegales, tal como lo reconoció el Presidente el pasado 6 de junio cuando informó de la desarticulación del frente 37 de las FARC. Este grupo actuaba en la zona norte del país.

El gobierno considera que contar con un marco legal desde el cual se pudiera iniciar unas negociaciones si las FARC o el ELN demostraran con hechos su intención de abandonar el conflicto, es un paso hacía la paz. Pero hasta que esto suceda, la realidad en ese país sigue siendo de enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y las guerrillas.

Unos enfrentamientos que se cobran la vida de soldados, civiles y guerrilleros desde hace 48 años y bajo el mandato de 12 presidentes.

LA JUSTICIA COLOMBIANA NO ESTÁ LISTA

La Justicia colombiana no está preparada para la desmovilización de las bandas herederas de los paramilitares, una de las mayores amenazas a la seguridad en este país, porque no hay garantías de penas por crímenes atroces ni posibilidades de reinserción, advirtió la ONG Organización International Crisis Group, especializada en el estudio de los conflictos armados.

Según esta ONG, llegaron a esta conclusión tras analizar el único caso que se ha presentado en Colombia de desmovilización masiva de una “bacrim” (acrónimo de banda criminal).

Según el informe Desmantelando los Nuevos Grupos Armados Ilegales en Colombia, al que tuvo acceso EFE, el sometimiento a la justicia en diciembre de 2011 de unos 280 miembros del Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista de Colombia (ERPAC) “corre el riesgo de pasar a la historia como un fracaso”.

La banda estuvo liderada por el narcotraficante Pedro Oliveiro Guerrero, alias Cuchillo, al que se le atribuían más de 3 mil asesinatos y estaba reclamado por EU, hasta su muerte a fines de 2010 en una operación militar.

Inmediatamente después de la entrega con armamento incluido, los desmovilizados del ERPAC quedaron en libertad salvo una veintena que tenían orden de captura.

La justicia después ordenó la captura de 51, a los que hubo que buscar “uno por uno”, una tarea “ardua” que “causó una indignación pública comprensible”, según el informe.

El pasado 30 de mayo fueron condenados 43 exintegrantes de la banda a cuatro años y medio de prisión cada uno más el pago de indemnizaciones por concierto “para delinquir”.

Precisamente el informe advierte de que los líderes del ERPAC pueden ser condenados a “penas de prisión cortas” y las “estructuras criminales y de corrupción subyacentes” permanecer “intactas”, ya que como “bacrim” no es considerada actor del conflicto armado y por tanto no se puede someter a sus miembros a la justicia transicional.

A juicio de International Crisis Group, “la falta de instrumentos para responder a sometimientos colectivos seguirá obstaculizando los esfuerzos para combatir a estos grupos, los cuales se han convertido en uno de los principales desafíos para la seguridad en Colombia”.

La directora de esta ONG para Colombia y la región andina, Silke Pfeiffer, dijo que “hay una alta probabilidad de que no se vaya a investigar y sancionar la gama completa de crímenes, que en muchos casos incluyen graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario” de estas bandas.

Asimismo, los vínculos de estas bandas con políticos, policías y militares “contribuyen a que estos grupos se puedan mantener”, por eso es importante que el sometimiento a la justicia del ERPAC sirva para “desmantelar las redes corruptas”.

Los nexos entre criminales y funcionarios del Estado son otra herencia de las AUC, que desde los años noventa del siglo pasado y hasta su desmovilización total en 2006 dominaron la política y el poder en las regiones colombianas.

Adicionalmente, el hecho de que los excombatientes que se someten a la justicia enfrenten procesos en tribunales ordinarios significa que podrían tener beneficios, “como la reducción de penas a cambio de aceptación de los cargos”.

Y al no ser considerados actores del conflicto por parte del Gobierno, que solo incluye en esta categoría a las guerrillas, pues no pueden tampoco acogerse a los programas oficiales de desarme y reinserción social, lo que “aumenta el riesgo de rearme”.

Para Pfeiffer, “es importante reconocer que estos grupos operan en un contexto de conflicto armado” y también que “un enfoque más integral y creíble constituiría una parte crucial de las garantías necesarias para posibles conversaciones de paz con las guerrillas”.

En su informe de 2011, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz determinó que estas nuevas bandas ha crecido de forma exponencial en los últimos años, con más de 10 mil integrantes que tienen presencia en 31 de los 32 departamentos de Colombia.

A finales de 2011, esta ONG indicó que las bandas con mayor presencia en Colombia eran Los Rastrojos, Los Urabeños, Las Águilas Negras y el ERPAC.

EFE

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