En nuestro país, los pequeños productores son los que más sufren porque no tienen los recursos necesarios. Algunos de los problemas que frecuenta el sector productivo es la venta de sus rubros, el apoyo gubernamental y la especulación por intermediarios.

Aquí el productor generalmente tiende a sembrar y cosechar, y luego busca a un comprador, y mientras lo hace la cosecha se va deteriorando. El apoyo por parte del Estado es deficiente porque faltan técnicos para dar servicio de extensión, dinero, faltan programas de ayuda al productor y a su familia, así como subsidios agrícolas que disminuyan el costo de producción, con ventajas para el precio final al consumidor.

Por último tenemos la especulación por intermediarios, que es simplemente vender algo a un mayor precio de lo que debería ser. Para que un producto del área rural de un pequeño agricultor llegue al Mercado Agrícola Central pasa por varias manos: el sembrador, el intermediario que compra en la zona, el que transporta hacia la capital y por último quien lo compra en el mercado (en el peor de los casos ocurre esto).

Lo máximo que recibe el productor es la mitad del precio del intermediario, presumiendo que el negocio se haya realizado entre el agricultor y vendedor del mercado. Mientras menos coseche el productor, a mayor precio vende su cosecha. Estos problemas, sumado a los Tratados de Libre Comercio (TLC) y el Tratado de Promoción Comercial con los Estados Unidos, son una amenaza para los agricultores. No nos parece válida la tesis de importar todo y desatender al sector agropecuario.

Aquel que trae del exterior un producto puede ponerle el precio que sea, aunque con ello cause fatalidades al sector agropecuario. Renglones como la leche, papa, cebolla, arroz, maíz, entre otros, están en desventaja porque con la importación, el productor nacional cae ante los precios del importador que los puede vender a un precio más bajo.

La seguridad alimentaria es imprescindible para un país, y este no solo debe depender de las importaciones de alimentos. Ningún país debería importar productos si existe oferta nacional que cubra la demanda del mercado.

Este sistema fascista nace en Italia tras la Primera Guerra Mundial por obra de Benito Amilcare Andrea Mussolini y sus seguidores, quienes tuvieron gran influencia en el nacionalsocialismo alemán y en otros movimientos y regímenes europeos entre 1919 y 1945. Pues, el gobierno que tenemos en Panamá nace de un partido híbrido llamado Cambio Democrático (CD) y lo comanda un empresario panameño-italiano.

Los regímenes fascistas tienen un sistema donde manda una sola persona (dictador). ¿En el gobierno que tenemos hoy en día manda una sola persona? No admiten más que un solo partido, un partido jerarquizado bajo la figura del líder que se identifica con el Estado. Este gobierno no admite más que un solo partido, el CD, a los demás quieren desaparecerlos. Crean un terror permanente y continuo para eliminar físicamente a los rivales. Este gobierno aterroriza al que se le oponga en su camino.

Esta administración tiene un monopolio de propaganda en diferentes medios impresos y televisivos. Procura dominar hábilmente los nuevos medios de comunicación. Martinelli hace lo mismo, tiene dominados a varios medios de comunicación. El fascismo recluta a sus seguidores de una gran variedad de grupos políticos. Igual técnica practica este gobierno. ¿Qué más ejemplo que los tránsfugas de la Asamblea Nacional, alcaldes, representantes y otros?

Permite la liberalización de las tierras y de los bienes por parte de quien tenga dinero. Este gobierno tiene escándalos por ventas de tierras. Los fascistas tienen una doctrina, movimiento y régimen político totalitario, antiliberal, nacionalista, antisocialista, radical en su discurso y estilo. Es como si fuese una copia de lo que practica este gobierno.

¿Creen que esta administración llena todas las cualidades para entrar en el reino de los gobiernos que practican el sistema fascista?

Recuerdo algunas palabras de Ricardo Martinelli en el cierre de campaña (2009): “¿Cómo puede ser que después de todas las campañas políticas, todas las promesas hechas y todas las elecciones, aún tengamos 40% de nuestro pueblo viviendo en la pobreza?”; “¿Cómo puede ser que tengamos hoy cerca de aquí familias sin agua potable, la electricidad más cara del mundo y tengamos más delincuencia que nunca? ¡Eso no puede ser!”; “¿Cómo puede ser que los mismos políticos de siempre entren limpios... y salgan millonarios?

De acuerdo con información presentada en 1997 en la revista Neotropica, el primer derrame ocurrió en 1968 cuando un buque tanquero en la citada bahía sufrió ruptura del casco y se hundió, liberando entre 2.8 a 3.8 millones de litros de aceite diésel y combustible búnker tipo C, matando 49 hectáreas de manglar, es decir, un 4% de los manglares existentes en la bahía en ese momento.

El segundo ocurrió en 1986 cuando un tanque de reserva de la entonces Refinería Panamá colapsó, liberando al menos 8 millones de litros de petróleo crudo, eliminando 69 hectáreas de bosque de manglar, es decir, un 6% de lo contabilizado en la bahía por investigadores panameños y estadounidenses. Todavía en 2013 se observan los efectos perjudiciales de tales derrames sobre la biota de esta área, así como de derrames menores a posteriori a los ya citados.

Resulta preocupante reconocer que 11 de las 70 especies de mangle (16%) reconocidas mundialmente se encuentran en un elevado riesgo de extinción. Una de las áreas de especial preocupación son las costas caribeñas y pacíficas de América Central, donde un 40% de las especies allí inventariadas está en riesgo de desaparecer en los próximos 20 años.

A pesar de representar solo el 0.4% de la superficie boscosa en pie a nivel mundial, los manglares proveen por lo menos 1.6 millardo de dólares cada año en servicios ambientales a la población de nuestro planeta (ej. filtración de sedimentos, contención de basura orgánica e inorgánica que de otra forma iría directo al mar), al mismo tiempo que sustentan la vida de infinidad de comunidades costeras en todo el mundo, en especial las dedicadas a la pesca artesanal y al turismo a pequeña escala.

Los bosques de mangle son sumideros altamente eficientes para capturar carbono y reducir el calentamiento global: lo hacen a un ritmo al menos seis veces superior por hectárea que los bosques tropicales lluviosos primarios. Para la industria pesquera de nuestro país, su propia existencia y rentabilidad actual y futura depende de bosques de mangles saludables y extensos en los golfos de Chiriquí y Panamá, dado que la gran mayoría de especies comerciales, como el pargo, la corvina, camarones rojos y blancos, al igual que almejas, longorones y demás bivalvos y univalvos, cumple su ciclo biológico más importante (el de la crianza) dentro de los manglares. Se estima que una hectárea de manglar le representa a la industria pesquera panameña más de 500 mil dólares en ingresos.

Pero el común de la gente se preguntará, aún hoy, por qué razón ciertos sectores de la sociedad panameña todavía insisten en salvar los manglares si no son más que áreas insalubres, pantanosas, llenas de mosquitos y punto de entrada para actividades del narcotráfico. ¿No sería mejor opción el sanearlas e incorporarlas al pujante desarrollo nacional mediante rellenos, carreteras, urbanizaciones y centros comerciales?

La respuesta es sencilla: los manglares son nuestros principales aliados naturales para mitigar los efectos del cambio climático en las zonas más vulnerables del planeta: las costas tropicales.

Para “sacarle el jugo” a los metros cuadrados de la propiedad, a los cinco pisos construidos para centro comercial y oficinas se le agregaron tres y se transformó en fábrica de ropa y textiles. Lo que sucedía en esa trampa de muerte que albergaba a más de tres mil trabajadores ($38 al mes y otros con menos), es apenas una muestra de la codicia ¿humana? que deja mil 127 muertos y 2 mil 500 rescatados vivos, de los que aún no hay datos sobre mutilaciones u otras secuelas.

En “el país de Bengala” los índices de pobreza son altos; el 90% de la mano de obra lo aportan mujeres; más de las tres cuartas partes de los ingresos de exportación proceden de la industria textil; la mano de obra barata e impuestos bajos lo convierten en sitio ideal para empresas transnacionales; el margen de ganancia es grande gracias a la explotación despiadada de los obreros, lo que sucede, principalmente, en el sudeste asiático; América Latina también aporta su cuota.

De cuando en cuando, con mucha pompa y discursos, los gobiernos, ONG y empresarios se reúnen para discutir sobre el trabajo esclavo, pero casi nada cambia porque a las empresas les sobra dinero para “salpicar” generosamente a las autoridades que les permiten operar legalmente (e ilegalmente).

La mañana del 24 de abril, los obreros no querían entrar al edificio; pisos y paredes estaban rajados. La noticia se publicó en los medios el día anterior; no sería extraño que los hayan acusado de enemigos del gobierno y de la empresa privada (como sucede acá en Panamá). Con megáfono los jefes anunciaban que el edificio aguantaría 100 años más, que si no entraban no se les pagaría y hasta fueron amenazados con palos. Esclavos de la necesidad, de la subsistencia básica, entraron. A las 9:00 de la mañana el edificio colapsó.

Cuando de entre los escombros se retiraban cadáveres y algunos sobrevivientes, a las autoridades, que no habían hecho nada sobre las violaciones denunciadas (cualquier parecido con Anam y los humedales o con abusivos cambios de zonificación del Miviot no son coincidencia), no les quedó más remedio que ir a detener a los culpables. ¿Por qué no actuaron antes? Porque “Poderoso caballero es don Dinero”.

En 2011, sindicatos de Bangladesh asesorados por sindicatos extranjeros propusieron un sistema de inspecciones no controlado por el gobierno. Wal-Mart, una de las empresas más grandes del mundo, fue una de las que objetó los $500 mil anuales que le costaría. ¿La vida humana no justificaba el gasto? El gobierno, callado. Esta catástrofe no es la primera que ocurre en Bangladesh; en 2005 otro edificio se desplomó y causó 64 muertes; anteriormente, en un incendio murieron 100 trabajadores atrapados por puertas cerradas o bloqueadas.

Artículos “de marca” que se lucen con satisfacción se fabrican en regiones del mundo donde los salarios de miseria garantizan ventas con precios exorbitantes. La cadena española El Corte Inglés negó en principio que algunos de sus productos se confeccionaban en el Rana Plaza, pero las etiquetas encontradas entre los escombros mostraron lo contrario. Esta tragedia ha ventilado algunos nombres cuya inmensa riqueza aparece en la lista Forbes, entre ellos Amancio Ortega, español propietario de Inditex (Zara) con fortuna estimada en $37,500 millones; el hombre más rico de España sube dos puestos en la lista respecto al año pasado y se coloca de quinto entre los más ricos del mundo.

Pero a Inditex (Zara) se le acusó en Argentina de operar clandestinamente a través de la “tercerización” con infames condiciones de trabajo, sin seguridad social; en Brasil la empresa fue obligada a una inversión social de 1.4 millón de euros para subsanar denuncias sobre trabajo subcontratado en condiciones análogas a la esclavitud.

A pesar de la crisis que atraviesa el país, el número de españoles en la lista Forbes 2012 aumentó de 14 a 16 respecto al año anterior; el segundo español más rico es Isak Andic, propietario de Mango (cliente en Bangladesh). Marcas deportivas (Nike, Adidas, Reebok, Fila, Puma y otras) han sido acusadas de usar mano de obra esclava, incluso infantil. La explotación humana es el rostro feo de algunas marcas exclusivas, de “caché” en la moda, el deporte, la tecnología, y hasta en artículos y productos “baratieri” deja ganancia.

La mano de obra esclava necesita de pueblos sin educación; de funcionarios tan corruptos y tan codiciosos como los inescrupulosos empresarios que explotan las necesidades de los pobres. ¿Conclusión?  La educación es el arma que derrotaría el trabajo esclavo. Pero he allí el problema. Para los explotadores la educación no es buena inversión. Un pueblo educado no se dejaría explotar.

Actualmente presenciamos una realidad que se asemeja mucho a una telenovela política, con rasgos dramáticos, con constantes revelaciones de increíbles casos de corrupción en las que aparecen siempre nuevos personajes con gran peso político. Estos últimos episodios anuncian un final que esperemos no sea trágico para las instituciones democráticas del país. Esta telenovela que dura ya 10 años se centra en el matrimonio Kirchner y en su desenfrenada lucha por más poder, por amasar más dinero, por más impunidad.

El nuevo proyecto de ley mal llamado “democratización de la justicia”, que acaba de ser aprobado por ambas cámaras, tiene como única meta asegurar a la Presidenta y su entorno la obediencia de los jueces, modificando la elección de los integrantes del Consejo de la Magistratura y limitando el recurso de los amparos, que es un instrumento judicial importantísimo para la defensa de los ciudadanos frente a los desbordes del Estado. Es decir que sin jueces independientes ni justicia autónoma será casi imposible juzgar las complejas tramas de cartelización, evasión, cobro de comisiones, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito por parte de altos funcionarios, según constan en infinidad de denuncias que se han acumulado en los últimos años y que nunca, nunca tuvieron andamiento legal.

Esta terrible reforma judicial fue criticada últimamente hasta por las Naciones Unidas a través de la relatora brasileña Gabriela Knaul, que señala que “la disposición sobre la elección partidaria de los miembros del Consejo de la Magistratura en Argentina es contraria al artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura”.

De esta reforma usufructuarían entonces de impunidad absoluta en primer lugar el fallecido expresidente Néstor Kirchner y la actual presidenta Cristina Fernández, siguiendo luego en la cadena el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, investigado actualmente por enriquecimiento ilícito y malversación de caudales públicos, así como ministros, altos funcionarios, senadores y diputados.

Esta reforma de la justicia condenaría a la Argentina a que siga el rumbo de Venezuela y a años y años de dictadura lumpen bajo la fórmula de políticos impresentables. Pero veamos ahora algunas cifras para ver cómo fue saqueado el país por la cúpula kirchnerista. El periódico La Nación de Buenos Aires ha hecho el cálculo del crecimiento del patrimonio del matrimonio Kirchner, desde que el difunto expresidente llegara al poder en mayo de 2003. Este pasa de 1 millón y medio de dólares a los 18 millones de dólares en 2011, es decir que el aumento superó el 1000%.

Este crecimiento se explica a través de una serie de negocios turbios, de comisiones en el otorgamiento de grandes proyectos nacionales, de la participación ilegal en grandes empresas a través de testaferros, etc., etc. Uno de los casos más conocidos últimamente es el del testaferro y amigo íntimo de Néstor Kirchner, Lázaro Báez, que está actualmente inculpado ante la justicia por graves delitos económicos, entre ellos lavado de dinero por sumas multimillonarias.

El matrimonio Kirchner se caracterizó siempre por una enfermiza fiebre en la acumulación de dinero y poder porque para la pareja presidencial dinero es poder. Es sabido que Néstor Kirchner empezó su carrera como abogado de la nada y con el beneplácito de la dictadura militar argentina. Actuó fundamentalmente como usurero en temas de hipotecas de personas que se encontraban en difíciles situaciones económicas, quedándose al final con sus propiedades. Así fue acumulando dinero y poder a través de los años y como recientemente lo reconoce el exvicegobernador de Santa Cruz Eduardo Arnold, examigo y confidente, “Néstor tenía un extraño fetiche con el dinero, le gustaba tocarlo, contarlo y verlo en forma física una y otra vez”.

También su exsecretaria Miriam Quiroga acaba de confirmar otro hecho propio de un Macondo argentino, y es que la pareja presidencial ha hecho construir en su lujosa residencia en la Patagonia, en el Calafate, una sofisticada bóveda debajo de su jardín parque, con la más moderna tecnología y seguridad, donde el expresidente bajaba, no bien podía, a contar su dinero, hecho que le producía enorme satisfacción. Los testimonios de esta realidad son cada vez mayores.

Estamos entonces frente a un Harpagon argentino digno de la pieza teatral de Moliere. Esta obsesión por el dinero y el poder la comparte la Presidenta, que además tiene la fijación de querer controlar absolutamente todo, y su incesante búsqueda del control de la justicia es, sin duda, debido a su temor que pueda suceder en la Argentina la misma lógica de países democráticos y que la expondrían a una serie interminable de juicios políticos que bien podrían culminar con su destitución. Una justicia independiente sería lo mismo que un suicidio político para ella.