El siniestro, que empezó a las 2:34 a.m., consumió el caserón 7027 de la calle 9 avenida Callejón Martínez en Colón. El inquilino Alex Thompson resultó con quemaduras de tercer grado que obligaron a trasladarlo al hospital Santo Tomás para recibir atención médica

Arias informó que de manera temporal algunos damnificados habitarán en hoteles mediante alquiler social, en tanto que otros lo harán con familiares hasta que sean reubicados en proyectos habitacionales que se ejecutan en Colón.

Una de las perjudicadas, Dominga de Chavarría, señaló que el muro obstruyó una cuneta por donde corría el agua lluvia, lo que creó un lago que anegó cuatro hectáreas de arroz e impide que los vecinos de Palo Grande puedan cruzar a Orillas del Río y viceversa.

El problema convocó al Ministerio de Obras Públicas, Autoridad Nacional del Ambiente, a la gobernadora, Aixa Santamaría, y a los afectados de Orillas del Río y Palo Grande, para buscar una solución.

Urge, dijo el cacique, que las familias no dependan tanto de las donaciones que llegan, sino que sean ellas quienes produzcan su comida. Agregó que, pese a que hay productos baratos en las ferias libres, a la comarca no llegan por el alto costo del transporte.

Por ello, dijo que se promoverá entre los agricultores nativos que aumenten los espacios de cultivo de granos, tubérculos, plátanos, guineos y las legumbres más nutritivas para su gente.

Esperan semillas

A su vez, el productos Nilco Chamí, de la comunidad comarcal de Sinaí, se quejó de que a la fecha no han llegado a la comarca las semillas certificadas de plátano que el Gobierno prometió entregarles en 2011.

Hasta ahora solo han recibido 50 libras de maíz, porotos, frijoles y arroz por comunidad, pero el principal producto en las comunidades indígenas, el plátano, nunca llegó.

Dora Gutiérrez, vocera de los productores, reveló que esta solicitud la vienen haciendo desde hace cuatro años.

Gutiérrez agregó que de no recibir este apoyo del Estado la siembra de estos cultivos desaparecerá en esta región del país.

En el año 2008, las plantaciones de estos productores fueron afectadas por las inundaciones que se dieron en esta zona. Desde entonces, los agricultores no han podido salir a flote.

“Pedimos que se suspendan los trámites legales para el cobro de esta deuda”, manifestó la dirigente.

Agregó que la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional les ha presentado un anteproyecto de ley en donde se establece una moratoria de pago, así como la condonación de la deuda de quienes, en su momento, se acogieron a la Ley 24 de 2001, de apoyo a los productores.

“Esta ley a nosotros no nos va a beneficiar, porque solamente en la provincia hay 89 productores que se beneficiaron con la Ley 24”, sostuvo Gutiérrez.

Pero antes de lograrlo, se deben poner en práctica las nuevas exigencias del Ministerio de Salud (Minsa) referentes a las estructuras, equipo y capacitación del personal.

Sin embargo, el jefe de Mataderos del Minsa, Oscar Lao, dijo que la mayor parte de estos requerimientos ya fueron completados, “aunque resta por mejorar el área de sacrificio de cerdos”.

En este matadero, un total de 500 reses y 150 cerdos son sacrificados por semana, y la carne es comercializada en las carnicerías de La Chorrera.

“La certificación del Minsa permitiría el envío de carne hacia Panamá este y oeste, además de Colón y el interior del país”, reiteró Lao.

Obtener esta certificación ha costado en los dos últimos años una inversión de 400 mil dólares, aseveró por su parte el tesorero municipal, Clever Delgado.

Aun con la clasificación de local, que actualmente tiene, el matadero chorrerano dejó el año pasado a las arcas municipales una rentabilidad de 50 mil dólares.

El campamento lo ocupan 30 indígenas, en la zona montañosa de Bagama, muy cerca del sitio de las obras de la hidroeléctrica.

Llegar hasta allí toma un poco más de dos horas por senderos escabrosos, pero los indígenas que rechazan el proyecto permanecen firmes en la defensa del río Tabasará. Su olla común se compone de arroz blanco, café y plátano. Entre los que allí permanecen figura la cacica suplente Mijita Andrade, Toribio García, líder del sector de Viguí, y Celio Guerra.

García dijo que están peleando por el río sin afectar a terceros como cuando protestaron a orillas de la vía Interamericana. También denunció a la Organización de Naciones Unidas por no haber agilizado el peritaje que pudiera poner fin al proyecto de Barro Blanco.

Guerra, a su vez, anunció que las acciones contra el proyecto Barro Blanco continuarán, pese a que Silvia Carrera y la Coordinadora permanezcan en el diálogo.

La cacica suplente, Mijita Andrade, dejó claro que no sigue las directrices de la cacica Carrera, ya que ella obedece al llamado del pueblo.

Denuncian a Genisa

En tanto, la Coordinadora y la cacica Carrera denunciaron las acciones emprendidas por la empresa Generadora del Istmo S.A. (Genisa) para promover el proyecto hidroeléctrico en momentos de conflicto y discusión de la mesa técnica.

Empresa riposta

Julio Lasso Vaccaro, de Genisa, precisó que ellos se mantienen en la mesa técnica del diálogo y denunciaron la invasión de indígenas en el área del proyecto.

“Esas personas no forman parte del diálogo que hemos llevado a cabo en la Ciudad del Saber”, expresó.